Tras el inicio de la agresión armada a gran escala de la Federación de Rusia contra Ucrania, más de cuatro millones de ciudadanos ucranianos han obtenido el derecho de residencia en los Estados miembros de la Unión Europea al amparo del régimen de protección temporal. España ha sido uno de los países que ha garantizado la aplicación efectiva de este mecanismo, proporcionando acceso a un estatuto jurídico, al mercado laboral y a los principales derechos sociales. Sin embargo, una vez superada la fase inicial de emergencia humanitaria, los principales desafíos se centran en la regularización de la situación administrativa, la consolidación de un proyecto migratorio estable, el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico y la integración en el Estado de Derecho español. Conversamos con Natalia Fursenko, doctora en Derecho, especialista en Derecho Internacional Público, Derecho Europeo de Extranjería y Derechos Humanos, así como profesora universitaria, sobre las cuestiones jurídicas que actualmente afectan a la comunidad ucraniana en España.
Pregunta. Transcurridos varios años desde el inicio de la guerra, ¿cuáles son hoy los principales retos jurídicos para los ciudadanos ucranianos en España?
Natalia Fursenko: En la primera etapa, el objetivo prioritario era obtener un estatuto jurídico mediante el régimen de protección temporal. Actualmente, los desafíos son distintos: determinar la base jurídica para una residencia de larga duración, modificar la situación administrativa, obtener autorizaciones de residencia y trabajo, ejercer actividades económicas por cuenta propia, homologar titulaciones extranjeras y tramitar procedimientos de reagrupación familiar.
La experiencia demuestra que una integración efectiva resulta imposible sin comprender el ordenamiento jurídico español, el funcionamiento del Derecho de extranjería y los mecanismos de tutela administrativa y jurisdiccional de los derechos.
Pregunta. ¿Qué errores observa con mayor frecuencia en los procedimientos administrativos?
Natalia Fursenko: El problema más habitual consiste en fundamentar decisiones jurídicas sobre información no contrastada difundida a través de redes sociales o canales informales. La normativa española y europea en materia de extranjería evoluciona de forma constante, al igual que la doctrina administrativa y la jurisprudencia.
Una estrategia jurídica incorrecta o la falta de asesoramiento especializado pueden ocasionar la pérdida de plazos procedimentales, resoluciones administrativas desfavorables o retrasos significativos en los procesos de regularización.
Por ello, cada expediente requiere un análisis jurídico individualizado, atendiendo a sus circunstancias fácticas y al marco normativo aplicable.
Pregunta. ¿Cómo valora la política jurídica desarrollada por España respecto de los ciudadanos ucranianos?
Natalia Fursenko: España ha demostrado una aplicación eficaz de los instrumentos europeos de protección temporal, garantizando el acceso al mercado laboral, a la asistencia sanitaria, al sistema educativo y a diversas medidas de protección social.
No obstante, el siguiente reto consiste en consolidar mecanismos jurídicos que permitan una integración estable de aquellas personas que objetivamente no pueden regresar a su país de origen en condiciones de seguridad. Ello implica reforzar los principios de seguridad jurídica, igualdad ante la ley y protección efectiva de los derechos fundamentales.
Pregunta. Usted combina la actividad académica con el ejercicio profesional de la abogacía. ¿Cómo se complementan ambas facetas?
Natalia Fursenko: La investigación científica permite analizar la evolución del Derecho internacional, europeo y nacional, así como la interpretación jurisprudencial de las normas y la aparición de nuevos criterios jurídicos.
Por otra parte, el ejercicio profesional evidencia las dificultades reales que surgen en la aplicación práctica del Derecho dentro de los procedimientos administrativos. La combinación de ambas perspectivas posibilita diseñar estrategias jurídicas sólidas y ofrecer soluciones eficaces adaptadas a cada caso concreto.
Pregunta. ¿Qué procedimientos generan actualmente un mayor número de consultas?
Natalia Fursenko: Principalmente, los relacionados con la modificación del régimen de residencia, la obtención de autorizaciones de residencia y trabajo, la adquisición de la nacionalidad española, la reagrupación familiar, la protección jurídica de menores, el reconocimiento y homologación de títulos académicos extranjeros, así como el asesoramiento integral en procedimientos administrativos ante las autoridades competentes.
Es importante señalar que cada expediente presenta circunstancias jurídicamente relevantes propias, por lo que no existen soluciones universales en materia de Derecho de extranjería.
Pregunta. ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a quienes han tenido que reconstruir su vida en España?
Natalia Fursenko: El Derecho constituye uno de los principales instrumentos de integración social. Conocer los derechos, obligaciones y mecanismos legales previstos por el ordenamiento jurídico permite reducir riesgos jurídicos, garantizar la seguridad de la situación administrativa y ejercer de forma efectiva los derechos reconocidos por la legislación.
Un asesoramiento jurídico cualificado no solo representa un medio de protección frente a posibles vulneraciones de derechos, sino también una garantía para construir un proyecto de vida estable y jurídicamente seguro en el Estado de acogida