- En plena crisis migratoria en Ceuta, en el primer Consejo de Ministros tras el verano, el Gobierno plantea adoptar la normativa española más al Pacto Europeo de Migraciones, mas restrictivo con la llegada de inmigrantes.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de una nueva Ley de Asilo y ha iniciado los trámites para realizar una amplia reforma de la Ley de Extranjería para, entre otras cuestiones, introducir "un procedimiento acelerado" para que el plazo máximo de las solicitudes de protección internacional sea de 12 semanas. Según los datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, en la actualiza dicho trámite puede llegar a prolongarse hasta los 18 meses.
Durante el procedimiento, "en determinados supuestos de aplicación obligatoria" que no se han detallado, los interesados deberán "permanecer en instalaciones policiales a disposición de las autoridades españolas". La medida se aplicará como "cautela antes de que se autorice la entrada formal al país" y que "facilita su retorno en caso de denegación", una de mas medidas polémicas de este texto que podría generar privación de libertad a estas personas.
según ha explicado Marlaska, los reglamentos europeos derivados de aquel Pacto son de aplicación directa, pero "dejan abiertas posibilidades de regulación o graduaciones". Por ello, se implementa una "nueva regulación teniendo en cuenta la nueva realidad migratoria para ser más efectivos", pero a la vez con "un enfoque absolutamente garantista y de protección de los derechos humanos de aquellos solicitantes de protección internacional".
En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el primero tras las vacaciones de agosto el Ejecutivo socialista ha anunciado que va a impulsar la reforma de la Ley de Asilo y la de Extranjería para hacer frente a la "nueva realidad migratoria", en un momento en el que el país vecino no cesa en su empeño de adueñarse de las "ciudades ocupadas" de Ceuta y Melilla.
Como ya comentábamos este lunes en un reportaje realizado con Isabel Valriberas, decana del Colegio de Abogados de Ceuta, la situación en la ciudad autónoma es compleja. Laa reformas que el Gobierno plantea son para dotar de más seguridad a las fronteras del a ciudad y para agilizar los expedientes de inmigración, dos cuestiones comentada por la decana en sus declaraciones a este medio. Habrá que estar pendiente al texto que se tramite en el Parlamento y a sus enmiendas.
Los expertos consultados por ese medio subrayan que la idea de la reforma es reducir plazos y tiempos y acelerar esos procedimientos. Ahora como reclamaba Isabel Valriberas, decana del ICA de Ceuta, estos juristas reclaman más medios materiales y humanos para agilizar los miles de expedientes de extranjería que hay que resolver en los próximos días. Con la reforma se acortan los plazos y se pretende agilizar estos procesos que en muchas ocasiones se eternizan
Hay que ver ese texto
Al mismo tiempo, estos jurista prefieren ver el texto ya publicado para poder dar una opinión más jurídica de estos cambios normativos. Eso sí, advierten de las carencias y lagunas legales de las actuales normativas, esta reforma la planea Interior para cumplir este Pacto Europeo, pero sobre el Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones es la autoría de la polémica reforma del reglamento de extranjería, con una ejecución muy mejorable según nos indican. El mencionado Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entró en vigor en junio y que tiene como finalidad poner coto a la inmigración masiva que sufre el Viejo Continente.
La nueva ley de asilo modificará cuestiones "procedimentales" y permitirá aligerar tiempos a la hora de aprobar o denegar solicitudes de asilo, pero "en modo alguno genera la no tramitación de ningún expediente de protección internacional". Según ha explicado Interior, la intención es responder mejor al aumento de solicitudes, pasando de 3.000 en 2009 a 167.000 en 2024 y 144.000 en 2025.
El nuevo sistema de protección será "más ágil, eficaz, ordenado y garantista". Se presta especial atención a las personas vulnerables, a los menores y a la reunificación familiar. Esta norma de asilo incorpora "realidades" que ya se tenían en cuenta en la práctica, como la persecución por género, identidad de género y discapacidad.
La futura ley distingue entre el "procedimiento ordinario de examen" y otro "acelerado", que tiene que estar resuelto en un plazo máximo de tres meses.
También se fija el "procedimiento en frontera", de aplicación obligatoria en determinados supuestos, con un plazo máximo de resolución de 12 semanas, durante las cuales el solicitante de protección estará "a disposición de las autoridades españolas". Se aplica antes de que se autorice la entrada formal en el país y "facilita su retorno en caso de denegación de la petición de protección internacional".
Reforma de extranjería: un "triaje
En cuanto a la ley de extranjería, Marlaska ha explicado que la reforma incorpora la figura del "triaje", el proceso de recogida de información de los extranjeros que han entrado irregularmente, sin pasar por los controles fronterizos. El triaje incluye un reconocimiento médico, un examen de vulnerabilidad, la identificación, la toma de datos biométricos, una inspección de seguridad y la derivación al procedimiento adecuado en cada uno de los supuestos.
El triaje es obligatorio para los Estados miembros, y aunque el reglamento europeo fija un plazo de hasta siete días, en España seguirá siendo de 72 horas, prorrogables solo por decisión judicial, para así "limitar al mínimo imprescindible el tiempo que el extranjero deba permanecer en instalaciones policiales habilitadas".
Sobre el retorno de los migrantes a sus países de origen, ha explicado que el proceso llevará como máximo 12 semanas.
La reforma impulsada por el Ejecutivo incluye los preceptos del pacto europeo sobre migración “que impiden la entrada en territorio nacional de aquellas personas que llegan de manera irregular a nuestras fronteras”, ha incidido Marlaska..
Al mismo tiempo, el ministro ha subrayado el “enfoque garantista” con respecto a los derechos humanos de los anteproyectos elaborados y ha asegurado que el Gobierno está trabajando con la Fiscalía de Sala de Delitos de Odio para actuar contra los “grupos de extrema derecha” con discursos racistas y xenófobos.
Las normas se aprueban en primera vuelta, por lo cual ahora deben recibir los dictámenes de órganos como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial. Tras ello, llegarán a las Cortes como proyecto de ley. Marlaska ha confiado en que esto ocurra "a la mayor brevedad".
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