Noelia Liduina Rebón Rodríguez
Por Noelia Liduina Rebón Rodríguez
El colectivo autónomo exige respuestas normativas ante una creciente inseguridad jurídica
La manifestación celebrada el pasado 31 de mayo de 2026 constituye uno de los mayores actos de reivindicación protagonizados por trabajadores autónomos en los últimos años. Convocada por la Confederación Empresarial de Profesionales Autónomos (CEPA), liderada por Daniel Vosseler, la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N y diversas organizaciones representativas del trabajo por cuenta propia, la movilización ha puesto de manifiesto el creciente malestar existente en un sector que considera insuficiente la protección jurídica y económica que actualmente le dispensa el ordenamiento jurídico español.
La protesta, desarrollada simultáneamente en veintidós provincias españolas, tuvo una especial repercusión en Barcelona, donde cientos de trabajadores autónomos recorrieron el centro de la ciudad bajo el lema «Por una legislación propia, por una voz propia». La marcha partió de los Jardinets de Gràcia, continuó por Pau Claris y la Via Laietana y finalizó en la Plaça de Sant Jaume, convirtiéndose en un escaparate de las principales reivindicaciones del colectivo.
Durante el recorrido pudieron verse pancartas con mensajes como «Autónomos al límite», «Autónomos asfixiados» o «Menos impuestos y más ayudas», reflejo de la preocupación existente entre numerosos profesionales que consideran que el actual marco normativo, fiscal y administrativo dificulta gravemente el desarrollo de sus actividades económicas.
Más allá de la dimensión social de la protesta, las reivindicaciones formuladas plantean cuestiones de indudable relevancia jurídica, al afectar directamente a principios constitucionales esenciales como la seguridad jurídica (artículo 9.3 CE), la igualdad ante la ley (artículo 14 CE), la capacidad económica como fundamento del sistema tributario (artículo 31.1 CE), el derecho al trabajo (artículo 35 CE), la libertad de empresa (artículo 38 CE) y el mandato constitucional de promover el progreso económico y social recogido en el artículo 40 de la Constitución Española.
Las reivindicaciones del colectivo se centran, fundamentalmente, en la necesidad de que el sistema tributario y de Seguridad Social respete de forma efectiva el principio de capacidad económica y garantice unas condiciones que permitan el desarrollo sostenible de la actividad por cuenta propia. La movilización pone de relieve una cuestión de fondo: si el marco normativo vigente responde adecuadamente a las necesidades reales de más de tres millones de trabajadores autónomos que constituyen una pieza esencial de la economía española.
CEPA: una organización representativa del trabajo autónomo
La Confederación Empresarial de Profesionales Autónomos (CEPA) es una asociación profesional independiente y sin ánimo de lucro constituida al amparo de la normativa reguladora del derecho de asociación y del trabajo autónomo. Su finalidad es representar, defender y promover los intereses económicos, sociales y profesionales de las personas trabajadoras autónomas y de los profesionales vinculados al trabajo por cuenta propia.
Desde su creación, CEPA ha desarrollado una intensa labor de representación institucional y defensa del colectivo, participando activamente en el debate público sobre fiscalidad, cotizaciones sociales, simplificación administrativa y reconocimiento jurídico de los autónomos como uno de los principales motores económicos del país.
La organización sostiene que el trabajo autónomo requiere un tratamiento normativo diferenciado que tenga en cuenta las particularidades de quienes asumen personalmente los riesgos económicos de una actividad empresarial o profesional. En este sentido, defiende la necesidad de avanzar hacia una legislación específica que garantice una protección efectiva de sus derechos y una regulación más adaptada a la realidad económica contemporánea.
Durante las movilizaciones, CEPA reclamó la aprobación de una normativa específica para autónomos y pequeñas empresas, inspirada en modelos existentes en otros Estados miembros de la Unión Europea, así como una profunda revisión del sistema fiscal y administrativo que afecta al colectivo.
El Estatuto del Trabajo Autónomo: una norma que requiere actualización
La Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, supuso un hito en el reconocimiento jurídico de este colectivo. Por primera vez se configuró un marco regulador propio para quienes desarrollan una actividad económica de forma habitual, personal, directa y por cuenta propia.
Sin embargo, casi veinte años después de su aprobación, numerosos profesionales consideran que la norma no ha evolucionado al mismo ritmo que las profundas transformaciones económicas, tecnológicas y laborales experimentadas por la sociedad española.
La digitalización de la economía, la expansión de las plataformas digitales, el auge de los servicios profesionales prestados en línea, la internacionalización de los negocios y el incremento constante de obligaciones administrativas han generado nuevos desafíos que exigen una revisión profunda del marco regulatorio vigente.
Merece una especial atención la situación jurídica de los denominados autónomos societarios. Aunque el artículo 1.2.c) del Estatuto del Trabajo Autónomo incluye expresamente a quienes ejercen funciones de dirección y gerencia en sociedades mercantiles capitalistas, durante años han existido interpretaciones restrictivas respecto a determinados beneficios e incentivos.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha contribuido a clarificar esta cuestión, reconociendo progresivamente una mayor equiparación de derechos entre autónomos individuales y societarios. Especial relevancia tuvo la Sentencia del Tribunal Supremo 1669/2019, que reconoció el acceso de los autónomos societarios a determinados incentivos vinculados al fomento del empleo autónomo.
Igualmente, la regulación del Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente (TRADE), prevista en el artículo 11 de la Ley 20/2007, requiere una actualización que permita afrontar los desafíos derivados de la economía digital y evitar situaciones de fraude asociadas a la figura del denominado falso autónomo.
La presión normativa y el principio de proporcionalidad
Uno de los aspectos más reiteradamente denunciados por el colectivo es la acumulación progresiva de obligaciones fiscales, laborales y administrativas.
La implantación de nuevas obligaciones de comunicación electrónica, facturación digital, registros documentales y procedimientos de control administrativo responde a objetivos legítimos de transparencia y lucha contra el fraude. Sin embargo, numerosos autónomos consideran que la intensidad de estas exigencias ha generado una carga burocrática difícilmente asumible para pequeños negocios y profesionales independientes.
Desde una perspectiva jurídica, este debate debe analizarse a la luz del principio de proporcionalidad, ampliamente reconocido por la jurisprudencia constitucional y europea. Toda medida restrictiva o gravosa debe ser adecuada para alcanzar la finalidad perseguida, necesaria para conseguir dicho objetivo y proporcionada en relación con los costes que genera para los ciudadanos.
Cuando el cumplimiento de obligaciones formales consume una parte significativa de los recursos económicos y temporales de los autónomos, resulta legítimo cuestionar si el equilibrio entre control administrativo y libertad económica se mantiene dentro de parámetros razonables.
Asimismo, el incumplimiento de determinadas obligaciones formales puede dar lugar a importantes sanciones administrativas, lo que incrementa la sensación de inseguridad y vulnerabilidad jurídica de muchos pequeños empresarios y profesionales.
La seguridad jurídica como reivindicación central
La seguridad jurídica constituye probablemente la reivindicación transversal que mejor sintetiza el malestar expresado durante las movilizaciones.
El artículo 9.3 de la Constitución Española exige que las normas sean previsibles, claras y estables. Sin embargo, la constante modificación de la normativa fiscal, laboral y de Seguridad Social genera una incertidumbre que dificulta la planificación económica y empresarial.
Especial controversia ha suscitado históricamente el concepto de «habitualidad» exigido para la inclusión en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Ante la ausencia de una definición legal precisa, han sido los tribunales quienes han tenido que delimitar progresivamente su alcance, generando una litigiosidad que evidencia la necesidad de una mayor claridad normativa.
La seguridad jurídica no constituye únicamente una garantía formal para los ciudadanos; representa también una condición indispensable para fomentar la inversión, la creación de empleo y el desarrollo de proyectos empresariales sostenibles.
Cotización, capacidad económica y sostenibilidad del sistema
Otro de los ejes fundamentales del debate gira en torno al actual sistema de cotización basado en los rendimientos reales.
La reforma impulsada mediante el Real Decreto-ley 13/2022 pretendía adaptar las cotizaciones a la capacidad económica efectiva de cada trabajador autónomo, en consonancia con el principio constitucional recogido en el artículo 31.1 de la Constitución Española.
No obstante, diversos sectores del colectivo consideran que el nuevo sistema sigue planteando dificultades relacionadas con la previsibilidad de las cuotas, la complejidad de las regularizaciones posteriores y la incertidumbre derivada de la evolución real de los ingresos.
El principal reto regulatorio consiste en compatibilizar adecuadamente la sostenibilidad financiera del sistema público de Seguridad Social con la protección efectiva de los trabajadores autónomos y la viabilidad económica de sus actividades profesionales.
La llamada de atención de la Unión Europea: el incumplimiento de las Directivas sobre el IVA
A las reivindicaciones tradicionales en materia de cotización y simplificación administrativa se suma una cuestión de extraordinaria relevancia jurídica: la decisión de la Comisión Europea de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber transpuesto al ordenamiento jurídico nacional dos Directivas fundamentales en materia de IVA.
La primera de ellas es la Directiva (UE) 2020/285, destinada a establecer un régimen simplificado para las pequeñas y medianas empresas. Su finalidad es reducir los costes de cumplimiento tributario, disminuir las distorsiones de la competencia en el mercado interior, reducir los efectos negativos derivados de determinados umbrales fiscales y facilitar tanto el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de las pymes como las tareas de control de las administraciones tributarias.
España ha manifestado que no tiene intención de aplicar determinadas exenciones internas previstas en la Directiva, al tratarse de una opción facultativa para los Estados miembros. Sin embargo, la Comisión Europea considera que ello no exime al Estado español de transponer aquellas disposiciones que permiten a las pequeñas empresas establecidas en España acogerse a los regímenes simplificados existentes en otros países de la Unión Europea. Para ello, resulta imprescindible que dichas empresas puedan registrarse previamente ante las autoridades tributarias españolas conforme a los mecanismos previstos en la normativa europea.
La segunda norma afectada es la Directiva (UE) 2022/542, que introduce modificaciones en relación con determinados tipos de IVA, el lugar de prestación de servicios transmitidos por vía electrónica o virtual y el régimen especial aplicable a bienes de ocasión, obras de arte, antigüedades y objetos de colección.
La Comisión Europea ha advertido de que la falta de transposición de estas disposiciones puede generar situaciones de doble imposición o incluso de ausencia de tributación en determinadas operaciones transfronterizas, al ser España el único Estado miembro que todavía no ha incorporado plenamente estas normas a su ordenamiento jurídico.
Especial preocupación genera el hecho de que todos los Estados miembros debían haber adaptado su legislación antes del 31 de diciembre de 2024. Tras el envío de cartas de emplazamiento en enero de 2025 y de dictámenes motivados en julio del mismo año, España continuó sin comunicar la transposición de ambas Directivas, lo que ha llevado a la Comisión a presentar recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea solicitando la imposición de sanciones económicas.
Desde la perspectiva de los trabajadores autónomos y de las pequeñas empresas, esta situación constituye un ejemplo paradigmático de los problemas de adaptación normativa que afectan a la competitividad, la seguridad jurídica y la simplificación administrativa. La plena incorporación de estas Directivas podría facilitar el desarrollo de actividades transfronterizas y reducir determinadas cargas burocráticas que actualmente soportan miles de pequeños empresarios y profesionales españoles.
El apoyo de la sociedad civil y La Hora Vikinga
Las movilizaciones del 31 de mayo también contaron con el respaldo de La Hora Vikinga, un programa matinal de radio emitido por RCE que, con el paso del tiempo, ha evolucionado hasta convertirse en un espacio de referencia para el análisis y el debate de la actualidad política, económica, jurídica y social.
El programa nació a finales de 2024 por iniciativa de un grupo de profesionales, juristas y economistas comprometidos con la creación de un foro de reflexión independiente, abierto a la pluralidad de opiniones y alejado de los planteamientos partidistas tradicionales.
Desde entonces, se ha consolidado como un espacio de análisis crítico que aborda cuestiones de interés público, prestando especial atención a la situación de los trabajadores autónomos, las pequeñas y medianas empresas y las clases medias.
A través de entrevistas, tertulias y espacios de opinión, La Hora Vikinga ha contribuido a visibilizar los desafíos que afrontan amplios sectores productivos de la sociedad, consolidándose como un espacio de participación ciudadana y reflexión sobre algunos de los principales retos económicos, sociales e institucionales que afronta la sociedad contemporánea.
Las denuncias del colectivo: «asfixia económica» y falta de reconocimiento institucional
Durante la manifestación, el presidente de CEPA, el abogado Daniel Vosseler, denunció públicamente una situación de «asfixia y olvido» que, a su juicio, hace cada vez más difícil el desarrollo de la actividad empresarial en España.
Según manifestó ante los medios de comunicación, los problemas del colectivo abarcan ámbitos laborales, fiscales y burocráticos, a los que se suma una creciente sensación de precariedad y falta de reconocimiento institucional.
Vosseler advirtió asimismo de que esta situación afecta especialmente al comercio de proximidad, a los pequeños empresarios y a las clases medias, pilares fundamentales de la economía productiva.
Entre las principales reivindicaciones formuladas por los convocantes destacan la reducción de la presión fiscal, la simplificación administrativa, el fortalecimiento de la protección social de los autónomos, la modernización del sistema de cotización y la aprobación de una legislación específica para autónomos y pequeñas empresas, inspirada en modelos existentes en otros Estados miembros de la Unión Europea.
Hacia un nuevo pacto jurídico para los autónomos
Las movilizaciones del 31 de mayo ponen de manifiesto la necesidad de abrir una reflexión profunda sobre el presente y el futuro del trabajo autónomo en España.
Los trabajadores autónomos constituyen uno de los pilares esenciales del tejido productivo nacional y desempeñan un papel decisivo en la generación de empleo, riqueza e innovación. Sin embargo, la relevancia económica y social de su contribución no siempre encuentra un reflejo equivalente en el grado de protección jurídica, reconocimiento institucional y seguridad normativa que reciben.
En este contexto, resulta imprescindible avanzar hacia un marco regulatorio más estable, coherente y adaptado a las transformaciones económicas y tecnológicas del siglo XXI. Una regulación clara, proporcionada y respetuosa con los principios constitucionales de seguridad jurídica, capacidad económica y libertad de empresa no solo contribuiría a reforzar la confianza de los profesionales autónomos, sino que también favorecería el emprendimiento, la inversión y el crecimiento económico.
En definitiva, las movilizaciones del 31 de mayo de 2026 no deben interpretarse únicamente como una protesta sectorial, sino como una llamada de atención sobre la necesidad de reforzar la seguridad jurídica, la libertad económica y la protección efectiva de quienes contribuyen diariamente al sostenimiento del tejido productivo español. El futuro del trabajo autónomo dependerá, en gran medida, de la capacidad del legislador para articular un marco normativo que combine sostenibilidad, competitividad, simplificación administrativa y justicia social.
La reciente decisión de la Comisión Europea de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la falta de transposición de Directivas destinadas a simplificar las obligaciones en materia de IVA para pequeñas empresas constituye un ejemplo paradigmático de la necesidad de modernizar el marco regulatorio y reforzar la seguridad jurídica de autónomos y pymes, garantizando una plena adaptación del ordenamiento español al Derecho de la Unión Europea. Solo así será posible garantizar que el trabajo autónomo continúe siendo una opción profesional viable y un motor esencial de prosperidad, empleo y cohesión social.
