Javier Araúz de Robles. Abogado del estado excedente. ARAUZ DE ROBLES, ABOGADOS.
Algo está fallando en nuestra sociedad cuando la política deja de proteger valores tan básicos como el derecho a un empleo digno, a una vida estable y a unas mínimas condiciones de seguridad personal, laboral y familiar.
La precariedad no es una palabra abstracta. Tiene rostro, consecuencias y víctimas. Genera incertidumbre, ansiedad, sufrimiento, vulnerabilidad y pérdida de calidad de vida. Condiciona el presente de las personas, pero también su futuro y el de sus familias. Por eso, ninguna sociedad avanzada debería resignarse a normalizar situaciones prolongadas de precariedad cuando existen instrumentos jurídicos y políticos para corregirlas.
Hay dos realidades recientes que, aunque distintas, comparten una misma raíz: la necesidad de proteger la dignidad de quienes llevan años formando parte de nuestro país o sosteniendo sus servicios públicos. Me refiero, por un lado, a los extranjeros con arraigo en España, que han sufrido situaciones prolongadas de abuso en su contratación laboral y, por otro, a los empleados públicos temporales e interinos que tienen “arraigo” en las Administraciones españolas, pues han dedicado buena parte de su vida profesional a atender las necesidades de los ciudadanos, y que también han sufrido situaciones prolongadas de abuso en la contratación temporal.
Ambos colectivos reclaman, en esencia, algo profundamente razonable: que se reconozca su realidad, su contribución y su derecho a no vivir instalados permanentemente en la incertidumbre. En un caso, mediante permisos y vías de regularización que permitan desarrollar una vida digna; en el otro, mediante soluciones de estabilidad que pongan fin a una temporalidad abusiva incompatible con el Derecho de la Unión Europea y el permitan desarrollar también una vida digna.
No se trata de conceder privilegios. Se trata de evitar que la precariedad se convierta en una forma estructural de organización social y laboral. Mantener durante años a personas arraigadas en España sin una respuesta administrativa adecuada, o a empleados públicos desempeñando funciones estructurales sin una mínima estabilidad, supone aceptar una situación difícilmente compatible con los principios de justicia, dignidad y buena administración.
Una contradicción que perjudica a los interinos
Y aquí aparece una contradicción difícil de ignorar. Se exige paciencia, sacrificio e incertidumbre a quienes trabajan, viven o sostienen servicios públicos en condiciones precarias, mientras una parte de la clase política parece dedicar más energía a garantizar su propia permanencia que a resolver los problemas reales de los ciudadanos. La política ha olvidado demasiadas veces que gobernar no es conservar el poder, sino proteger la dignidad de las personas.
La dignidad humana debe estar por encima del cálculo electoral, de la disciplina de partido y de la comodidad institucional. Sin embargo, demasiadas decisiones se aplazan, se bloquean o se diluyen porque resultan incómodas. Cuando la precariedad afecta a cientos de miles de familias, mirar hacia otro lado deja de ser prudencia política y pasa a ser una forma de abandono y de incumplimiento de sus obligaciones por nuestros gobernantes.
España, además, no puede olvidar que forma parte de la Unión Europea y que esa pertenencia implica obligaciones jurídicas concretas. En los últimos años, muchos avances en materia de protección de derechos han llegado impulsados por Europa: desde la defensa de consumidores frente a abusos bancarios, hasta la reducción de determinadas discriminaciones laborales. Esta realidad debería llevarnos a una reflexión incómoda: ¿por qué tantas veces ha tenido que ser el Derecho europeo quien recuerde a España la necesidad de proteger mejor a sus ciudadanos?
El caso de los empleados públicos temporales es especialmente significativo. Durante años, miles de interinos han sostenido servicios esenciales, han acreditado capacidad y mérito en el desempeño diario de sus funciones y han ocupado necesidades permanentes de las Administraciones. Sin embargo, en demasiadas ocasiones han sido tratados como una solución provisional indefinidamente prorrogada, sin que se les reconozca una estabilidad acorde con la realidad de su trabajo y con las exigencias derivadas de la jurisprudencia europea.
El Gobierno no puede beneficiarse durante años del trabajo de una persona y después presentar esa relación como si hubiera sido meramente accidental. Si una necesidad es estructural, la respuesta también debe ser estructural. Y si ha existido abuso o fraude, debe existir una reparación efectiva, proporcionada y disuasoria. Esa es, precisamente, la lógica que viene recordando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La misma reflexión puede trasladarse, con sus propias particularidades, a los extranjeros que llevan años arraigados en España y forman parte de nuestra realidad social, laboral y económica. La dignidad no puede quedar atrapada en expedientes eternos, bloqueos administrativos o debates políticos que olvidan que detrás de cada caso hay personas, familias y proyectos de vida.
La cuestión de fondo es sencilla: una sociedad no se mide solo por sus discursos, sino por la forma en que trata a quienes se encuentran en una posición más vulnerable. Y en este punto, España tiene todavía una asignatura pendiente. No basta con proclamar derechos; hay que hacerlos efectivos. No basta con hablar de justicia social; hay que aplicarla cuando resulta incómoda. No basta con invocar Europa; hay que cumplir sus exigencias.
Basta ya de convertir la precariedad en una herramienta de gestión. Basta ya de pedir resignación a quienes llevan años esperando una solución justa. La dignidad de la persona no puede depender del calendario electoral, ni de la comodidad de los partidos.
Ha llegado el momento de dejar de normalizar lo excepcional. De asumir que la estabilidad, la seguridad jurídica y el trabajo digno no son concesiones graciosas, sino condiciones básicas y derechos en una democracia avanzada.
Y de recordar que el poder público tan solo tiene sentido cuando sirve a los ciudadanos, especialmente a quienes más necesitan ser protegidos.
