El próximo 14 de abril de 2026, a las 9:30 de la mañana, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictará sentencia en el conocido “Caso Obadal”, un procedimiento que ha pasado de ser la historia individual de una trabajadora temporal a convertirse en el asunto más relevante sobre abuso de temporalidad en el empleo público español. La resolución puede marcar un antes y un después, como señalan desde FijezaYa, para cientos de miles de empleados públicos en situación de abuso, y llega en un momento en el que la Comisión Europea ya ha sancionado a España por incumplir sus compromisos de reducción de temporalidad. Fijeza ya ha publicado un especial sobre el Caso Obadal que resumimos a continuación.
Un caso individual que se convirtió en un símbolo colectivo
El nombre “Obadal” —asignado por el TJUE al asunto C‑418/24— procede de un litigio iniciado por una trabajadora que acumulaba años de nombramientos temporales. Su recorrido administrativo y judicial terminó elevándose al tribunal europeo cuando el Tribunal Supremo español, en mayo de 2024, reconoció sus dudas sobre si la figura del indefinido no fijo cumple realmente con la Directiva 1999/70/CE.
Ese auto del Supremo fue decisivo: paralizó el procedimiento y trasladó a Europa la pregunta clave que miles de interinos llevan años formulando sin respuesta efectiva.
El núcleo del debate: ¿España incumple la Directiva europea?
El TJUE debe pronunciarse sobre si el sistema español —basado en procesos de estabilización, concursos restringidos y la figura del indefinido no fijo— constituye una respuesta eficaz y disuasoria frente al abuso de temporalidad.
El Abogado General del TJUE, Rimvydas Norkus, ya adelantó en octubre de 2025 una posición contundente: las medidas españolas no cumplen la Directiva y la Ley 20/2021 no ofrece una reparación adecuada.
Una metáfora que explica el problema: el castillo de arena prestado
El documento del caso utiliza una imagen muy gráfica para explicar el abuso de temporalidad: un niño construye cada día un castillo de arena que siempre es destruido al final de la jornada. El esfuerzo es real, la responsabilidad también, pero la estabilidad nunca llega.
Esa metáfora resume la situación de miles de interinos que encadenan años de servicio sin consolidación real.
Dimensión europea: sanciones, fondos y presión institucional
El problema ya no es solo jurídico. La Comisión Europea ha vinculado la reducción de la temporalidad al acceso a fondos del Plan de Recuperación. La ineficacia de las medidas españolas ha provocado la retención de 626,6 millones de euros, según la Decisión C(2025) 4643.
Además, varias formaciones políticas han presentado enmiendas para reconocer la fijeza como sanción, mientras plataformas ciudadanas reclaman medidas alineadas con el Derecho de la Unión: fijeza directa, indemnizaciones disuasorias y paralización de ceses.
Cronología del Caso Obadal: de Madrid a Luxemburgo
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Octubre 2021: primera demanda en Madrid tras cinco años de temporalidad.
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30 mayo 2024: el Tribunal Supremo eleva cuestión prejudicial al TJUE.
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13 junio 2024: el TJUE registra el asunto como C‑418/24 “Obadal”.
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24 junio 2025: vista oral ante la Gran Sala en Estrasburgo.
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9 octubre 2025: el Abogado General publica conclusiones demoledoras contra la Ley 20/2021.
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14 abril 2026: fecha prevista para la sentencia.
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29 abril 2026: convocada una concentración frente al Congreso para exigir el cumplimiento del fallo.
Lo que está en juego
El TJUE debe decidir si España ha incumplido de forma estructural la Directiva 1999/70/CE y, sobre todo, qué consecuencias deben aplicarse cuando existe abuso de temporalidad.
La sentencia puede afectar a:
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la interpretación futura de la figura del indefinido no fijo,
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la validez de los procesos de estabilización,
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el derecho a la fijeza como sanción,
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las indemnizaciones disuasorias,
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y la situación de cientos de miles de empleados públicos.
El documento lo resume con claridad: “Lo que se examina aquí puede marcar el futuro del colectivo”.
Un caso que trasciende lo jurídico
El Caso Obadal ha dejado de ser un expediente técnico para convertirse en un símbolo de la lucha contra la precariedad estructural en el sector público. La sentencia del 14 de abril no solo resolverá un litigio: puede redefinir la relación entre España y el Derecho europeo en materia de empleo público.