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La detención preventiva es, sin duda, una de las restricciones más severas al derecho fundamental de la libertad personal (artículo 17 de la Constitución Española). Recientemente, la Secretaría de Estado de Seguridad ha publicado la Instrucción 10/2025, una norma que actualiza el «Procedimiento Integral de la Detención Policial» y que busca blindar el sistema de garantías en las comisarías y cuarteles de toda España.

Esta actualización no es un mero trámite administrativo; responde a la necesidad de alinear la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la jurisprudencia más reciente del Tribunal Constitucional y los estándares internacionales (ONU y Convenio Europeo de Derechos Humanos).

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