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Bufete Buades, en el marco de la iniciativa “Nos queda la palabra”, celebró el miércoles 16 de marzo en la Cámara de Comercio de Mallorca una jornada sobre Compliance bajo el título "Cuando el administrador debe responder penalmente por los delitos de sus empleados", con el objetivo de ayudar a resolver las dudas existentes en este ámbito, junto a RSM Spain.  El evento concluyó con la celebración de un cóctel en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Mallorca para todos sus asistentes.

Tras la rueda de prensa previa, dio comienzo el evento a cargo de los ponentes de la jornada: Joan Buades (Director de Bufete Buades), el fiscal anticorrupción de Baleares Pedro Horrach, Llorenç Salvà (abogado penalista de Bufete Buades), Julio Capilla (Director de RSM Spain),  y Mario Cepero (socio de RSM Spain).

Joan Buades explicó que “quienes nos dedicamos al asesoramiento empresarial debemos conocer cómo esta criminalización no sólo afecta a Sociedades Limitadas o Sociedades Anónimas, sino también a partidos políticos, sindicatos y otras entidades”. El director de Bufete Buades agradeció la presencia del fiscal Pedro Horrach, a pesar de su apretada agenda y también tuvo unas palabras para el presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Roses por colaborar activamente en la impecable organización del evento.

“Es vital que la empresa tenga una cultura del cumplimiento normativo mediante la implantación de medidas de responsabilidad que eviten en lo posible que sus empleados delincan. Al final se trata de establecer mecanismos que controlen que se cumpla una ética empresarial contraria a la comisión de delitos” indicaba Joan Buades.

Por su parte, el fiscal anticorrupción de Baleares hizo especial hincapié durante su intervención en una recomendación a los asistentes, más de un centenar de empresarios y directivos baleares en su mayoría: “Aconsejo a las empresas que destinen recursos para prevenir y evitar daños reputacionales cuando son investigadas judicialmente".

"Es vital que la empresa tenga unacultura del cumplimiento normativo mediante la implantación de medidas de responsabilidad que eviten en lo posible que sus empleados delincan"

A día de hoy, muchas empresas en Baleares no tienen implantado ningún programa de cumplimiento normativo para la prevención de riesgos penales de sus administradores. En este sentido y refiriéndose a la legislación actual, Horrach señaló que “se incluye dentro de la responsabilidad penal a las administraciones públicas, pero no así al sector instrumental de las administraciones, como por ejemplo es el caso de las fundaciones, y eso debería cambiar a la mayor brevedad posible". De hecho, los protocolos de cumplimiento de la legalidad se deberían trasladar también a la Administración Pública, según Horrach.

Fiscal Horrach Bufete Buades

Vigilen bien al departamento que dentro de su empresa tiene una vinculación directa con la Administración Pública y su contratación. Ahí es donde estriba uno de los mayores riesgos de delito”, sentenció el fiscal.

Por su parte, el abogado penalista Llorenç Salvà apuntó en su intervención que “no existe obligación de implantación de modelos de prevención de delitos en la empresa, pero eso no significa que no sea recomendable ser más competitivos con la prevención penal empresarial para evitar las posteriores consecuencias legales negativas”. Salvà también indicó que es falso que sean numerosos los instrumentos jurídicos internacionales que demandan una respuesta penal clara para las personas jurídicas, aunque se está empezando a demostrar un esfuerzo normativo para que esto cambie y afirmó que la evolución de la legislación en materia de Compliance es imparable.

Otorgar premios a las empresas que cumplen

"No existe obligación de implantación de modelos de prevención de delitos en la empresa, pero eso no significa que no sea recomendable para evitar las posteriores consecuencias legales negativas"

Los programas de Compliance buscan evitar el delito de las personas físicas; si pese a todo, el delito se comete, el valor del programa se manifestará permitiendo exonerar a la empresa de responsabilidad penal.

Respecto a esto el fiscal anticorrupción señaló que “la cultura del cumplimiento normativo no sólo se consigue con el castigo. Es mucho más eficaz otorgar premios a las empresas que sí que cumplen con la legalidad vigente, como por ejemplo mediante ventajas fiscales. Hay que favorecer una cultura del respeto a la norma jurídica.”

Implantación de medidas que eviten que los empleados delincan

En cuanto a la aplicación de los programas de Compliance en las empresas, Mario Cepero, socio de RSM Spain sostuvo que en España el 80% de pymes no tienen aplicado un programa de Compliance, lo que resulta “alarmante” si se tiene en cuenta que un 97% de las empresas de este país son PYMES.

En este aspecto, tanto el propio Cepero como Julio Capilla, director de RSM Spain, coincidieron en advertir que no es posible generar un único modelo de Compliance genérico, sino que “cada programa debe estar adaptado a los riesgos propios de la empresa, de lo contrario no servirá para detectarlos ni para poder mejorar en base a ellos”.




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