En vísperas del periodo vacacional de agosto, es el momento de hacer balance sobre distintas cuestiones de interés. Uno de los asuntos más relevantes de estos últimos años es la situación del millón de interinos del sector público en fraude de ley.
En un momento de impass donde los expertos desconocen si la UE dará otra prórroga a nuestro Gobierno para resolver esta problemática y cuál es el estado de los procedimientos de infracción abiertos contra nuestro país, lo que sí es evidente es que la temporalidad en nuestro país sigue siendo muy elevada, por encima del 8% que la Comisión Europea permite.
Sobre las cifras, se barajan distintas cantidades. En el caso de Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, impulsor junto a UGT y CCOO de la ley 20/2021 para regular la temporalidad que el TJUE ha indicado que es insuficiente para resolver el problema de los interinos hablan de una temporalidad del 27%, donde señala que las CCAA l recortaron 42.400 empleos con la llegada del verano, al contrario de lo que ocurre en el sector privado con una temporalidad que se sitúa en menos de la mitad de la registrada en nuestras administraciones.
Según nos comentan, la pérdida de empleos se produce fundamentalmente en los sectores de Educación (tras el término del curso escolar) y en la Sanidad, lo que motiva el cierre de camas, suspensión o aplazamiento de intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticos, o el cierre de centros sanitarios por las tardes, con la llegada del periodo estival. A nivel de bomberos forestales, miles de ellos perderán su empleo cuando finalicen las campañas de incendios pese al desastre ecológico que vivimos estos días. El año pasado, las comunidades autónomas rescindieron el contrato a al menos 4.000 profesionales.
Sobre este problema, CSIF, presidido por Miguel Borra, mantiene sus tesis particulares. Así nos insisten en que deben establecer “sanciones ejemplares, claras, concretas y aplicables” para los responsables de las administraciones que sigan abusando de la contratación temporal. CSIF pide que este tipo de sanciones vayan más allá de la mera responsabilidad administrativa y recaigan sobre los máximos responsables de aquellas administraciones que incumplan..
Junto a esta medida, CSIF plantea que UE las ofertas de empleo público convoquen todas las plazas estructurales para prestar un servicio público efectivo y de calidad y así evitar que para dar un servicio adecuado se tenga que acudir a la contratación temporal.
Al mismo tiempo reclaman que se reduzcan los plazos de ejecución de los procesos selectivos (actualmente tienen un plazo máximo de 3 años, que se incumple sistemáticamente).
Además, tras el acuerdo alcanzado con CSIF, el Gobierno debe eliminar la tasa de reposición en la próxima oferta de empleo público para que las administraciones puedan realizar ofertas en función de sus necesidades sin contratar interinos.
CSIF dice mostrarse solidario con los miles de personas que están todavía en situación de abuso de la temporalidad. “Y vamos a continuar nuestras medidas de presión hasta conseguir que el Gobierno cumpla y se dé solución a los problemas que todavía sufren grandes profesionales en todos los ámbitos de nuestras administraciones, después de años de servicio ejemplar”., Sin embargo no queda clara su postura.
Javier Araúz de Robles y Gerardo Pérez han coincidido en algún debate sobre interinos y temporalidad. Aquí en una mesa redonda en Las Palmas (Imagen cedida por Gerardo Pérez)
El fijo a extinguir es una solución
En opinión de Javier Araúz de Robles , abogado del Estado en excedencia y uno de los letrados que defiende a este colectivo en fraude de ley , apela al blog de APISCAM para señalar que los números son otros de la temporalidad. Se habla del 32,2% y cerca de un millón de interinos en fraude de ley. Este jurista es consciente que en esta primera pare del 2026 no se ha avanzado mucho pese a sentencias como Obadal y otras del TJUE “Seguimos en un porcentaje de temporalidad del 32,2%. En el asunto prejudicial que llevo y planteado a un juzgado de lo social de Murcia, el TJUE nos confirme que resolverá sin vista y sin el informe del abogado general aunque aún no tenemos fecha de resolución”.
Araúz de Robles explica que ya se van produciendo ciertas quiebras, en sede social, porque el Tribunal Supremo de Justicia de Galicia ha entendido que él, pronunciamiento de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que limitaba las indemnizaciones por daños morales a diez mil euro va conta la directiva porque establece unos topes. Y no es proporcionado-, porque sanciona lo mismo a un abusado que lleve mucho tiempo, eh, o uno que lleve poco tiempo. “Este tribunal decida que esos daños morales de diez mil euros lo son cada tres años, es decir, que se devengan cada tres años”, aclara.
Por el momento el tema de las indemnizaciones va por delante de la fijeza de los interinos en fraude. “la Sala Social del Supremo dice solamente tienen derecho a fijeza aquellos que superen un proceso selectivo para ser fijo sin plaza. Estamos hablando de la alternativa a la indemnización, Pero todo esto está discutido porque todavía está pendiente sentencia del TJUE y también está pendiente lo que diga la Comisión Europea, por supuesto, en el procedimiento de infracción, respecto del cual tampoco tenemos, más noticias”.
Este jurista nos confirma la falta de noticias de Bruselas, “no sabemos si se ha aceptado la prórroga o no . He intentado conseguir alguna información y me dicen que todavía no hay, por lo menos desde la delegación de la Unión Europea en Madrid, me dicen que no saben nada”.
Al mismo tiempo nos indica que el Supremo , ha dictado una sentencia donde ya deja claro que también los interinos pueden ir a jurisdicción social, porque cuando se producen irregularidades en los nombramientos, “En este contexto el Supremo ha dicho que las indemnizaciones tienen, son de dos tipos, una indemnización por despido y otra por abuso, y por un lado las indemnizaciones por despido ya son cuantiosas y las del abuso, pues se sigue el criterio de la sala de lo social del Tribunal Supremo de Justicia de La Coruña”.
Sobre los sindicatos, reconoce que no cambian el discurso, siguen sin apoyar la fijeza de todo este personal temporal, lo que me parece que es la clave, porque no hay más alternativa que de verdad, sea razonable, “Es decir, yo creo que están perdidos en este asunto. Dicen que son solidarios con los interinos en fraude pero no dicen cómo compensarles. A muchos se les cesa antes del verano, para luego contratarlos de nuevo en septiembre u octubre. Pues si son buenos funcionarios, estabilícelos usted y ya está, es lo que tiene que hacer. Pero es que esto es un fraude más, Todos, prácticamente, los que han sido cesados se han vuelto a trabajar en el sector público.
Para este experto yo creo que ya de una vez por todas debe vestirse de gobierno y legislar, que es que llevamos veinticinco años de retraso. A mí me parece que una solución, que la que se propone, que transforma a este personal víctima de un abuso en un personal fijo y no un funcionario de carrera, sino fijo a extinguir, pues es una solución equitativa porque no los transforma en funcionarios de carrera y se conserva esa especie de contigo que tiene un funcionario de carrera y tampoco los deja en precariedad laboral, sino que pasan a ser estables. Es una solución constitucional que cumple con las garantías y los objetivos de la directiva y desde luego, me parece que es la única solución viable”.
Ni sanción para España, ni retener fondos ni sabemos si la Comisión dará una prórroga a nuestro país para resolver el problema de los interinos. Europa, en lugar de ser parte de la solución se ha convertido en parte del problema (Comisión Europea)
Una situación complicada que hay que resolver
Desde Las Palmas, Gerardo Pérez, abogado experto en función publica y profesor en Derecho Constitucional, muestra su preocupación por la situación en la que nos encontramos. “Se esperaba en junio o julio una norma que regulara esta situación pero no ha llegado. La situación es complicada porque se está cesando a muchos profesionales. CSIF lo indica en su información 42.000 antes del verano, sanitarios y docentes, que luego vuelve a ser contratados de forma temporal.
Para este jurista, la propuesta que plantea CSIF de nuevos procesos selectivos, “la verdad a estas alturas ya no lo veo, y menos si no garantizan que sean restringidos y que no sean de resultado incierto. Tampoco deja claro que medidas a implementar para acabar con el fraude de ley existentes. El TJUE ya dijo u la ley 10/2021 y esos procesos selectivos no eran adecuados para acabar con el fraude. Se debe acabar con la temporalidad tan elevada pero también debe resolverse la situación de los que están en fraude de ley”.
A juicio de este experto “ es fundamental que se compense a los interinos que han sufrido la precariedad laboral, pues el problema no se soluciona, porque no solamente hay que terminar con la temporalidad, hay que compensar a los que han sufrido esa precariedad. Y eso no lo veo yo en ese, en ese escrito que me has mandado del CSIF. Esto es relativamente sencillo”.
En su opinión de lo que se trata es de legislar para transponer la directiva y establecer sanciones, eh, incluso aunque sea, yo no es que esté muy de acuerdo, pero incluso aunque sea, cogiendo la línea de la sala cuarta del Supremo. pues si has aprobado un proceso selectivo sin plaza, eres fijo directamente. Si no, pues unas compensaciones económicas de aquí, de allá. No es una formula que a mime parezca correcta, pero incluso si fuese esa, por lo menos habría una norma jurídica de una vez.
Desde su punto de vista, “lo peor es la indefinición existente en estos momentos. El Gobierno pasa la pelota a los jueces, profesionales que deben hacer cumplir la ley, pero en esta oportunidad no hay ley. Entonces tenemos un problema serio. Además los jueces reconocen el abuso l trabajador laboral, pueden tener indemnización o ser fijos, pero aquellos con vínculos administrativos no tiene nada”.
Nuestro interlocutor recuerda que “ahora estamos pendientes de una reunión de las administraciones para el próximo 24 de septiembre, pero de momento no hay una hoja de ruta. Tampoco sabemos nada del procedimiento de infracción abierto a España y si nos van a dar la prórroga pedida. No sabemos nada. Nosotros presentamos alegaciones a la CE para que no se diera esa prórroga. La Directiva lleva 25 años de retraso en su implementación”.
Para este jurista, hay que ir a lo práctico. “Ya está todo estudiado, nosotros les hemos presentado informes para que analizaran distintas opciones. Ahora hay que legislar. Consensuar un texto e ir al BOE. Lo pueden hacer también por Decreto ley, pero es el momento de resolver este problema y estabilizar a estos profesionales en fraude de ley que han demostrado de sobra su mérito y capacidad en tantos años de servicio pese a trabajar de forma precaria, sin estabilidad en el empleo”.