- El Observatorio Estatal para la Dependencia critica el triunfalismo del ministro Bustinduy; 100 personas murieron al día en ese espacio de tiempo
Pocos asuntos de Estado alcanzan tanto consenso y son de tanta urgencia social como la atención a las personas en situación de dependencia. Sin embargo, después de 19 años la dependencia es un derecho pendiente.
El 14 de diciembre de 2006 se aprobaba la Ley 19/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y casi 20 años después, a pesar del avance que ha supuesto esta Ley, una de las políticas de Estado de mayor consenso, su potencial sigue sin desarrollar.
Cuatro millones de personas han recibido atenciones del Sistema de Atención de la Dependencia en estos casi 20 años, mientras que casi un millón de personas han fallecido en este periodo de tiempo
Para José Manuel Ramírez presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, del que depende este Observatorio Estatal para la Dependencia, subraya que los procedimientos burocráticos, las escasas cuantías de las prestaciones, junto la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilidad hacen un Sistema low cost que es poco eficaz para atender las necesidades de las personas en situación de dependencia. A lo que hay que añadir la deficiente financiación y las desigualdades territoriales en su desarrollo.
Con los datos del Ministerio de Derechos Sociales, en el primer trimestre de este año hay271.556 personas en listas de espera (+13.389 que a finales del pasado año): 118.716 personas que están a la espera de valoración y 152.840 personas esperando prestaciones y servicios que tienen reconocidos. . Con datos del Ministerio, a este ritmo se necesitarían 86 años para lograr que no hubiese lista de espera.
Ahora se observa un cambio de tendencia; se fue reduciendo la lista de espera de las 442.000 personas del 2015 hasta finales del 2024. Sin embargo, 2026 está suponiendo un cambio importante como dijimos anteriormente, 13.389 personas más que a comienzo del año están esperando algún procedimiento de la dependencia, sumando un total de 271.556 personas.
En estos tres meses, la lista de espera aumentó un 5,2% en toda España. Es preocupante la evolución en 2026 de tres Comunidades: Cantabria (+55%), Madrid (+40,3%) y Castilla – La Mancha (+34,9%). En el otro extremo de porcentaje de reducción, se encuentran Castilla y León (-17,4%), Ceuta y Melilla (-15,1%) y Navarra (-13,7%) En relación a datos absolutos lideran el aumento Andalucía (+9.808), Madrid (+4.120) y Castilla – La Mancha (+2.111), solo entre estas tres comunidades suman más aumento de personas en lista de espera que en todo el Estado. Canarias (-1.911) y Castilla y León (-1.367) lideran la disminución del número de personas en lista de espera.
Injustificado el triunfalismo del Ministerio
Para Ramírez es cierto que se bate el récord de personas atendidas, que es lo que proclaman las Comunidades y el Ministerio para justificar su triunfalismo y ocultar esta realidad. En la última década siempre aumentan las personas atendidas, pero eso no justifica el titular con el que el Ministerio ha presentado los datos del primer trimestre de 2026, señalando que la atención a la dependencia “alcanza su mayor cifra histórica y que mejora en todos los indicadores de gestión y atención”.
Es lógico que, mientras haya decenas de miles de personas en las listas de espera, cada vez aumente más el número de personas beneficiarias. Aunque sea con servicios low cost, que contrastan con triunfalismo del Ministerio al destacar que “las prestaciones de proximidad rozan ya el 60%”, cuando la intensidad media de la Ayuda a Domicilio disminuye en este año y apenas supone poco más de una hora de atención diaria y la prestación económica familiar también disminuye (que la ley establece como excepcional) tiene un importe de 259,84 euros mensuales de media.
De las 8.996 personas fallecidas en las listas de espera de la dependencia en el primer trimestre de este año, 4.628 estaban esperando ser valoradas y 4.368 esperando recibir la prestación a la que tenían derecho.
En 2024, el Gobierno de España paralizó el incremento de los 600 millones de euros ex novo que el Plan de Choque había impulsado en los 3 años anteriores (2021/2023). Una merma importante en la financiación del Sistema, que se ha visto reflejada no tanto en su extensión en número de beneficiarios, que ha seguido una tendencia creciente, sino más bien en la limitación de sus prestaciones y servicios.
17.569 personas dependientes más han sido atendidas respecto al final de 2025. La suma de prestaciones y servicios ha aumentado en 46.142. Sin embargo, este incremento ha sido muy desigual este año. Se consolida la tendencia de aumento de servicios low cost al aumentar prestaciones y servicios de bajo coste como la Prestación por Cuidados en el Entorno Familiar o la Teleasistencia.
Las Comunidades con mayor “limbo de dependencia”, personas pendientes de recibir prestación, son Canarias (23,5%), País Vasco (15%), Cataluña (13,7%) y Murcia (13,5%); y las que menos Aragón (1,5%), Galicia (1,5%) y Castilla y León (2,7%).
Once comunidades han aumentado el número de personas en el limbo de la dependencia en estos tres meses: Cantabria (+55%), Madrid (40,3%) y Castilla – La Mancha (34,9%) lideran este aumento. Más de la mitad (59%) de las personas que se encuentran en el “limbo de la dependencia” residen en tres Comunidades: Cataluña (81.371), Andalucía (49.900) y Comunidad Valenciana (29.762).
Las Comunidades que más han aumentado las personas beneficiarias con prestación estos tres meses han sido Canarias (+13%) y Cantabria (+4,3%). Por el contrario, las Comunidades que más han disminuido el número de personas atendidas son: Navarra (-1,9%) y Extremadura (-1,2%).
Inaceptables retrasos
Estos datos explican que, a pesar del incremento paulatino del número de personas atendidas de los últimos años, el ritmo sea claramente insuficiente para absorber la demanda de valoraciones y atenciones. Después de veinte años sigue habiendo inaceptables retrasos. Ramírez apunta a dos causas:
En primer lugar, los sucesivos recortes sufridos en la financiación de la Ley (aún vigentes) que afectaron gravísimamente a la etapa de despliegue, generando enormes bolsas de desatención gracias a la simple pero execrable vía de no resolver los procedimientos por parte de las administraciones.
Junto a ello, el disparatado y proceloso entramado burocrático creado por las diferentes administraciones que, lejos de garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios.
La mayoría de comunidades autónomas establecen dos procedimientos administrativos encadenados (resolución del grado de dependencia y resolución de prestación o servicio que disfrutará la persona). Muchas veces, para cuando llegan tales resoluciones, la situación de la persona ha cambiado tanto que hay que volver a empezar revisando su grado o sus prestaciones.
En este contexto subraya que el e Plan de Choque para la dependencia pese a sus avances, no ha cumplido con los objetivos esperados debido a una paralización en el aumento de inversión para la dependencia en 2024 y 2025.
La interminable dilación de muchos procedimientos tiene como consecuencia que muchas personas salgan de la lista de espera por fallecimiento sin haber recibido las prestaciones o servicios a los que tenían derecho. La “lista de espera” se inicia en el momento en que una persona solicita una valoración de grado de dependencia, momento en el que se desencadena un conjunto de procedimientos complejos burocráticos.
Esta burocracia una revisión de documentación e informes; la valoración de cada persona en su entorno por equipos técnicos aplicando un baremo estándar BVD; la emisión de propuesta de resolución; una resolución administrativa del grado de dependencia; un trámite de audiencia con la persona interesada para elaborar el Proyecto Individual de Atención (PIA) en función de sus necesidades y preferencias-
Al mismo tiempo, hay que hacer los cálculos económicos de renta y patrimonio para determinar copagos o descuentos en las prestaciones; la resolución del PIA y, finalmente, una entrega de servicios que en no pocas ocasiones, al ser prestados por otras administraciones (administraciones locales) conllevan nuevas resoluciones administrativas que ralentizan los procedimientos. Muchos trámites que conducen a muchos dependientes a un “limbo de dependencia” sin la ayuda solicitada.
