- En 2024, el Gobierno de España paralizó el incremento de los 600 millones de euros ex novo que el Plan de Choque había impulsado en los 3 años anteriores (2021/2023). Una merma importante en la financiación del Sistema
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba este martes un real decreto de financiación a la dependencia que dotará a las comunidades autónomas de 2.000 millones de euros más en 2026 y otros 4.000 más en 2027, cuando el Ejecutivo llegarán al compromiso de financiación del 50%. “Todos, antes o después, necesitamos alguien que nos cuide”, ha señalado Sánchez en una comparecencia previa al Consejo de Ministro, donde se aprobará la medida.
Es, ha dicho Sánchez, la “mayor inversión en dependencia de nuestra historia democrática”, que “multiplica por cinco la financiación estatal”. “No solo supone la mayor inversión social de esta legislatura y de la anterior, sino que es la mayor ampliación de la red de protección social de este país en décadas”, ha señalado el ministro Bustinduy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha insistido en que se trata de una “inversión sin precedentes para refundar el sistema de la dependencia en España”.
El anuncio ha sido valorado de forma positiva por expertos como José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, desde el Observatorio de la Dependencia “ el Gobierno pasa de retórica a los hechos”, y de organizaciones sindicales como UGT y CCO que reclamaban ese incremento de financiación estatal en Dependencia, pero ahora exigen condicionarlo a más cobertura de servicios profesionales y mejorar calidad y condiciones de empleo
Al mismo tiempo, estos sindicatos saludan que el Gobierno finalmente haya reactivado los compromisos de mejora de la financiación estatal del Sistema de Dependencia iniciados en el marco del Plan de Choque (2021-2023) acordado en el diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales
En declaraciones a nuestro medio, Ramírez, profesional que lleva años luchando y denunciando las carencias de nuestra dependencia, lo tiene claro: La prioridad deben ser las 265.503 personas se encuentran en las listas de espera, incrementar las prestaciones, subir las intensidad de los servicios y compatibilizarlos. Y mejorar los salarios y condiciones laborales del personal del sistema de la dependencia, especialmente de las auxiliares del SAD y de las residencias.
Desde su entidad se indica que 1.756 millones exnovo para este año deben servir para agilizar los procedimientos y reducir la lista de espera, aumentar las intensidades del Servicio de Ayuda a Domicilio (actualmente en 38 h al mes de media), incrementar las cuantías de las prestaciones económicas de cuidadoras familiares (actualmente de 262 euros al mes de media), subir las prestaciones económicas vinculadas al servicio (actualmente 567 euros al mes para plaza de residencia) y autorizar compatibilidad entre prestaciones y servicios.
A su juicio hay un riesgo existente que las Comunidades Autónomas no sean capaces de establecer procedimientos más ágiles. Se debe tender a la prescripción social facultativa simplificando procedimientos administrativos. Y un reto que afrontar, “que se modifica el Real Decreto 1051 y cómo puede influir esta financiación en la aprobación del proyecto de ley de discapacidad y dependencia que actualmente está en el Congreso de los Diputados.
¿Cómo se van a gestionar estos ingresos?
Al mismo tiempo resalta que al incrementar las cuantías del Nivel Mínimo de financiación automáticamente, al ser un sistema capitativo, las comunidades recibirán el incremento presupuestario. Esta financiación no debe servir para sanear las arcas autonómicas, si no para mejorar y atender a las personas en situación de dependencia de manera idónea y ágilmente. No se debe permitir que haciendo lo mismo las comunidades reciban más dinero.
Este experto deja una pregunta por resolver y que muchos nos hacemos ¿Que mecanismos va a habilitar la Administración General del Estado para garantizar que este incremento presupuestario mejore la vida de las personas en situación de dependencia?
Desde su puno de vista este incremento de financiación que debería producir un efecto multiplicador en la inversión cuando las Comunidades incrementan su presupuesto propio para alcanzar el cumplimiento del 50% de financiación.
Sánchez ha destacado que se trata de una inversión que multiplica casi por cinco la financiación estatal en dependencia desde 2018 y supone "un paso decisivo para consolidar un sistema mucho más fuerte, más humano y más justo".
Se trata de una reforma estructural que amplía las cuantías que el Estado transfiere a los gobiernos autonómicos por cada persona que tiene reconocido un grado de dependencia, y que implica duplicar estas ayudas a las personas que requieren más apoyos.
Así, las cuantías para el grado III (gran dependencia) suben un 128%, pasando de 290 euros al mes a 660 euros al mes; las de grado II (dependencia severa) suben un 100%, pasando de 130 euros al mes a 260 euros al mes; y las de grado I (dependencia moderada) suben un 18%, pasando de 76 euros al mes a 90 euros al mes.
De esta manera, a partir del 1 de julio, las comunidades recibirán una mayor dotación económica para seguir avanzando en varios objetivos que ha resumido Sánchez: reducir las listas de espera, contratar a más personal, mejorar sus condiciones, ofrecer más servicios y ampliar otros como los cuidados a domicilio.
Todo ello, con el fin último de enfrentar nuevos retos como el envejecimiento de la población o los cambios en las estructuras familiares.
Revertir la parálisis actual
Por el momento, la situación esta en una inercia peligrosa según aclara la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Entidades Sociales. . En 2024, el Gobierno de España paralizó el incremento de los 600 millones de euros ex novo que el Plan de Choque había impulsado en los 3 años anteriores (2021/2023). Una merma importante en la financiación del Sistema, que se ha visto reflejada no tanto en su extensión en número de beneficiarios, que ha seguido una tendencia creciente, sino más bien en la limitación de sus prestaciones y servicios.
47.323 personas dependientes más han sido atendidas respecto al final de 2025. La suma de prestaciones y servicios ha aumentado en 69.047. Sin embargo, este incremento ha sido muy desigual este año. Se consolida la tendencia de aumento de servicios low cost al aumentar prestaciones y servicios de bajo coste como la Prestación por Cuidados en el Entorno Familiar o la Teleasistencia Finaliza mayo de 2026 con 265.460 personas a la espera de un procedimiento: 155.352 personas con derecho reconocido en espera de atención.
A estas cifras hay que añadir 110.108 personas pendientes de valoración. Con lo cual, la desatención (pendientes de valorar + limbo) alcanza esas 265.460 personas, 7.293 más que al comienzo del año.
Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días), pero solo hay seis Comunidades y Ceuta (86) por debajo a ese margen en sus promedios: Castilla y León (119), Aragón (122), País Vasco (131), La Rioja (144), Castilla La Mancha (166) y Cantabria (171). Navarra (211) y Baleares (203) se encuentran cerca del plazo máximo. En el otro extremo estarían Murcia (552 días), Andalucía (446 días), Asturias (411 días), Madrid (346) y Canarias (335 días).
Desde este colectivo de profesionales de la dependencia se detectan los problemas que han generado esta situación.
En primer lugar, Los sucesivos recortes sufridos en la financiación de la Ley (aún vigentes) que afectaron gravísimamente a la etapa de despliegue, generando enormes bolsas de desatención gracias a la simple pero execrable vía de no resolver los procedimientos por parte de las administraciones.
Por otro lado, se insiste en el disparatado y proceloso entramado burocrático creado por las diferentes administraciones que, lejos de garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios.
A juicio de José Manuel Ramírez, “la mayoría de comunidades autónomas establecen dos procedimientos administrativos encadenados (resolución del grado de dependencia y resolución de prestación o servicio que disfrutará la persona). Muchas veces, para cuando llegan tales resoluciones, la situación de la persona ha cambiado tanto que hay que volver a empezar revisando su grado o sus prestaciones”.
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