Los Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, consideran que la nueva Agencia de integridad pública es la medida más eficaz recogida en el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción anunciado esta mañana por el presidente del Gobierno, pues investigará las denuncias que se reciban por cualquier tipo de fraudes o corrupción, incluidas las referidas a la contratación de las Administraciones públicas, así como la coordinación de las Agencias antifraude de Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Navarra, Andalucía y de los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona.
En este sentido, los técnicos de Hacienda recomiendan que para garantizar la independencia de esta Agencia de integridad pública sea creada por las Cortes Generales, nombrar a la persona que la dirija y al comité de ética, dotar de funcionarios expertos en la persecución de la corrupción, aprobar su estatuto, el código de conducta y las normas para la integración de entidades expertas en su consejo de participación y que dependa del Congreso a efectos organizativos y presupuestarios.
Refuerzo de plantillas, funciones y medios en tres entidades que combaten la corrupción
Gestha recuerda que, a nivel estatal, únicamente existe el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude con carácter de agencia antifraude exclusivamente para los fondos del MRR y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Precisamente, Gestha interpreta que la medida anunciada por Pedro Sánchez de extender la metodología aplicada a la adjudicación de los Fondos Next Generation a toda la Administración, se justifica en el excelente trabajo de los técnicos de la Intervención General del Estado.
Por ello, reclama a la Ministra de Hacienda que aumente las plantillas y la habilitación de los Técnicos de auditoría y contabilidad en la Intervención General de la Administración del Estado, implementando procedimientos específicos para la detección de irregularidades, si se quiere extender los controles de los fondos europeos a la contratación de las Administraciones públicas.
En segundo lugar, los técnicos piden reforzar los medios y la plantilla de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) que en siete años de funcionamiento desde 2016 ha investigado a 22.782 personas físicas y 1.123 personas jurídicas, ha localizado 13.185 bienes, entre los que destacan 3.934 productos financieros, 3.045 inmuebles, 2.530 vehículos o 12.127 sociedades, incluidas 117 embarcaciones o una aeronave, con un valor conjunto de 107,9 millones de euros, principalmente 83,8 millones en efectivo, 19,2 millones por ventas, entre las que se incluye un millón en ventas de obras de arte y joyas, y 3,6 millones en intereses.
Igualmente, Gestha pide aumentar el número de técnicos de investigación en las Agencias antifraude regionales. En su opinión, la escasez de estos funcionarios es la causa principal por la que están en trámite casi la mitad de las denuncias recibidas en el último sexenio hasta fin de 2023 (478 denuncias pendientes).
Otras medidas novedosas
Los técnicos ven realmente novedoso el nuevo decomiso administrativo preventivo para incautar bienes sin esperar a la condena previa, aunque se permita la utilización de esos bienes si se designa como depositario a sus titulares.
Otras medidas más eficaces para prevenir y combatir la corrupción, que Gestha ha venido proponiendo, son el Sistema de Alertas Rápidas de la corrupción para que las Oficinas antifraude analicen estos fraudes en fases tempranas, y el mayor compromiso con las leyes de Transparencia para reducir las denegaciones y recursos contra las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
También los técnicos de Hacienda ven el acierto en el establecimiento de controles patrimoniales aleatorios de altos cargos -que debería añadir una estricta regulación de las declaraciones de altos cargos y representantes políticos y las sanciones por su incumplimiento completo-, la publicidad de donaciones a partidos y fundaciones políticas desde 2.500€, la próxima Ley de lobbies y grupos de interés, y las secciones especializadas en la corrupción en los nuevos tribunales de instancia.
Gestha respalda que las penas y los plazos de prescripción penal se dupliquen para que un mayor número de investigaciones puedan llevarse a cabo, que las multas se impongan en un porcentaje de los ingresos anuales de las empresas corruptoras, y que se impida a las empresas condenadas poder contratar con las administraciones públicas.
En este contexto, los técnicos proponen que la Fiscalía General del Estado dicte una Instrucción para que las Fiscalías pidan en todos los procesos penales por fraude y corrupción que las sentencias incluyan la prohibición de contratar en el sector público entre los cinco y diez años que el vigente Código Penal prevé para el cohecho, de seis a diez años para el tráfico de influencias y de dos a siete años para los fraudes en cualquier acto de las modalidades de contratación pública.
Asignaturas pendientes
En cualquier caso, Gestha considera que el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción debería complementarse con otro tipo de medidas.
Entre las medidas organizativas, los técnicos del Ministerio de Hacienda siguen proponiendo:
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Aumentar el personal técnico investigador de las Oficinas y Agencias Antifraude de Andalucía, Cataluña, Comunitat Valenciana y Navarra.
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Adoptar las medidas necesarias para superar la crisis en la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la CCAA Valenciana (AVAF).
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Crear Agencias Antifraude con funciones de investigación en Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, La Rioja y País Vasco, dotándolas de personal y medios suficientes para su finalidad.
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Atribuir funciones de investigación o inspección de las denuncias a las unidades o secciones de los Órganos de Control Externo del Consello de Contas de la CCAA de Galicia (OCEX) y a la Audiencia de Cuentas de Canarias.
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Recuperar la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de la CCAA de Baleares (AIB), suprimida por el Parlamento Balear en marzo de 2024.
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Crear Oficinas Antifraude de ámbito local en municipios de más de 200.000 habitantes, como las ya creadas en Madrid y Barcelona. De esta forma, estas oficinas independientes se crearían para la contratación local de los Ayuntamientos de València, Zaragoza, Sevilla, Málaga, Murcia, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Alicante, Bilbao, Córdoba, Valladolid, Vigo, Gijón, Vitoria-Gasteiz, A Coruña, Elche, Granada, Terrassa, Sabadell, Oviedo, Cartagena, Jerez de la Frontera, Móstoles, Santa Cruz de Tenerife, Pamplona y Almería.
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En el caso de L'Hospitalet de Llobregat y Badalona, la Agencia de Transparencia del Área Metropolitana de Barcelona cuenta con un nuevo Reglamento de funcionamiento del buzón ético, aprobado el 02/04/2024.
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Promover la coordinación y colaboración efectiva entre los órganos de control del gasto de las distintas administraciones territoriales y con el Tribunal de Cuentas.
Entre las medidas preventivas, los técnicos de Hacienda proponen:
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Aprobar una Estrategia Nacional de Antifraude con criterios unificados y actuaciones coordinadas entre las Oficinas y Agencias Antifraude y los Órganos de Control interno.
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Publicar anualmente un listado de las personas condenadas con sentencias firmes por casos de corrupción, en particular por delitos de financiación ilegal de los partidos políticos, corrupción en los negocios, tráfico de influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, prevaricación, malversación, negociaciones prohibidas a los funcionarios y blanqueo de capitales.
Finalmente, entre las modificaciones legales, Gestha plantea:
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Desconcentrar el poder de decisión de la contratación mediante la decisión tomada en órganos colegiados en todos los casos, para dificultar que se produzcan injerencias políticas o empresariales.
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Eliminar el carácter excepcional para que la prohibición de contratar se extienda al conjunto del sector público, y no se circunscriba con carácter general solo al sector público territorial, en los que cometió los delitos por los que fue condenada.
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Modificar la Ley de Contratos del Sector Público para restringir la posibilidad de decisiones discrecionales.
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Evitar que se externalice la elaboración de los Pliegos de cláusulas administrativas o de prescripciones técnicas de los contratos.
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Establecer un régimen de exigencia de responsabilidades al gestor del gasto, al margen de las contables, administrativas y penales, así como al órgano que ejerce el control para evitar dispendios, gastos innecesarios o la inversión en infraestructuras poco viables o ineficientes.
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Aprobar las medidas normativas necesarias para evitar que los entes públicos, sean Organismos, Agencias, Fundaciones, Entidades empresariales u otras formas, escapen en mayor o menor medida de los controles a los que deberían someterse por su financiación con recursos públicos.
Aumentarán las denuncias sobre la contratación pública
Con estas medidas, Gestha cree que van a aumentar las denuncias por fraudes o corrupción, entre ellas las relacionadas con la contratación pública, que a su juicio aumentarán en los próximos años por las medidas de protección del denunciante de infracciones normativas y de la corrupción.
Así, quienes tomen represalias contra las personas que denuncian incurrirán en una infracción muy grave que lleva aparejadas multas de hasta 300.000 euros si los infractores son personas o de hasta un millón de euros si los infractores son sociedades y entidades, y se les podría prohibir contratar con el sector público durante un máximo de tres años.
En cualquier caso, la suma de denuncias y recursos especiales en materia de contratación vivos (presentados menos los que han sido inadmitidos, archivados o desestimados) solo representan el 0,7% de los expedientes de las licitaciones, lo que es una muestra de la correcta contratación pública en nuestro país, que el pasado año escaló hasta los 206.210 expedientes, alcanzando los 113.091 millones, más IVA.
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Sector público en 2024 |
Expedientes de licitación |
Volumen de licitaciones, en millones de euros |
% Volumen de licitaciones |
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estatal |
55.750 |
40.332,86 |
35,7% |
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autonómico |
51.458 |
37.840,95 |
33,5% |
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local |
99.002 |
34.917,60 |
30,9% |
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total |
206.210 |
113.091,40 |
100,0% |
Fuente: Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, a partir de datos de la contratación pública