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Durante los peores meses de la pandemia, muchos autónomos y pequeñas empresas acudieron a sus bancos para solicitar financiación con los conocidos como avales ICO. 

Se presentaba como una ayuda impulsada por el Gobierno para mantener la actividad económica y evitar el cierre de negocios. Sin embargo, ahora los tribunales están empezando a dar la razón a clientes que denuncian que no recibieron la información adecuada cuando firmaron esos préstamos.

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