Los derechos de los consumidores y la Constitución Española: Muchas cuestiones por resolver

Carlos Ballugera Gómez. Registrador de la Propiedad. Presidente del CCU del 2019 al 2024

La Constitución cumple cuarenta y siete años. Es un día de celebración. El artículo 51 reconoce a las personas consumidoras una protección de alto rango y el 9.2 protege también a los adherentes, primos hermanos de las personas consumidoras, en la contratación masiva.

Ese paraguas ha permitido un desarrollo centrado en el texto refundido de 2007 y en un reparto administrativo de competencias entre las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.

Un día como hoy nos deja un sitio para la reflexión serena sobre la efectividad de la protección de estos derechos, no sólo en el ámbito general sino también en el individual.

En general, las administraciones tienen que imponer su correspondiente disciplina de mercado, pero también la transparencia en la formación de precios y no hay que olvidar que hoy la inflación es el mayor problema de las personas consumidoras. Nuestra mantequilla la están usando para hacer misiles. Las personas consumidoras pedimos al Gobierno que vote y luche por la paz y que la mantequilla vuelva a su sitio.

En particular, los problemas de las personas consumidoras son problemas patrimoniales que afectan al bolsillo, son problemas de vida que tienen forma de contrato por pequeño y rápido que sea. Nadie saca las lechugas de la huerta ni se hace los muebles o la ropa. Para consumir hay que ir al mercado.

Los anuncios, las proclamas gubernamentales, los consejos, la formación están muy bien, pero de nada sirve a las personas consumidoras recordarles sus derechos en un bonito letrero luminoso si para su bolsillo son inalcanzables. De nada le sirven al enfermo los consejos y las fotos de las medicinas si nadie se las receta o no las puede comprar.

Del mismo modo que la salud de la gente necesita de un imponente sistema de seguridad social para conservarse, del mismo modo es necesario un imponente sistema de protección de las personas consumidoras para que no haya abusos en el mercado. A día de hoy ese sistema, está como esas webs que ponen “EN CONSTRUCCIÓN” con una señal de obras.

La salud no sólo se protege con consignas generales, son necesarias personas que pinchen y receten al enfermo, hacen falta hospitales con sus camas y sus máquinas, dispensarios y centros de salud.

Pero para el mercado del consumo no hay hospitales o los que hay son obra del ingenio y del voluntarismo de los afectados. Tenemos un importante aparato administrativo que ve el mercado en general, falta el aparato político y social que lleve el remedio al enfermo, que blinde a la persona consumidora frente a los abusos.

¿Dónde están las sanciones de las Comunidades Autónomas? Es cierto que en los últimos años la Administración Central ha movilizado recursos y ha impuesto sanciones importantes para erradicar malas prácticas en las líneas aéreas, el juego online, el comercio electrónico y las falsas rebajas. Los abusos siguen circulando.

Sentencias colectivas

Uno se pregunta cómo se van a ejecutar las sentencias colectivas sobre cláusulas suelo o sobre el IRPH; qué va a pasar con el fraude de emisiones de Volkswagen. ¿Cuándo llegará a sus bolsillos el dinero de que se privó abusivamente a cientos de miles de deudores con las cláusulas suelo y de IRPH?

¿Dónde están el servicio jurídico del Estado, el Ministerio Fiscal? Sin un aparato jurídico de apoyo y sin la coordinación pública, las sanciones por malas prácticas corren el peligro de naufragar. Su efectividad exige una especialización y coordinación de los Servicios jurídicos públicos y del Ministerio Fiscal con las autoridades de consumo y eso, a su vez, pide dinero, y ese dinero falta.

Las asociaciones de personas consumidoras, con su limitación de medios, se ven obligadas a emprender y sostener reclamaciones judiciales contra empresas muy grandes que se burlan de los derechos de las personas consumidoras con ríos de tinta.

Los bancos destacadamente, y otras grandes empresas han levantado un muro de papel contra sus clientes para privarles de sus derechos. Parte del dinero que empresas oportunistas sacan de las cuentas de las personas consumidoras con malas mañas, se usa para sostener en los tribunales esos mismos abusos.

Grandes corporaciones toman los derechos que se reconocen en pro de la libertad individual para eliminar esa libertad en el mercado. El abuso del servicio jurídico de la justicia por grandes empresas frente a personas consumidoras y adherentes no es que exista, sino que es el modelo negativo del abuso y de la mala fe.

¿Dónde está la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero? ¿La Ley de Atención a la Clientela, la de Acciones Colectivas? ¿Dónde están los recursos presupuestarios para levantar y sostener un aparato jurídico gratuito de defensa microeconómica de las personas consumidoras?

España se proclama Estado social y democrático de derecho que obliga a los poderes públicos a remover los obstáculos a la igualdad de las personas y de sus grupos sociales.

Remover los obstáculos a la igualdad en el mercado significa poner delante de los abusadores sistemáticos de los bancos un aparato jurídico que además de tener medios legales, tenga medios materiales, hospitales, es decir administraciones donde las personas consumidoras puedan ir a resolver sus problemas sin una carga insoportable.

Un problema de mercado pasa por un contrato y un problema en un contrato no se resuelve con un tanque ni con una porra, se resuelve por medios jurídicos y un medio jurídico pasa por la ayuda de un abogado, ¿quién le pone un abogado a una persona consumidora que tiene que reclamar por un inconveniente con el móvil o con la tarjeta? La pequeña cuantía de las reclamaciones disuade de la defensa y llena los bolsillos de los grandes con su conducta anticompetitiva. El trasfondo es la necesidad de aumentar el poder de mercado de las personas consumidoras.

La ayuda jurídica la prestan hoy, con encomiable esfuerzo, las asociaciones de personas consumidoras, los colegios de abogados y también los gremios de pequeños empresarios y autónomos, pero la administración tiene que implicarse más y con más dinero. Entretanto son las organizaciones de la sociedad civil las que llevan adelante la lucha pacífica y jurídica contra los abusos.

Quede ahí la reflexión serena en un día de celebración de los derechos que la lucha firme de la sociedad española ha logrado y cuya plenitud logrará. ¡Feliz día para nuestra democracia en general y para las personas consumidoras y sus asociaciones en particular!