Integrantes del proyecto WiS-H: A whistleblowing habitat in southern Europe –coordinado por Hay Derecho junto con la Universidad de Murcia y la Universidade NOVA de Lisboa que ya está operativo
Denunciar la corrupción en España es actualmente una actividad de alto riesgo. Los denunciantes se enfrentas a graves represalias profesionales y personales. Ni siquiera la trasposición de la directiva whistleblowing a nuestro ordenamiento está logrando frenar las represalias para los denunciantes de corrupción.
Desde hace dos meses está en marcha la AIPI, Autoridad Independiente de Proteccion al informante con el catedrático de Ciencias Politicas, Manuel Villoria, a la cabeza. Esta poniendo en marcha este organismo pese a la falta de medios que padece. La entidad ya cuenta con una web y una sede electrónica donde se recogen distintas denuncias a la semana. Ahora lo importante es que cuente con una partida presupuestaria para poder seguir trabajando y exista un cambio normativo que le dote de más competencias
La Fundación Hay Derecho ha celebrado esta semana la primera sesión de su taller práctico e interactivo «Cómo denunciar corrupción: canales, procedimientos y derechos», una formación dirigida a empleados públicos, responsables de sistemas internos de denuncia y ciudadanía interesada en comprender en profundidad el procedimiento de denuncia y las garantías previstas para quienes alertan de irregularidades.
El encuentro, que se enmarca en el proyecto europeo WiS-H: A whistleblowing habitat in southern Europe –coordinado por Hay Derecho junto con la Universidad de Murcia y la Universidade NOVA de Lisboa–, tendrá una segunda sesión similar a la primera el próximo 26 de noviembre. La inscripción es gratuita y aquellos interesados en inscribirse pueden hacerlo a través de este enlace.
Elisa de la Nuez, secretaria general de Fundación Hay Derecho es uno de los educadores de este programa formativo
El marco jurídico de protección: de la teoría a la práctica
La jornada se desarrolló con un enfoque participativo que permitió a los asistentes intervenir durante las ponencias, responder preguntas situacionales en directo y plantear casos reales de su ámbito profesional.
La primera intervención corrió a cargo de Elisa de la Nuez, abogada del Estado en excedencia y secretaria general de Hay Derecho, quien ofreció un análisis práctico del marco jurídico de protección de los denunciantes de corrupción. Su exposición abordó, de forma clara y accesible, cuáles son las infracciones denunciables, quién está legitimado para informar y qué canales existen —interno, externo o revelación pública—, así como las condiciones legales que determinan la protección.
De la Nuez explicó con especial detalle el funcionamiento de los sistemas internos, sus obligaciones de confidencialidad, los plazos y procedimientos de investigación, y los derechos que asisten a la persona denunciante, como la posibilidad de presentar comunicaciones anónimas y la garantía de protección frente a represalias, siempre que la información se comunique conforme a lo previsto en la ley. La participación activa del público permitió analizar situaciones reales y reflexionar sobre la aplicación práctica de la Ley 2/2023 en administraciones públicas y entidades privadas.
Esta jurista estuvo en la presentación del libro de Ana Garrido, denunciante del Caso Gurtel, una mujer que se jugó su carrera profesional por proteger el interés general. Dicha presentación se hizo en primer lugar en la Casa del Libro de la Gran Via Madrileña, a la que acudieron junto con Villoria y la secretaria general de Hay Derecho, Lara Carrasco, presidenta de Corruptil; el denunciante de corrupción Luis Gonzalo Segura; y José Luis Casero, director general de la World Compliance Association, todos ellos muy vinculados a la lucha contra la corrupción en nuestro país.
Junto a ellos asistieron algunos periodistas que han ayudado a Ana a denunciar su situación, como Javier Ruiz, conductor de Mañaneros; Marta Flich, de TVE; Miguel Ángel Campos, periodista de tribunales de la Cadena SER, junto a su compañera Nuria Coronado, periodista en temas de género, así como este informador que escribe la crónica, seguidor del caso desde hace años. También estuvieron presentes algunos compañeros de trabajo de Ana en su empresa Proética, dedicada a la gestión de compliance.
la presentación del libro tuvo otro momento álgido porque tuvo una continuación el pasado 14 de octubre, en el Teatro del Barrio, ubicado en el madrileño barrio de Lavapiés, c/ Zurita, 20, se celebró otra presentación de la obra, más dedicada a los denunciantes de corrupción, con la asistencia de algunos de ellos y otros interesados en este tipo de asuntos, para seguir ahondando en la problemática que, hoy por hoy, es una de las cuestiones que más preocupa a la sociedad por la magnitud de los escándalos descubiertos y otros que surgen con frecuencia.
En primera persona: el testimonio de Alicia Vilches
La segunda parte del taller estuvo dedicada a la intervención de Alicia Vilches, secretaria del Ayuntamiento de La Muela (Zaragoza) y denunciante de corrupción, quien centró su testimonio en los efectos psicológicos y físicos derivados de la denuncia cuando esta da lugar a represalias prolongadas.
Desde una perspectiva personal y profundamente realista, Vilches describió cómo el estrés crónico puede desencadenar trastornos psicosomáticos graves, como cefaleas tensionales persistentes, hipertensión arterial, problemas gastrointestinales o el agravamiento de enfermedades autoinmunes. También profundizó en el impacto emocional que genera la incertidumbre legal y laboral, un miedo persistente que se traduce en ansiedad constante, dificultades de concentración, tensión muscular sostenida y episodios recurrentes de pánico.
Su reflexión puso el acento en la dimensión estructural del problema: «No se puede tratar efectivamente a un denunciante de corrupción si continúa expuesto al entorno que causó el daño. La intervención sistémica es imprescindible para la recuperación», afirmó.
La ponente subrayó además que el hostigamiento institucional y el aislamiento profesional suelen ser factores que perpetúan el malestar, lo que hace indispensable intervenir también sobre el entorno laboral para garantizar una recuperación real y duradera.
El taller concluyó con un espacio de diálogo abierto que permitió a los participantes compartir inquietudes, dudas y experiencias, confirmando el interés creciente por comprender el funcionamiento del sistema de denuncia y las garantías que deberían proteger a quienes deciden actuar frente a irregularidades.
La vinculación de Fundación Hay Derecho con los denunciantes de corrupcion arranca desde sus inicios. El primer Premio que dio esta entidad fue a la propia Ana Garrido de la que hablabamos al principio esta informacion. Este año la entidad celebró su decimo aniversario con un premio especial.
Para conmemorar la efeméride, la organización ha incorporado una nueva categoría, el Premio WiS-H a los denunciantes de corrupción, en el marco del proyecto europeo WiS-H (A whistleblowing habitat in southern Europe), coordinado por Hay Derecho y participado por la Universidad de Murcia y la Universidade NOVA de Lisboa.
En esta edición, el Premio WiS-H reconoce a Maite Morao, por España, y Jorge Espirito Santo, por Portugal, «por su acción en defensa de la legalidad alertando de prácticas irregulares en áreas sensibles —planificación urbanística y médico-sanitaria—, habiendo sido objeto de hostigamiento y represalias y sin haber recibido apoyo institucional en su defensa».
La secretaria general de Hay Derecho, Elisa de la Nuez, destacó durante la entrega que «con este nuevo galardón queremos visibilizar el enorme valor de quienes, desde dentro de las instituciones o las organizaciones, se atreven a denunciar irregularidades en defensa del interés público, con un enorme coste personal y profesional, dado que precisamente son perseguidos por hacerlo desde las propias instituciones. Sin ellos, la lucha contra la corrupción y la mejora de nuestras democracias serían imposibles».
