- Vanessa Ruiz García, directora de Guardian Legal, comparte claves para manejar disputas familiares tras las vacaciones de verano y proteger el bienestar de los menores.
Al volver de vacaciones, muchas parejas toman decisiones trascendentales. Según informes del Consejo General del Poder Judicial y el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre un 20 % y un 30 % de los divorcios se presentan en el último trimestre del año, siendo septiembre el mes con más solicitudes de separación o divorcio en España
Este fenómeno, conocido como el “síndrome de septiembre”, tiene causas claras: el exceso de convivencia durante el verano saca a la luz tensiones acumuladas, mientras que el inicio del nuevo curso escolar y laboral actúa como un disparador para formalizar decisiones aplazadas durante los meses de vacaciones
Vanessa Ruiz García, directora del despacho Guardian Legal, explica que “septiembre no solo marca la vuelta a la rutina, sino que también intensifica emociones y reflexiones post-vacacionales. Muchas parejas afrontan conflictos familiares que, en apariencia, surgieron con las vacaciones, pero que tenían origen mucho antes.
Desde septiembre de 2024, los divorcios han crecido un 8,2 % respecto al año anterior, alcanzando 86.595 casos en España, mientras que la custodia compartida se consolida como modelo mayoritario, presente en casi la mitad de las rupturas .
Para Guardian Legal, los padres se enfrentan a desafíos reales: acuerdos sobre visitas, pensiones, convenios reguladores y modificaciones judiciales que muchas veces se desencadenan en otoño. Por ello, Ruiz García recomienda actuar con asesoramiento profesional y evitar improvisaciones legales que pueden costar emocional y jurídicamente y más teniendo en cuenta las modificaciones sufridas recientemente en la Ley, que obligan a una mediación previa en los procedimiento de familia en la mayoría de los casos.
Cuando los acuerdos de custodias o visitas no se cumplen o resultan insuficientes tras el verano, señala Ruiz García, es importante valorar medidas preventivas como la mediación familiar o incluso la modificación de medidas judiciales. La defensa del bienestar del menor debe guiar cada actuación.
