El fallo , adoptado por unanimidad y firmada por el magistrado Andrés Martínez Arrieta, concluye que los tres acusados formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos de corrupción.
Los magistrados del Tribunal Supremo han condenado al exministro de Transportes, José Luis Ábalos a 24 años de prisión y a su exasesor y mano derecha Koldo García a 19 años en el denominado "caso mascarillas", la primera pata del caso Koldo y el primer gran juicio al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en un fallo judicial que se ha hecho público esta mañana
La condena a José Luis Ábalos y Koldo García por el caso mascarillas llega tras acreditarse el amaño de contratos públicos. El tribunal considera probado que ambos participaron en una trama de comisiones ilegales durante la pandemia a cambio de adjudicaciones con el empresario Víctor de Aldama como conseguidor. Entre los delitos por los que se les ha condenado se encuentran el de corrupción, cohecho y organización criminal en la contratación de material sanitario.
Por otra parte, el Supremo reconoce, por unanimidad, la colaboración prestada por Víctor de Aldama en el "caso Koldo" y le libra de entrar en prisión. El tribunal resume en la sentencia que "no cabe duda de la importancia de la colaboración prestada" porque el empresario "ha reconocido y aportado datos e información relevante" sobre la organización criminal que formó junto a José Luis Ábalos y su exasesor ministerial Koldo García.
La sentencia, adoptada por unanimidad y firmada por el magistrado Andrés Martínez Arrieta, concluye que los tres acusados formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos de corrupción.
Sentencia de más de 220 paginas
A lo largo de 224 páginas de sentencia, a la que ha tenido acceso este medio , el magistrado considera probados los delitos en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas a Puertos del Estado y Adif a una empresa vinculada a Aldama y la remuneración mensual de 10.000 euros para 'gastos fijos' de Ábalos.
También ve probada la contratación de dos conocidas del exministro en empresas públicas, su examante Jessica Rodríguez y la ex miss Asturias Claudia Montes, el pago del piso a la primera de ellas, el contrato de arrendamiento con opción a compra entre Aldama y Ábalos de un piso en Madrid, y el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción también con opción de compra por gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos.
Además, destaca "el grave deterioro de la confianza ciudadana" en el sistema político que provoca la corrupción, que socava la arquitectura democrática del Estado.
Los acusados estaban citados para la lectura de la sentencia en el Tribunal Supremo a las 12.00 de este lunes, aunque Ábalos y Koldo García la han tenido que seguir de forma telemática desde prisión. El magistrado ha decidido previamente blindar la sala ante posibles filtraciones y hacer la lectura en sala con la retirada de todos los teléfonos móviles.
Las peticiones de condena a las que se enfrentaban
Tras el juicio, la Fiscalía Anticorrupción mantuvo sus peticiones de pena para los acusados. En el caso de Ábalos, reclamaba 24 años de prisión para Ábalos, así como una multa de 3,81 millones de euros y la inhabilitación para cargo público.
Para Koldo García, el Ministerio Público solicitaba 19 años y medio de prisión, multa de 3,78 millones e inhabilitación para ejercer cargo público. Y en cuanto a Aldama, la Fiscalía reclamaba una pena de siete años de cárcel, inhabilitación para cargo público y una multa superior a 3,71 millones de euros.
Por su parte, las acusaciones populares coordinadas por el PP también mantuvieron su petición de 30 de años de cárcel para Ábalos y García, mientras que en el caso de Aldama, rebajó su petición de siete a cinco años y dos años, al tener en cuenta la confesión de Aldama, que dijo haber pagado comisiones millonarias al exministro y al exasesor, motivo que consideraron suficiente para aplicar una circunstancia atenuante muy cualificada de confesión y reducir su condena.
EL origen del caso hay que remontarlo cuando el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que instruyó el caso mascarillas envió a Ábalos, García y Aldama a juicio por los por delitos de integración en organización criminal; cohecho continuado, activo y pasivo; uso de información privilegiada, aprovechamiento de información privilegiada; tráfico de influencias, malversación de fondos públicos; falsedad documental y prevaricación.
Los tres estaban acusados de concertarse para obtener "un común beneficio económico" en la contratación públicas de empresas captadas por Aldama, aprovechando el cargo de Ábalos en el Gobierno y en el PSOE. También el juez instructor consideró que había indicios claros de contratación irregular en empresas públicas de dos mujeres relacionadas con Ábalos y del alquiler de inmuebles por parte de Aldama para pagar los favores del exministro.
El caso arranca tras una denuncia del PP de Madrid a la Fiscalía Anticorrupción de varios contratos de mascarillas, interpuesta en marzo de 2022, poco después de que saltara el caso relacionado con el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, caso que quedó finalmente archivado.
