Victor Avila Abogado Penalista Madrid
Por Víctor Ávila Martínez. Abogado penalista.
La SAP Valencia, Sección 4.ª, núm. 353/2026, dictada el 15 de junio de 2026 bajo la ponencia de la magistrada D.ª María Cruz Zabal Romero, condena a Rafael Mir. a siete años de prisión por un delito de agresión sexual tipificado en los artículos 178.1, 2 y 3 en relación con el artículo 179.1 y 2 del Código Penal, y a dieciocho meses adicionales por un delito de lesiones del artículo 147.1. La resolución merece ser leída con atención técnica porque, junto a pasajes probatoriamente sólidos, contiene una serie de razonamientos cuya metodología resulta cuestionable desde el punto de vista del estándar constitucional de la presunción de inocencia.
Lo que sigue no es un juicio de valor sobre la culpabilidad o inocencia del condenado. Es un análisis de los argumentos que el tribunal utiliza para sostener la condena, examinados con el mismo rigor que el Tribunal Supremo aplicará en casación.
Una sentencia estructuralmente asimétrica
Antes de entrar en el análisis concreto, conviene señalar un problema de fondo que recorre toda la resolución.
La sentencia describe el método correcto de valoración probatoria —ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud objetiva y persistencia en la incriminación— y cita adecuadamente la doctrina del Tribunal Supremo al respecto, incluyendo el ATS núm. 1376/2016, de 29 de septiembre, y la STS, Sala Segunda, núm. 308/2026, de 29 de abril. Sin embargo, en el momento de aplicar ese método a los hechos concretos, la Sala abandona sistemáticamente el análisis comparativo entre hipótesis rivales —que es la exigencia real del estándar de la duda razonable— y lo sustituye por un razonamiento de compatibilidad unilateral: si un dato es compatible con la versión de la denunciante, se convierte en prueba de cargo, sin preguntarse si también es compatible con la versión exculpatoria del acusado.
El patrón se repite a lo largo de toda la resolución y siempre en el mismo sentido: cuando un dato es ambiguo o admite varias lecturas, el tribunal elige sistemáticamente la interpretación más desfavorable al acusado, sin explicar por qué descarta las alternativas. No se trata de errores puntuales sino de una orientación que atraviesa el razonamiento probatorio de principio a fin.
Ese deslizamiento metodológico es el origen de la mayor parte de los problemas que se exponen a continuación.
El indicio de la búsqueda del teléfono: «única explicación posible»
El fundamento jurídico primero, letra b), contiene el pasaje más técnicamente vulnerable de toda la resolución. Tras describir que Bernarda buscó su teléfono para llamar a su padre y que la geolocalización llevó al padre a la discoteca, el tribunal concluye textualmente:
«Evidentemente, la única explicación a este comportamiento de la joven solo puede ser su disgusto por la agresión que acababa de padecer.»
Esta afirmación es metodológicamente incompatible con el estándar de la duda razonable por dos razones.
La primera es lógica. Buscar el teléfono, querer marcharse y llamar al padre son conductas perfectamente coherentes con el malestar, la incomodidad o el enfado derivados de una situación que el propio acusado reconoció como un contacto sexual consentido que la joven no deseaba prolongar. La conducta de salir de una fiesta, buscar el teléfono y llamar al padre no distingue entre una agresión sexual y una situación incómoda o no deseada sin carácter delictivo. El indicio es compatible con la hipótesis acusatoria, pero también con la hipótesis alternativa. Un indicio que no permite discriminar entre hipótesis rivales no tiene valor probatorio autónomo.
La segunda razón es jurídica. La expresión «única explicación posible» eleva una inferencia de mera compatibilidad a la categoría de prueba de exclusión de hipótesis alternativas. El Tribunal Supremo ha reiterado que la destrucción de la presunción de inocencia exige que la conclusión condenatoria sea la única racionalmente posible. Cuando el tribunal afirma eso de un indicio aislado sin descartar expresamente las hipótesis rivales, está desplazando la carga de la prueba: ya no es la acusación quien debe probar la culpabilidad, sino el acusado quien debe demostrar que existe otra explicación. Eso invierte el estándar.
La risa del acusado: una inferencia psicológica sin sustento probatorio
El fundamento jurídico cuarto, letra e), responde al argumento defensivo de que «Rafael M.V. se ríe porque no había hecho nada». El tribunal lo descarta con el siguiente razonamiento:
«Esta es una deducción irrazonable, los hechos aunque fueran consentidos no provocan risa, por tanto Rafael M.V. se ríe por el desprecio que demostraron a las víctimas y confiando en que Dª Bernarda se iba a comportar como Dª Érica.»
Este razonamiento incurre exactamente en el mismo error que reprocha a la defensa: sustituye la prueba por la inferencia psicológica.
El tribunal afirma, sin sustento pericial ni empírico alguno, que «los hechos aunque fueran consentidos no provocan risa». Esa afirmación es simplemente falsa como premisa general: el comportamiento humano tras un encuentro sexual, consentido o no, puede incluir cualquier reacción emocional. No existe una regla de experiencia que excluya la risa como reacción compatible con la inocencia.
Más grave aún es el paso siguiente: el tribunal no solo descarta la explicación defensiva, sino que la sustituye por una interpretación de los estados mentales del acusado —desprecio, confianza en que Bernarda reaccionaría como Érica— que no está acreditada por ningún medio de prueba. El tribunal deduce intenciones internas sin ningún apoyo externo. En Derecho Penal, las inferencias sobre estados mentales exigen una base objetiva. Aquí no existe.
Se trata, además, de una inferencia construida contra reo: la ambigüedad de una reacción humana —la risa— se resuelve en el único sentido posible que perjudica al acusado, sin considerar ninguna hipótesis alternativa.
La equimosis: el tribunal como perito sin habilitación
El fundamento jurídico cuarto, letra f), aborda la equimosis sufrida por Bernarda. El tribunal reconoce expresamente que el perito médico de la defensa la calificó de origen indeterminado. A continuación concluye:
«De todos modos, el origen más razonable está en la acción de cogerla del brazo para introducirla fuertemente en el baño.»
Este razonamiento tiene un déficit estructural que merece atención.
La única prueba técnica disponible sobre el origen de la lesión declaró que era indeterminado. La acusación no propuso un contraperitaje forense que vinculara la equimosis a la mecánica concreta que la sentencia describe. No hay ningún dictamen pericial que avale la conclusión del tribunal.
Lo que hace la Sala es asumir una función cuasi-pericial para la que carece de habilitación técnica: determinar el mecanismo causante de una lesión física sin apoyo en ninguna prueba pericial que lo respalde. El razonamiento de que el origen «más razonable» es el agarre del brazo es una inferencia narrativa —encaja con el relato— pero no una conclusión técnica.
La indeterminación pericial debería haber conducido, cuando menos, a no utilizar este elemento como indicio de cargo. La única prueba técnica disponible dejó abierto el origen. Ante esa indeterminación, el principio de in dubio pro reo exige no convertir una lesión de etiología incierta en corroboración de la hipótesis acusatoria. La Sala hace exactamente lo contrario: resuelve la ambigüedad técnica en perjuicio del acusado, asumiendo sin respaldo forense el mecanismo causante que más favorece a la acusación.
Si la equimosis hubiera sido el único indicio de la condena, este razonamiento sería suficiente para revocarla. En el conjunto del cuadro indiciario su peso es menor, pero el método es igualmente incorrecto y el sesgo sistemático que revela, idéntico al de otros pasajes.
Los vídeos aportados por la defensa: valoración indirecta e incontrastable
El fundamento jurídico primero recoge que «las imágenes de los vídeos aportados por la defensa muestran a Dª Bernarda con un rostro que refleja un grave malestar», siendo esa actitud «claramente indiciaria de la intimidación y agresión sufridas».
El problema no es que el tribunal valore los vídeos en sentido contrario a la intención de la defensa, lo que entra dentro de la libre valoración de la prueba. El problema es el modo en que lo hace.
La sentencia no describe con precisión qué muestran las imágenes. No indica en qué momento temporal se sitúan respecto a los hechos. No explica por qué el «grave malestar» observable es incompatible con la hipótesis de la defensa. Se limita a afirmar que el rostro «refleja» una determinada emoción y que esa emoción es «claramente indiciaria» de la agresión.
Esa cadena de inferencias no es controlable. El lector de la sentencia —y el tribunal de casación— no puede contrastar si la apreciación del tribunal sobre el «grave malestar» es acertada, porque la sentencia no lo describe de forma suficiente. Y si no es controlable, no cumple la exigencia de motivación reforzada que la propia sentencia reconoce como necesaria.
Hay además un elemento adicional que merece señalarse: el tribunal utiliza material probatorio aportado por la defensa para fundamentar la condena, sin explicar por qué la interpretación exculpatoria que la defensa pretendía acreditar con esas imágenes es menos razonable que la acusatoria que el tribunal extrae de ellas. Una vez más, la ambigüedad se resuelve en contra del acusado sin justificación explícita.
La deducción de falso testimonio contra los policías locales: el salto argumental más grave
La parte dispositiva de la sentencia acuerda:
«Dedúzcase testimonio de las declaraciones vertidas por los Policías locales de Bétera [...] en el acto del juicio oral, por si fueran constitutivas de un delito de falso testimonio.»
El fundamento de esta decisión se contiene en el segundo fundamento jurídico, donde el tribunal afirma que descarta las declaraciones de los tres agentes ante «la flagrante contradicción de su versión con la de las denunciantes, a las que atribuimos prevalencia probatoria».
Esta decisión merece una crítica técnica directa, y es el ejemplo más claro del sesgo contra reo que recorre la sentencia.
Cuando los policías locales declaran en apoyo de la tesis acusatoria —describiendo el estado de las víctimas, la actitud de los acusados, la situación en la vía pública—, el tribunal los utiliza como corroboración periférica sin cuestionarse su fiabilidad. Cuando los mismos funcionarios declaran en sentido favorable al acusado —refiriendo lo que Bernarda les dijo sobre la voluntariedad de la intimidad—, el tribunal no solo descarta su versión, sino que acuerda su investigación penal por posible delito de falso testimonio. El criterio de valoración de los testigos varía en función de si su declaración favorece o perjudica al acusado. Eso no es libre valoración de la prueba. Es valoración selectiva en contra reo.
Primera cuestión: confusión entre incredibilidad y mendacidad. No dar credibilidad a un testigo es un acto de valoración probatoria. Investigar a un testigo por falso testimonio es atribuirle la comisión de un delito. Son categorías radicalmente distintas. La deducción de testimonio exige indicios de que el testigo ha faltado a la verdad de forma deliberada y consciente. La mera preferencia de otro testimonio no genera esos indicios. Un testigo puede ser considerado poco fiable, equivocado, impreciso o parcial sin que ello implique que ha mentido bajo juramento.
En este caso, el único fundamento explícito para la deducción es la contradicción con la versión de las denunciantes. El tribunal no identifica ningún elemento adicional que apunte específicamente a la mendacidad deliberada de los agentes: no señala que su versión sea inverosímil en sí misma, no indica que hayan faltado a la verdad en otros extremos comprobables, no señala contradicciones internas en sus propias declaraciones.
Segunda cuestión: tres agentes de la autoridad con versión coincidente. Los tres policías locales coincidieron en lo esencial: que Bernarda les dijo que la intimidad fue consentida y que el acusado paró cuando se lo pidió. El hecho de que tres testigos independientes —funcionarios públicos que declaran bajo juramento— ofrezcan la misma versión no es un elemento irrelevante. El tribunal descarta esta coincidencia atribuyendo escasa credibilidad a los tres agentes, pero no explica por qué los tres incurrirían en un falso testimonio coordinado ni qué interés tendrían en hacerlo. La sentencia guarda un silencio elocuente sobre ambas preguntas.
Tercera cuestión: el efecto sistémico. Esta es, probablemente, la consecuencia más grave de la decisión. Si un tribunal puede ordenar la investigación penal de cualquier testigo cuya versión contradiga la hipótesis acogida en sentencia, se introduce en el proceso penal un efecto disuasorio de enorme calado: el testigo que declara lo que percibió, pero cuya percepción diverge de la versión finalmente acogida, queda expuesto a una persecución penal. Eso no solo afecta a los testigos concretos de este procedimiento. Afecta a la libertad de declarar con veracidad en cualquier proceso penal.
El juicio oral necesita testigos libres. No testigos condicionados por el temor a ser investigados si su relato no coincide con el del tribunal.
El razonamiento para descartar a los policías: una asimetría inexplicada
Para descartar la versión de los policías locales, el tribunal utiliza el siguiente argumento en el segundo fundamento jurídico:
«Entendemos que carece de toda lógica que Dª Bernarda, después de su interés por abandonar el lugar y, en principio, ocultar lo sucedido, suponemos que por vergüenza, no tuviera reparo en dirigirse al policía varón para contar una intimidad sin ningún reproche hacia los acusados.»
Este razonamiento tiene un problema de coherencia interna con el resto de la sentencia.
El propio tribunal afirma, en el mismo fundamento jurídico, que Bernarda tardó mucho en contarle lo ocurrido a su padre y que inicialmente le negó que le hubiera pasado algo serio. Es decir, el tribunal acepta que Bernarda ocultó los hechos inicialmente a su propio padre. Si eso no resta credibilidad al relato —lo que el tribunal justifica correctamente apelando a la doctrina sobre el retraso en denunciar—, no puede utilizarse simultáneamente como argumento para afirmar que resulta imposible que hubiera relatado a los policías una versión distinta.
En otras palabras: el tribunal acepta que Bernarda minimizó los hechos ante su padre, pero considera imposible que hubiera minimizado los hechos ante los policías. Esa asimetría no está explicada.
La dirección del razonamiento vuelve a ser siempre la misma: el comportamiento de Bernarda que es favorable al acusado —minimizar los hechos— se acepta cuando lo hace ante el padre y se descarta como imposible cuando lo hace ante los policías. El mismo tipo de conducta recibe una valoración radicalmente distinta según perjudique o beneficie al acusado.
Además, el argumento de que «carece de toda lógica» que Bernarda se dirigiera a un policía varón para contar una intimidad sin reproche es una predicción sobre el comportamiento humano que no está sustentada en ninguna prueba. El tribunal supone lo que Bernarda habría hecho o no habría hecho, y sobre esa suposición descarta el testimonio de tres funcionarios públicos.
La calificación de la técnica defensiva como «intrascendente y superflua»
El cuarto fundamento jurídico califica la estrategia de defensa de Rafael M.V. de «técnica intrascendente y superflua», afirmando que «todas las preguntas versaban sobre extremos irrelevantes y completamente tangenciales a los dos hechos nucleares de las agresiones».
Esta calificación merece un apunte.
El derecho de defensa, reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución Española, incluye el derecho a interrogar a los testigos y a la víctima sobre cuantos extremos considere relevantes para cuestionar su credibilidad. La valoración de si esos extremos son o no relevantes corresponde al tribunal en sentencia, pero la descalificación global de una estrategia defensiva como «intrascendente y superflua» tiene un tono que, leído en el contexto de todos los pasajes anteriores, refuerza la percepción de una resolución que no analiza los argumentos de la defensa con la misma disposición con que analiza los de la acusación.
Un tribunal que califica de superflua la defensa antes de explicar por qué no le da valor probatorio invierte el orden del razonamiento: primero descarta y luego justifica el descarte, en lugar de examinar cada argumento defensivo con la misma profundidad que los de la acusación.
La individualización de la pena: una motivación que requiere mayor precisión
El décimo fundamento jurídico justifica la imposición de la pena por encima del mínimo absoluto por dos razones: la reiteración de dos actos de agresión sucesivos y la gravedad de las consecuencias emocionales y psíquicas de la víctima.
La STS, Sala Segunda, núm. 919/2023, de 14 de diciembre, citada por la propia sentencia, exige motivación extremadamente rigurosa para apartarse del mínimo legal en ausencia de circunstancias modificativas. Esa exigencia es trasladable al caso.
La reiteración de dos agresiones sucesivas es un criterio que el propio tipo penal puede contemplar de distintos modos. En algunos supuestos, si las dos agresiones han sido ya tenidas en cuenta para la calificación jurídica —como fundamento de la aplicación del artículo 179 en relación con el 178— utilizarlas de nuevo como criterio agravatorio de la pena podría dar lugar a una doble valoración del mismo elemento en perjuicio del acusado. La sentencia no desarrolla este punto con la precisión que la doctrina del Tribunal Supremo sobre la individualización de la pena requiere. La defensa tiene aquí un argumento técnico de interés para la casación.
Lo que la sentencia sostiene con solidez
Un análisis crítico que solo señala defectos carece de rigor. La credibilidad del análisis exige identificar también los pasajes donde la Sala razona correctamente y donde la condena tiene una base probatoria genuinamente difícil de atacar.
El indicio de mayor solidez de toda la resolución es el estado de Bernarda al salir del cuarto de baño, corroborado por fuentes que no tenían interés en favorecer a la denunciante: Érica, que inicialmente no partía de la hipótesis de una agresión e incluso increpó a su amiga; Cornelio, amigo de los acusados, que reconoció haberle llevado un vaso de agua para tranquilizarla; y los vigilantes de seguridad de la urbanización, que describieron el estado de las jóvenes al llegar. La convergencia de estos testimonios sobre un hecho externamente perceptible es exactamente el tipo de corroboración periférica que el Tribunal Supremo considera de mayor calidad, porque no puede explicarse como extensión del relato de la víctima a otros actores.
También es correcta la respuesta al argumento defensivo sobre la imposibilidad física de que Bernarda se zafara: la sentencia señala que sí lo hizo en dos ocasiones concretas y describe cómo, lo que evidencia que el tribunal analizó el argumento y lo contestó con datos fácticos.
Igualmente, la calificación jurídica de los hechos de Pablo J.G. —agresión sexual, lesiones leves y delito contra la integridad moral— está bien construida y suficientemente motivada, apoyada en reconocimientos expresos del propio acusado y en testimonios de los vigilantes de seguridad.
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