- El Gobierno ha puesto en marcha la tramitación urgente de un Real Decreto que permitirá regularizar de forma extraordinaria a personas extranjeras que ya se encuentran en España.
- El texto, actualmente en fase de audiencia pública según la nota oficial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones abre la puerta a un proceso excepcional que previsiblemente estará operativo desde principios de abril hasta el 30 de junio de 2026 y que podría afectar a cientos de miles de personas.
No se trata de una reforma estructural del sistema migratorio, sino de una intervención extraordinaria para “poner el contador a cero” ante situaciones de irregularidad administrativa acumuladas durante años. El Ejecutivo opta por la vía reglamentaria como mecanismo más ágil para dar cobertura jurídica a una realidad ya existente en el mercado laboral y en la vida social española.
La medida establece un criterio temporal claro: podrán acogerse quienes acrediten haber residido en España antes del 31 de diciembre de 2025 y demuestren una permanencia continuada mínima de cinco meses en el momento de presentar la solicitud. Será imprescindible carecer de antecedentes penales. En el caso de solicitantes de protección internacional, bastará con que la petición se hubiera presentado antes de esa fecha y pueda acreditarse.
El aspecto más relevante del procedimiento es su efecto inmediato sobre el empleo. Según el propio Ministerio, la mera admisión a trámite —que deberá resolverse en un máximo de quince días— permitirá a la persona solicitante comenzar a trabajar provisionalmente. La autorización concedida será de residencia con habilitación automática para trabajar en cualquier sector y en todo el territorio nacional, con una vigencia inicial de un año.
Para el tejido empresarial, la medida supone un instrumento de regularización laboral con impacto directo en sectores donde la presencia de trabajadores extranjeros es estructural, como la hostelería, la agricultura o los cuidados. Para las personas afectadas, implica acceso a cotización, derechos sociales y estabilidad administrativa.
Desde una perspectiva jurídica, el verdadero núcleo del procedimiento no estará tanto en el diseño normativo —que es claro— como en la prueba. La acreditación de la permanencia continuada será el punto crítico. Documentación sanitaria, educativa, contratos de alquiler, movimientos bancarios o empadronamientos serán piezas clave en expedientes que, previsiblemente, exigirán coherencia documental y estrategia técnica.
Walter Merino, abogado especialista en Derecho de Extranjería de Unive Abogados, subraya que “la norma, tal y como está planteada, abre una oportunidad real para miles de personas, pero no elimina la necesidad de un estudio individualizado de cada caso. La viabilidad dependerá de cómo se acredite la permanencia y de la consistencia del expediente administrativo”.
Merino advierte además de que “el momento de la presentación será determinante. La admisión a trámite activa el permiso de trabajo provisional, por lo que una preparación rigurosa del expediente no es solo una cuestión formal, sino estratégica”. En su opinión, el proceso puede generar un volumen elevado de solicitudes en las primeras semanas, lo que obligará a anticiparse y estructurar adecuadamente la documentación.
El Gobierno enmarca esta regularización dentro de una tradición histórica de procesos extraordinarios que España ha activado desde los años ochenta cuando la realidad social ha superado la capacidad de absorción del sistema ordinario. El Ministerio estima que el alcance podría situarse en torno a medio millón de personas, lo que convertiría este proceso en uno de los más relevantes desde 2005.
Más allá del debate político, el Real Decreto configura una ventana temporal limitada que cierra el 30 de junio de 2026. No es una reforma permanente, sino una medida excepcional con fecha de caducidad. Y, como en toda regularización extraordinaria, el éxito no dependerá solo de cumplir los requisitos formales, sino de cómo se construya jurídicamente cada solicitud.
