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Cuando una administración pública inicia un proceso de expropiación forzosa, lo hace amparada por el interés general. Sin embargo, la ley también protege al propietario, que no puede oponerse a ceder el terreno, pero sí tiene derecho a recibir una compensación económica justa, conocida como justiprecio.

El cálculo del justiprecio es uno de los elementos más delicados de este procedimiento, y muchas veces es motivo de conflicto. En este artículo te explicamos cómo se determina esa cantidad, qué criterios se utilizan y cómo reclamar si consideras que el valor propuesto no se ajusta a la realidad.

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