Javier Martín García. Decano Ilustre Colegio de la Abogacía de Valladolid En las IX Jornadas de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo General de la Abogacía, celebradas hace escasas fechas en la bella ciudad de Salamanca, tuvimos la oportunidad _desde mi punto de vista, desaprovechada_ de debatir sobre el modelo que desde la abogacía se quiere para la organización y gestión de los servicios de turno de oficio y asistencia jurídica gratuita.
Es cierto que se debatió en profundidad sobre esa futura nueva ley en las VIII Jornadas, celebradas en la aún más bella ciudad de Valladolid hace algo más de dos años, pero era este y ahora el momento idóneo para refrescar ideas y fijar conceptos, ante la que parece inminente aprobación del texto del anteproyecto y la apertura del trámite de información pública.
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Javier Martin, decano de Valladolid explica en este análisis los cambios claves que necesita la nueva Ley de Justicia Gratuita (Imagen cedida por el autor) |
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En la primera de las mesas del viernes, en la que participaban las representantes de las diferentes asociaciones y sindicatos, se planteó al término de la misma una cuestión que me suscitó especial inquietud. La representante de una de las asociaciones manifestó querer que la nueva Ley regulara a la abogacía del turno de oficio. No recuerdo las palabras exactas, pero dijo algo así como “quiero que nos regulen”.
Pese a haber solicitado la palabra, no pude intervenir por falta de tiempo, de ahí que quiera ahora expresar en estas líneas mi parecer sobre un tema tan polémico. Y es que “yo no quiero que me regulen”. Es esta una cuestión, desde mi punto de vista, que parte de una idea errónea, o al menos discrepante con la que algunos tenemos, sobre la abogacía de oficio.
No existe una abogacía específica y diferente para la prestación de los servicios de turno de oficio y justicia gratuita, sino que todas y todos somos abogadas y abogados, sin más, solo que algunos además prestamos estos servicios, idénticos a los de libre designación a la hora de establecer estrategias de defensa, intervención en comparecencia, actos, vistas y juicios, etc.
Como tales profesionales de la abogacía, al margen de ser un cliente de libre elección o designado de oficio, estamos sometidos al mismo control deontológico y a las mismas reglas organizativas. Porque precisamente uno de los grandes privilegios de esta profesión es la capacidad de autorregulación, la capacidad de la profesión para establecer sus propias normas de acceso, capacitación, ética y régimen disciplinario, garantizándose de este modo la independencia y libertad del profesional de la abogacía en el desempeño de sus funciones.
Por eso no quiero que el legislador me regule como profesional de oficio, ni que el ejecutivo me controle e imponga exigencias que cumplir, sino que se le delegue a los Consejos y Colegios la prestación de dichos servicios de turno de oficio y justicia gratuita, y sean estos los que regulen su forma de prestación por parte de los profesionales de la abogacía.
Modelo de gestion funciona
Insisto en que esta es una opinión personal, que comparto desde mi experiencia como abogado que soy del turno de oficio desde que me colegié allá por 1995, y desde la gestión de estos servicios como parte integrante de esa llamada abogacía institucional. Estoy convencido de que el modelo actual de gestión y organización por parte de los Consejos y Colegios es el mejor de los posibles, con total autonomía y absoluta independencia, sin injerencias ni imposiciones por parte del Gobierno. Pero esto ya lo expliqué en un artículo en este mismo medio hace unos meses, bajo el título “relato y verdad en justicia gratuita”, al que me remito si fuera de su interés.
Lo que resulta de enorme gravedad es sin duda la diáspora de abogadas y abogados de oficio que se está produciendo, especialmente en las guardias de asistencia al detenido, en las que estamos padeciendo una pérdida progresiva de profesiones en la prestación de este servicio, no ya tanto por las ridículas compensaciones que se establecen en los módulos del anexo II del Real Decreto 141/2021, que también, sino sobre todo por el desánimo que generan las actuaciones y procedimientos por los que no se percibe ningún tipo de compensación económica, y que tienen su causa en la desidia del posible beneficiario o en cuestiones meramente burocráticas, viéndose obligado el profesional a realizar su trabajo, asumiendo en cualquier caso una responsabilidad muy importante.
Por todo ello, debemos concretar desde la abogacía, tras un previo e intenso debate, los cambios fundamentales que queremos en esta futura nueva ley, y centrar nuestros esfuerzos en ello, y que entiendo que deben ser [1] la garantía de cobro de todos los procedimientos y actuaciones, [2] la implementación de un sistema con menor carga burocrática para el profesional, [3] el pago de todas las actuaciones y procedimiento en que el profesional interviene por obligación legal o a requerimiento de un órgano judicial,
[4] el pago de aquellas actuaciones (MASC, conciliaciones laborales, reclamación previa administrativa, etc) en las que, aun no siendo preceptiva la intervención de letrado, sean requisito previo imprescindible para el acceso a la vía judicial, [5] el pago de la disponibilidad del profesional en todas las guardias y la implantación de guardias en todos los servicios que conllevan asistencia inmediata al ciudadano, [6] la actualización automática, de los baremos y módulos de compensación a través de algún índice publicado anualmente que sea acorde con el incremento del coste de la vida, y [7] el incremento del importe que por gastos de infraestructura perciben los colegios y consejos por la tramitación de los expedientes de justicia gratuita, estableciéndose también un índice automático de actualización.
En todo ello se ha trabajado con intensidad desde la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española y, pese a no haberse trasladado ni una sola línea de ese proyecto por parte del Ministerio al Consejo; sin embargo, sí se le han aportado desde esta institución las grandes reformas que se reclaman desde la abogacía.
Hay que generar más debate en el CGAE
Pero para llegar a establecer esas líneas básicas fundamentales no basta solo con esos trabajos, siendo necesario un paso más, cual es la apertura de un amplio y profundo debate en el seno del propio Consejo. Es necesario que exista una mayor capacidad analítica y racional que permita construir, desde el estudio de los diferentes posibles modelos y diferentes planteamientos, el sistema más garantista con los derechos de defensa y de acceso a la justicia de los más desfavorecidos en condiciones de igualdad, y todo ello con un debate abierto a todos los consejeros, en el que podamos contrastar, opinar, debatir y consensuar esas líneas básicas que deben recogerse en esa futura nueva Ley.
Digo todo esto con la amargura que exuda un sincero ejercicio de autocrítica, pero también con el conocimiento de causa derivado de mi pertenencia al Grupo de trabajo de la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que se creó en el seno del Consejo General de la Abogacía Española, habiendo trabajado intensamente para lograr que se me incluyera en el mismo, con una ilusión y unas ganas de trabajar enormes. Creo _y esto es una apreciación personal_ que el equipo humano, las capacidades técnicas y la experiencia de quienes integramos ese Grupo no están siendo suficientemente aprovechadas.
Es cierto que el Ministerio no ha sido capaz de transmitirnos siquiera una idea del modelo de gestión y prestación de los servicios de justicia gratuita que pretenden en esa anunciada y anhelada nueva ley.
Pero también es cierto que desde la abogacía institucional tampoco hemos sido capaces de consensuar y trabajar ese modelo que mayoritariamente seamos capaces de perfilar, ni por supuesto de informar con absoluta transparencia de las líneas de actuación compartidas con el Ministerio, e incluso trasladar a los Consejos, Colegios y profesionales un documento de trabajo que poder mejorar entre todos. Quizá, y solo digo quizá, hubiera sido interesante contar con un documento completo que toda la abogacía pudiera conocer, y que contrastar, punto por punto, con el anteproyecto que pueda publicar el Ministerio.
Esperemos por tanto ahora, una vez más, ese anteproyecto cuya aprobación parece inminente, para poder examinar el mismo, y retomar contrarreloj unos trabajos con parte del terreno ya perdido. Y sobre todo, trabajemos todos con un objetivo común y un proyecto del que todos nos sintamos orgullosos partícipes. Es el momento de lograr un salto de calidad en un servicio que, siendo el mejor valorado dentro de los existentes en la administración de justicia, debe compensar de forma justa y universal a quienes lo hacemos posible.