El colectivo Mutualistas por el Futuro ha valorado positivamente el desarrollo de la sesión celebrada el pasado 17 de julio en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI), en la que se abordó la situación jurídica del sistema mutualista español. La exposición del caso ante esta instancia comunitaria permitió recabar la valoración de la Comisión Europea, cuyo pronunciamiento ha sido claro: no se aprecia ninguna vulneración del Derecho de la Unión Europea por parte del modelo mutualista español.
Dicho pronunciamiento, aunque provisional, ha sido recibido por Mutualistas por el Futuro como un respaldo institucional significativo, al reafirmar la plena conformidad del régimen mutualista con la normativa comunitaria vigente, proporcionando seguridad jurídica a miles de profesionales y centrándose en la necesidad de debatir cualquier reforma desde el ámbito legislativo nacional.
La Comisión Europea insistió en que el diseño y gestión de los sistemas de pensiones corresponde exclusivamente a cada Estado miembro, y en ese marco, corresponde a España valorar, en su caso, una pasarela legislativa hacia el sistema público de Seguridad Social. Asimismo, se subrayó que las mutualidades profesionales cumplen con las directivas europeas sobre igualdad de trato, incluidos los criterios actuariales diferenciados por sexo recogidos en la Directiva 2006/54/CE, y no existen indicios de discriminación normativa.
Para Mutualistas por el Futuro, esta posición institucional refuerza la idea de que el modelo mutualista alternativo sigue siendo una opción válida, legal y regulada, y que cualquier evolución futura debe abordarse con garantías, diálogo y respeto por los derechos adquiridos.
Proteger la alternatividad con garantías
Mutualistas por el Futuro advierte, no obstante, que el sistema se enfrenta a una transformación profunda. La proposición de Ley actualmente en tramitación plantea la eliminación del modelo de alternatividad para nuevos colegiados a partir de 2027, lo que podría suponer un quiebre legislativo sin precedentes.
Este modelo ha permitido durante décadas que miles de profesionales opten legalmente por cotizar a través de sus mutualidades de previsión social, en lugar de integrarse en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Reconocido por la Seguridad Social, se basa en un sistema de capitalización individual, sustentado por los fondos acumulados por cada mutualista.
Desde Mutualistas por el Futuro se defiende que este régimen no puede suprimirse sin escuchar a quienes forman parte del mismo, ni sin evaluar las consecuencias jurídicas, financieras y sociales que derivarían de su supresión. Por ello, el colectivo ha lanzado una recogida de firmas y un manifiesto público en defensa de:
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La pluralidad de modelos en el sistema de previsión
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El respeto a los derechos adquiridos
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La preservación de la alternatividad como opción legal, justa y sostenible
“Defendemos un mutualismo fuerte, transparente y abierto a la participación, que pueda convivir con otras opciones legítimas dentro del sistema de protección social”, señala el colectivo en su comunicado.
Llamamiento al diálogo y al respeto institucional
Mutualistas por el Futuro continuará trabajando activamente para que cualquier reforma normativa se construya desde el diálogo, la equidad y el respeto a los profesionales, garantizando que no se vulneren compromisos adquiridos ni expectativas legítimas. La posición de las instituciones europeas aporta un marco de estabilidad que debe servir como punto de partida para diseñar soluciones sostenibles, sin imposiciones ni rupturas abruptas.
A juicio del colectivo, avanzar hacia un sistema más flexible, justo y adaptado a la diversidad de trayectorias profesionales requiere de un enfoque técnico y político responsable, en el que todas las voces sean escuchadas y los principios de pluralidad y seguridad jurídica sean respetados.
Con el apoyo creciente de mutualistas, juristas y expertos, Mutualistas por el Futuro seguirá representando una postura constructiva y comprometida con la evolución del modelo mutualista en España, buscando siempre protección efectiva, transparencia institucional y estabilidad regulatoria.