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Área de Responsabilidad Civil de DOMINGO MONFORTE Abogados Asociados

Colaboración: Programa formativo ‘Festina lente’

De la exigencia ética a la responsabilidad legal. La STS 973/2022, de 19 de diciembre, recuerda que no toda deslealtad profesional constituye delito y que la protección del cliente debe convivir con los límites del principio de legalidad.

La lealtad constituye uno de los fundamentos esenciales de la abogacía. Sin ella, la confianza pierde su razón de ser y la defensa jurídica queda reducida a una prestación técnica desprovista de su principal compromiso: proteger los intereses de quien los confía a un profesional. Pero la lealtad plantea una cuestión que trasciende la ética: ¿en qué momento una exigencia moral adquiere la condición de obligación jurídica y qué consecuencias deben derivarse de su incumplimiento?

La respuesta obliga a distinguir entre los deberes que definen el ejercicio profesional y los diferentes mecanismos de responsabilidad que el ordenamiento establece para garantizar su cumplimiento. Porque la lealtad no es una recomendación de buena conducta, pero tampoco cualquier infracción de ese deber puede convertirse en delito.

De la ética profesional a la norma jurídica

La lealtad nace de una relación singular de confianza. Quien acude a un abogado no entrega únicamente documentación o encomienda una gestión. Deposita en él información reservada, expectativas, decisiones y, en ocasiones, una parte sustancial de su patrimonio o de su libertad. Esa posición de confianza genera un deber especialmente exigente, incompatible con el engaño, el conflicto de intereses, la ocultación de información relevante o el abandono injustificado de la defensa.

Tradicionalmente, este compromiso encontraba su expresión en la deontología profesional y en el principio de buena fe contractual del artículo 1258 del Código Civil. El Código Deontológico de la Abogacía Española lo concreta especialmente en su artículo 4, al exigir una conducta íntegra, honrada, leal, veraz y diligente. Por su parte, el artículo 47 del Estatuto General de la Abogacía impone la máxima diligencia y la atención prioritaria a los intereses del cliente.

La aprobación de la Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa, refuerza expresamente esta construcción normativa. Su artículo 19.1 incorpora la lealtad y la honestidad entre los deberes que deben guiar la actuación profesional, mientras que el artículo 20 reconoce la función jurídica de las obligaciones deontológicas.

Se produce así una afirmación legislativa de especial relevancia: la lealtad, sin perder su naturaleza ética, forma parte del contenido jurídicamente exigible de la prestación profesional.

No significa que antes careciera de eficacia normativa, sino que el legislador ha querido reconocer expresamente su trascendencia para la efectividad del derecho de defensa.

Ahora bien, la lealtad no equivale a obediencia incondicional. El abogado debe defender los intereses legítimos del cliente con independencia de criterio, respetando la legalidad, la buena fe procesal y las exigencias propias de la Administración de Justicia. Su compromiso no consiste en garantizar resultados ni en ejecutar cualquier instrucción recibida, sino en proporcionar una defensa técnicamente solvente, honesta y fiel al encargo asumido.

Esta dimensión ha sido objeto de anteriores reflexiones de Domingo Monforte Abogados Asociados en este medio Law&Trends, particularmente en los artículos «Abogados. Responsabilidad profesional. Infracción de los deberes de diligencia y lealtad» (20 de diciembre de 2023) y «Responsabilidad civil profesional. Abogados. La relación de confianza y el deber de lealtad» (13 de mayo de 2024).

La deslealtad y sus diferentes consecuencias jurídicas

La infracción del deber de lealtad puede desplegar consecuencias disciplinarias, civiles e incluso penales. Sin embargo, estos planos de responsabilidad responden a presupuestos diferentes.

La responsabilidad disciplinaria protege el correcto ejercicio de la profesión y sus exigencias deontológicas. La civil permite reparar los daños derivados del incumplimiento contractual o de una actuación negligente, siempre que concurran los presupuestos de imputación, causalidad y perjuicio indemnizable.

El Derecho penal, por el contrario, interviene únicamente cuando la conducta reúne todos los elementos de un tipo delictivo.

El artículo 467 del Código Penal sanciona determinadas conductas de deslealtad profesional. Su apartado segundo contempla el supuesto del abogado o procurador que, mediante acción u omisión, perjudica manifiestamente los intereses encomendados, incluyendo una modalidad de comisión por imprudencia grave.

No basta, por tanto, con acreditar una actuación profesional incorrecta. Es necesario demostrar la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos exigidos por la norma penal, incluida la especial condición profesional del autor.

Esta última exigencia resultó decisiva en la Sentencia del Tribunal Supremo 973/2022, de 19 de diciembre, cuya solución pone de manifiesto la diferencia entre una conducta jurídicamente reprochable y una conducta penalmente típica.

El caso: un cliente privado de la posibilidad de recurrir

El supuesto examinado por la Sala Segunda partía de un encargo profesional formalizado en 2009 para reclamar responsabilidad patrimonial a la Administración sanitaria.

La reclamación, presentada en 2011, fue desestimada mediante resolución de 27 de enero de 2016, notificada al domicilio designado el 3 de febrero siguiente. Aunque la resolución llegó a conocimiento de quienes intervenían en la gestión del asunto, el cliente no fue informado de su desestimación. Solo en julio de 2017 conoció lo sucedido, cuando ya habían transcurrido los plazos ordinarios para impugnarla.

El Juzgado de lo Penal condenó al responsable de la gestión por deslealtad profesional, imponiéndole, además de las penas correspondientes, una indemnización de 30.000 euros. La Audiencia Provincial de Valencia confirmó la condena.

Sin embargo, existía un dato determinante: quien había asumido el encargo figuraba como colegiado no ejerciente desde febrero de 2005, varios años antes del inicio de la relación contractual.

El Tribunal Supremo estimó el recurso de casación y absolvió al acusado.

La razón no fue la inexistencia del perjuicio ni una declaración de corrección de su conducta. La absolución obedeció a la falta de uno de los elementos necesarios para aplicar el artículo 467.2 del Código Penal: la condición jurídica de abogado exigida al sujeto activo.

La legalidad penal como límite de la responsabilidad

La sentencia considera que la deslealtad profesional es un delito especial propio, cuya comisión exige una determinada cualificación jurídica del autor.

La Sala acude al artículo 4 del Estatuto General de la Abogacía, que vincula la condición profesional de abogado a la incorporación colegial como ejerciente. La denominación coloquial de abogado, o incluso la realización material de actividades de asesoramiento, no permite ampliar por interpretación el círculo de sujetos a quienes puede aplicarse el tipo penal.

El razonamiento responde al principio de legalidad y a la prohibición de interpretaciones extensivas desfavorables al acusado. Ningún reproche moral, por intenso que resulte, autoriza al juzgador a modificar los presupuestos legales de una condena.

La sentencia contiene, además, una reflexión sobre el carácter de última ratio del Derecho penal: no toda negligencia profesional, ni siquiera toda infracción grave de los deberes de lealtad, justifica por sí misma la intervención punitiva.

El fallo presenta una consecuencia particularmente significativa. La absolución dejó sin efecto también la indemnización reconocida en el proceso penal, pero ello no implicaba negar toda posibilidad de reparación.

El propio Tribunal Supremo señala la vía contractual y la eventual responsabilidad disciplinaria del colegiado no ejerciente como cauces distintos de exigencia de responsabilidad.

En el ámbito civil, la cuestión habría de centrarse en la existencia del encargo, el incumplimiento del deber de información, la relación causal y el daño efectivamente producido. La pérdida de la posibilidad de recurrir puede constituir un perjuicio indemnizable, pero su valoración exige examinar la oportunidad real de obtener una resolución favorable. No equivale automáticamente al importe de la pretensión frustrada.

La lealtad obliga; la legalidad también

La resolución permite advertir una aparente paradoja: quien actúa sin reunir la condición profesional exigida puede quedar fuera de un delito específicamente concebido para sancionar la deslealtad de los profesionales de la abogacía.

Pero esa consecuencia no legitima la conducta ni convierte la absolución penal en una declaración de ausencia de responsabilidad.

La lealtad profesional constituye hoy una obligación jurídica expresamente reconocida, cuyo incumplimiento puede justificar respuestas diferentes según la naturaleza y gravedad de los hechos. La responsabilidad debe exigirse por el cauce adecuado, no mediante una ampliación artificial de la norma penal.

La confianza del cliente merece protección efectiva. El principio de legalidad, también. Y la madurez de un sistema jurídico se demuestra precisamente cuando es capaz de proteger ambos valores sin sacrificar ninguno.

La lealtad compromete al abogado. La legalidad compromete al Estado. La justicia exige respetar las dos.