Estos días, ando absorto formalizando un recurso de casación para la unificación de doctrina en materia de falsos autónomos. La cosa deriva de una de aquellas demandas de oficio que hoy ya no se pueden interponer porque se ha derogado la norma que permitía a la Administración emprender este tipo de acciones. Llevo la defensa de una de las empresas “damnificadas”.
Como quien no quiere la cosa, iniciamos el asunto en el año 2018, es decir, hace ya siete años. La vista del juicio oral duró unas 8 horas. La sentencia de instancia, tardó nada menos que dos años en salir y resultó favorable a los intereses de mi cliente. Contra tal sentencia, se interpusieron cuatro recursos de suplicación, que pacientemente fueron impugnados por mi parte, uno por uno.
Paralelamente, se seguían en otros Juzgados otros pleitos parecidos, con resultados dispares, pero que dieron lugar a una abrumadora mayoría de pronunciamientos favorables a las empresas. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, tras haber inadmitido a trámite, nada menos que nueve recursos de casación para la unificación de la doctrina, admite, sorpresivamente, el recurso que hacía diez y le da la vuelta a la situación, dictando una sentencia favorable a la Administración demandante. Poco tiempo después, la Sala del Tribunal Superior de Justicia en la que se tramitaban “mis” cuatro recursos de suplicación, dicta sentencia que es un copia-pega descarado de la del Tribunal Supremo, llegando a afirmar, incluso, que ni tan siquiera es necesario, entrar a conocer de alguno de los motivos de los recursos, por lo que quedan sin el obligado pronunciamiento determinadas cuestiones planteadas por las partes.
Y ahí me tenéis, despertándome a las 3 de la mañana, dándole vueltas al caso, buscando y rebuscando argumentos que por lo menos, propicien la admisión a trámite de mi recurso, cosa que no pinta nada bien, por cierto.
A todo esto y paradójicamente, los realmente perjudicados, acaban siendo los supuestos falsos autónomos, que sin comerlo ni beberlo, llevan ya siete años sin saber si son autónomos o no y sin saber a qué prestaciones de la Seguridad Social, van a tener derecho. Y van a estar unos cuantos años más sin saberlo, porque esto acaba, seguro, en el Constitucional o en Europa. Y veremos, si cuando el asunto termine, quedará alguna empresa en pie para responder en el caso de que finalmente sea condenada en firme. Yo, seguro que ya me habré jubilado del todo.
Este tipo de situaciones, hacen cuestionar y mucho, si nuestro sistema judicial y administrativo, nos lleva a alguna parte.
Sigo empleándome a fondo con mi recurso que es mi deber profesional, pero podéis imaginar con qué estado de ánimo.
