El tesorero que votó contra sus propias cuentas: estudio de un caso ¿Por qué no dimite el Tesorero del Ilustre Colegio de Alcalá de Henares?

La reciente Junta General Extraordinaria del Ilustre Colegio de la Abogacía de Alcalá de Henares, celebrada el pasado 22 de diciembre, nos brindó una actuación difícil de olvidar y aún más difícil de explicar. Lo vivido dejó a no pocos asistentes entre la estupefacción y la inquietud. Especialmente destacable fue el papel singular del Tesorero, quien, en un ejercicio de creatividad institucional digno de estudio, pareció optar por una suerte de autoinmolación política, convirtiendo la sesión en una pira funeraria a la que, de paso, pretendía arrastrar al resto de los miembros de la Junta de Gobierno de la que forma parte, quizá con la expectativa de renacer posteriormente de sus propias cenizas, libre ya de antiguos compañeros de viaje y dispuesto a ocupar de nuevo su asiento en una Junta convenientemente depurada. Todo ello no tanto para preservar el buen gobierno del Colegio como para desacreditarlo desde dentro. Una forma de proceder hasta ahora desconocida que, de consolidarse, promete cualquier cosa menos un futuro institucional tranquilizador.

Aunque el debate se planteó formalmente en torno a la aprobación de las cuentas anuales, los hechos ponen de manifiesto una estrategia de desgaste político interno, basada en el uso instrumental de los mecanismos de control económico con fines ajenos a su naturaleza. Esta actuación resulta jurídicamente impropia y éticamente censurable toda vez que el Tesorero es el responsable directo de la elaboración y defensa de dichas cuentas y no un órgano de fiscalización independiente.

Conviene recordar que los Colegios Profesionales, conforme al artículo 1 de la Ley sobre Colegios Profesionales, son corporaciones de derecho público con personalidad jurídica propia. Su funcionamiento no se rige por tácticas personales ni por lógicas de confrontación interna, sino por el estricto cumplimiento de sus Estatutos y del marco legal vigente, tal como impone el artículo 6.1 de la citada norma. Precisamente por ello, quienes ostentan cargos de gobierno asumen un deber reforzado de lealtad institucional, responsabilidad y coherencia en su actuación.

Este artículo no pretende defender a unos u otros, ni emitir juicios de afinidad personal o ideológica. Las discrepancias sobre la gestión de la Junta de Gobierno son no solo legítimas, sino saludables en cualquier institución colegial, y la opinión que cada cual tenga sobre su funcionamiento hasta la fecha podrá ser mejor o peor. Es perfectamente legítimo que los colegiados rechacen unas cuentas cuando consideran que la gestión ha sido inadecuada y que esa gestión sea debatida con normalidad, nadie lo discute. Lo que resulta jurídicamente anómalo y éticamente reprobable es que sea el propio Tesorero —responsable directo de la elaboración, supervisión y defensa de dichas cuentas— quien inste expresamente a su rechazo, no como consecuencia de una asunción personal de responsabilidades ni como parte de un debate institucional sano, sino como una maniobra dirigida a desestabilizar a la Junta de

Gobierno en su conjunto. Nada de ello justifica episodios tan poco edificantes como los que tuvimos que contemplar el pasado 22 de diciembre.

El Tesorero no actúa como un fiscal externo ni como un órgano de control independiente: es miembro de pleno derecho del órgano que presenta las cuentas. Utilizar su posición institucional para desautorizar públicamente la gestión económica que él mismo ha dirigido supone una quiebra consciente del deber de lealtad y una utilización instrumental del cargo con fines ajenos al interés general del Colegio.

Más grave aún es que esta conducta se traduzca en un intento deliberado de convertir la votación de las cuentas en un mecanismo indirecto de presión para forzar la dimisión de la Junta de Gobierno, eludiendo los procedimientos estatutarios previstos para la exigencia de responsabilidades políticas internas. No estamos ante un ejercicio de transparencia, sino ante una estrategia de desgaste que sacrifica la estabilidad institucional en beneficio de un conflicto interno mal gestionado —o directamente provocado—.

Discrepancia Junta de Gobierno

Si existía una discrepancia insalvable dentro de la Junta de Gobierno respecto de la gestión económica, la vía responsable habría sido abordarla internamente o, en su caso, asumir las consecuencias políticas de manera personal. Lo que resulta inaceptable es trasladar ese conflicto a una Asamblea de colegiados sin una información previa, clara y completa, convirtiéndola en escenario de una pugna interna que los asistentes no están en condiciones de valorar con pleno conocimiento de causa.

En tales circunstancias, el voto deja de ser una expresión libre e informada de la voluntad colectiva para convertirse en una reacción inducida frente a un relato incompleto y confuso. Se pervierte así el principio democrático que debe presidir la actividad colegial y se vulneran las funciones legales atribuidas a los Colegios Profesionales, entre ellas la de velar por la ética, la dignidad y la correcta ordenación de la actividad profesional.

La sesión celebrada el 22 de diciembre estuvo, además, marcada por una confusión procedimental de notable gravedad. Preguntados expresamente la Secretaría y el Tesorero acerca de si las cuentas correspondientes al ejercicio 2023 habían sido aprobadas, ambos manifestaron inicialmente que así era. Posteriormente se sometieron a votación las cuentas de 2024 y, una vez finalizada dicha votación, se indicó que las cuentas de 2023, en realidad, no habían sido aprobadas. Esta secuencia de afirmaciones contradictorias resulta difícilmente justificable desde el punto de vista procedimental.

Lejos de tratarse de un simple error organizativo, lo ocurrido pone de manifiesto una quiebra de las reglas esenciales de formación de la voluntad del órgano colegiado. El respeto al procedimiento no constituye una formalidad vacía, sino una garantía básica del funcionamiento democrático de cualquier institución colegial. Su vulneración puede determinar la nulidad de pleno derecho de los acuerdos adoptados, especialmente cuando se genera un grado de incertidumbre tal que ni siquiera los propios asistentes pueden conocer con certeza qué se ha votado y cuáles son los efectos de dichas votaciones.

La percepción, ampliamente compartida, de que la votación de las cuentas fue utilizada como un auténtico “voto de castigo” confirma la existencia de una verdadera moción de censura encubierta, promovida desde dentro de la propia Junta de Gobierno por personas concretas. La escenografía, dicho sea de paso, resultaba plenamente coherente con el propósito: en el centro de la escena, el Decano, como si de Ana Bolena se tratase, flanqueado a ambos lados por quienes parecían ejercer de improvisados verdugos, con rictus severos y gesto adusto. Todos, salvo el Tesorero, que se mostraba visiblemente cómodo, incluso complacido por el hecho de que no se aprobaran sus cuentas, ni su presupuesto, como si la situación le resultara especialmente favorable. Esa discordancia gestual, lejos de tranquilizar, contribuyó a descolocar aún más a los asistentes. En todo caso, esta práctica desnaturaliza por completo la rendición de cuentas y elude las garantías, mayorías y requisitos formales que los Estatutos establecen para el cese de los cargos colegiales.

No estamos, por tanto, ante una mera irregularidad técnica, sino ante una amenaza directa a la seguridad jurídica y a la confianza de los colegiados en las instituciones que los representan.

Todo ello se vio además amplificado por un problema estructural: la bajísima participación, decisiones de enorme trascendencia fueron adoptadas por una minoría muy reducida de colegiados, apenas una treintena de votos en un Colegio que supera con creces el millar de colegiados. Permitir que una maniobra interna, impulsada por un cargo de gobierno, tenga consecuencias tan profundas con un respaldo tan exiguo no puede considerarse una defensa del interés general.

Un sistema de participación exclusivamente presencial, sin mecanismos de delegación ni alternativas telemáticas, deja a la institución a merced de minorías organizadas, semejantes a clubes de fans, capaces de imponer su criterio en el momento oportuno.

Una forma de actuar peculiar

Los hechos descritos no constituyen un episodio menor ni una simple discrepancia contable. Revelan una forma de actuar que pone en riesgo los principios de legalidad, transparencia y democracia interna, y que utiliza de manera torticera un cargo institucional para desestabilizar al propio órgano de gobierno.

A corto plazo, resulta imprescindible una participación masiva, crítica y consciente de la colegiación. El voto informado es la única defensa frente a estrategias internas que se nutren de la apatía generalizada.

A medio plazo, se impone una reforma estatutaria que incorpore mecanismos de participación más amplios y eficaces, evitando que el futuro del Colegio quede condicionado por maniobras internas y respaldos ínfimos.

El Colegio no puede ni debe convertirse en rehén de estrategias personales ni de deslealtades institucionales. Más allá de las motivaciones concretas del Tesorero, la verdadera pregunta es qué gana el Colegio con un clima permanente de confrontación, bloqueo y desconfianza interna que no mejora el gobierno, no incrementa la transparencia y, desde luego, no fortalece la profesión. Porque cuando las instituciones se resienten, las consecuencias no llegan de golpe, pero llegan; y conviene no sorprenderse después de que las cosas funcionen mal —o simplemente a medio gas— si hoy se mira hacia otro lado.

Nos encontramos ante un momento especialmente crítico que exige atención, implicación y participación. El llamamiento es claro: acudamos a las elecciones, votemos y asumamos colectivamente nuestra responsabilidad. Si el salón de actos se queda pequeño, que nos pongan otro más grande o que nos lleven a campo abierto. Pero lo que no será razonable mañana es lamentarse del rumbo del Colegio cuando hoy se renuncia a participar. Este es uno de esos momentos en los que, con toda claridad, luego no se podrá decir que no se avisó.