Por Rosalía Pascua Ponce Cada 12 de julio reconocemos la labor de quienes hacen posible la Justicia Gratuita. Es justo hacerlo. Lo que ya no resulta tan justo es que, mientras pronunciamos discursos sobre la importancia del Turno de Oficio, sigamos mirando hacia otro lado cuando quienes lo sostienen enferman, agotan sus ahorros o se ven obligados a seguir trabajando para poder sobrevivir. Quizá este 12 de julio, además de celebrar, haya llegado el momento de reflexionar sobre cómo estamos tratando a quienes garantizan uno de los pilares del Estado de Derecho.
Abogada. Vocal de la Asociación DEFENDA.
 |
||
| Rosalia Pascua, abogada del Turno desde hace años y vocal de DEFENDA posa con el Senado de fondo, (Imagen cedida por la autora) | ||
La Justicia Gratuita casi nunca se mide en el coste humano que soportan quienes hacen posible que ningún ciudadano quede indefenso por carecer de recursos económicos. Detrás de cada guardia, de cada asistencia a un detenido, de cada víctima atendida o de cada menor defendido, hay un profesional que también tiene familia, que también puede enfermar y que también necesita sentirse protegido.
Por eso quiero hablar de Pepa. No porque su historia sea un caso aislado, sino porque representa y pone rostro a muchas familias que sostienen en silencio una parte esencial del Estado de Derecho. Pepa es la esposa de un abogado de 68 años que lleva más de tres décadas en el Turno de Oficio. Después de superar un cáncer de riñón, afrontar un cáncer de pulmón y sufrir recientemente un ictus, continúa acudiendo cada mañana a su despacho. Lo hace mientras recibe quimioterapia, mientras vomita prácticamente todos los días y mientras su mujer lo acompaña en autobús para que pueda seguir trabajando. No sigue trabajando porque quiera, lo hace porque no puede permitirse dejarlo. La jubilación no les garantiza una vida digna y abandonar el despacho significaría no poder afrontar siquiera el coste de la medicación que necesita para seguir viviendo.
Desde la Asociación DEFENDA llevamos años escuchando testimonios semejantes y tratando de darles voz, porque creemos que dignificar la abogacía también significa visibilizar aquello que demasiadas veces permanece oculto. Así conocí a Esperanza, nombre ficticio de una compañera de 47 años que lleva tres años luchando contra el cáncer. Primero fue un cáncer de colon. Cuando parecía haber recuperado un hilo de salud, llegó un segundo diagnóstico, esta vez con metástasis. Varias operaciones, quimioterapia, nuevas intervenciones pendientes y una imposibilidad prácticamente absoluta para continuar ejerciendo.
Durante un año percibió una prestación por incapacidad temporal procedente de la Mutualidad de la Abogacía. Una prestación que apenas alcanzaba para pagar las cuotas de la propia mutualidad, las cuotas colegiales, el seguro obligatorio de responsabilidad civil y parte de la medicación que necesitaba para seguir luchando contra la enfermedad. Transcurrido ese año, la ayuda desapareció. Después desaparecieron los ahorros y con ellos la ilusión de poder pagar una entrada de una vivienda algún día. Finalmente desapareció también la esperanza. La desesperación llegó a ser tan profunda que intentó quitarse la vida en varias ocasiones. Recuerdo una frase que todavía hoy me estremece. Me dijo que quizá se había equivocado al elegir la profesión de abogada. Que, si hubiera dedicado su vida a otra cosa, probablemente hoy no estaría viviendo esa situación.
Abogados con problemas de subsistencia
No cuento estas historias para despertar compasión. Las cuento porque ninguna democracia debería aceptar que quienes garantizan diariamente un derecho fundamental tengan que elegir entre cuidar de su salud o asegurar la supervivencia de su familia. Cuando un abogado continúa trabajando en silla de ruedas, mientras recibe quimioterapia para poder pagar la medicación que necesita para seguir viviendo, el problema deja de pertenecer al ámbito privado. Cuando una compañera enferma y agota sus ahorros, pierde cualquier expectativa de futuro y acaba contemplando que su única salida es dejar de vivir, el problema ya no es individual. Es un fracaso colectivo. Es el sistema el que está fallando.
Vivimos una contradicción difícil de explicar. Nunca se había insistido tanto en que la Justicia Gratuita constituye un servicio esencial y, sin embargo, pocas veces se ha prestado tan poca atención a la protección de quienes la sostienen. A los abogados del Turno de Oficio se nos exige disponibilidad permanente, formación continua, responsabilidad disciplinaria, excelencia técnica y una dedicación absoluta. Todo ello forma parte de nuestro compromiso con la ciudadanía. Lo que deja de ser razonable es que a esas obligaciones no les correspondan derechos equivalentes.
El artículo 30 de la vigente Ley de Asistencia Jurídica Gratuita sigue calificando la compensación económica del Turno de Oficio como una indemnización y no como una verdadera retribución. Y cuando el Estado deja de retribuir un servicio esencial para limitarse a indemnizarlo, no solo deteriora la situación económica de quienes lo prestan; también rebaja el valor que atribuye a su función, atentando a su dignidad.
Con demasiada frecuencia se invoca la vocación para justificar aquello que las instituciones no resuelven. Pero la vocación sólo explica por qué un abogado decide entrar en el Turno de Oficio, y no puede convertirse en el pilar sobre el que se financia el sistema. La vocación no paga tratamientos oncológicos, no sustituye una protección social suficiente, no mantiene una familia, ni evita que un profesional gravemente enfermo tenga que seguir trabajando cuando debería estar recuperándose. El derecho de defensa no puede seguir construyéndose sobre el sacrificio silencioso de quienes lo garantizan.
Por eso, cuando hablamos del futuro de la asistencia jurídica gratuita, no estamos hablando únicamente de la situación de los abogados del Turno de Oficio. Estamos decidiendo qué valor concedemos, como sociedad, al derecho de defensa. Porque proteger a quienes lo garantizan no fortalece solo a la abogacía; fortalece la confianza de los ciudadanos en la Justicia y, con ella, la calidad de nuestra democracia.
¿Quién protege a los abogados con problemas?
Las historias de Pepa y Esperanza no son únicamente dos dramas personales. Son el reflejo de una realidad que ya no podemos seguir ignorando. Hablamos constantemente de proteger a las personas vulnerables y, sin embargo, apenas nos preguntamos qué ocurre cuando quien se vuelve vulnerable es precisamente la persona que ha dedicado su vida a defender a los demás. ¿Acaso la vulnerabilidad deja de merecer protección cuando alcanza a quien se coloca una toga para defender los derechos de los demás?
Reclamamos, simplemente, la misma dignidad que el Estado exige que garanticemos a quienes defendemos.
Los abogados y abogadas del Turno de Oficio nunca preguntamos a quién debemos defender antes de acudir a una guardia. Nunca preguntamos cuánto durará un procedimiento ni cuántas horas exigirá un asunto. Acudimos, sencillamente, porque entendemos que esa es nuestra obligación y nuestro compromiso con el derecho de defensa.
Quizá haya llegado el momento de que las instituciones se hagan una pregunta mucho más sencilla: ¿Cómo piensan proteger a quienes llevan décadas garantizando los derechos de los demás?
Las bajas masivas en el Turno de Oficio ya no son una advertencia; empiezan a ser una realidad. Son la respuesta silenciosa de una profesión que ha llegado a su límite. Ninguna vocación, por profunda que sea, puede sostener indefinidamente un servicio esencial a costa del sacrificio permanente de quienes lo prestan. Cuando falten abogados dispuestos a asumir este compromiso, quienes realmente sufrirán las consecuencias no serán los profesionales, sino los ciudadanos más vulnerables, aquellos para quienes nació la Justicia Gratuita. Ese día no habrá que preguntarse qué hizo la abogacía. Habrá que preguntarse qué hicieron las instituciones para evitarlo.
No pedimos privilegios. Pedimos coherencia. Si el Turno de Oficio es un servicio esencial, quienes lo sostienen también deben ser tratados como esenciales. No habría mejor forma de celebrar el Día de la Justicia Gratuita que empezar, por fin, a actuar en consecuencia.