Vivienda: regular mejor, construir más y recuperar la confianza
Nora Junco, Eurodiputada en ECR GROUP
1 de cada 10 jóvenes menores de 25 años logra comprar una vivienda en España. El 88% de los españoles cree que acceder a una vivienda es “prácticamente imposible”. Más del 45% de los españoles sitúa la vivienda como una de sus mayores preocupaciones. Claramente la vivienda se ha convertido en una de las grandes cuestiones sociales, económicas y jurídicas de España. Durante años, el debate ha avanzado entre diagnósticos repetidos, medidas parciales y una creciente sensación de urgencia, pero hoy el problema ha dejado de ser una preocupación sectorial para convertirse en un verdadero desafío de país.
España ha sido tradicionalmente un país de propietarios, donde la vivienda en propiedad ha representado durante décadas una forma de seguridad, ahorro y arraigo. Sin embargo, esta realidad lleva años cambiando, como reflejan los últimos datos publicados, que apuntan a una caída relevante del porcentaje de hogares propietarios en los últimos quince años. Aunque España continúa por encima de la media europea, los datos denotan que las nuevas generaciones tienen muchas más dificultades para comprar una vivienda que las anteriores.
Hoy en día no es posible ni ser propietario ni alquilar. Estamos ante un mercado en el que el acceso a la compra de vivienda es cada vez más complejo, marcado por el encarecimiento de los precios, la insuficiencia de ahorro, los costes de financiación y una oferta escasa frente a una demanda creciente. La propiedad fue durante años una vía natural de estabilidad, pero esa estabilidad resulta hoy cada vez más lejana para una parte importante de la población.
A su vez, el alquiler también se ha convertido en un problema estructural dada la presión de la demanda, la falta de vivienda disponible, el auge de los pisos turísticos y temporales y la incertidumbre regulatoria generan un escenario de creciente inestabilidad. Para muchas personas, alquilar ya no es una opción de transición, sino una obligación prolongada y cada vez más costosa.
Medidas extraordinarias del Gobierno
En este contexto, el anuncio del Gobierno de aprobar en julio un amplio paquete de medidas en materia de vivienda. El nuevo real decreto tendrá un carácter extenso y transversal, con medidas dirigidas a bajar precios, dar estabilidad a los contratos, combatir el fraude en el alquiler y movilizar vivienda asequible. Entre las propuestas planteadas figuran la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga extraordinaria de contratos, la obligatoriedad de formalizar los acuerdos por escrito, bonificaciones fiscales para propietarios que no suban rentas, medidas sobre pisos turísticos y actuaciones para agilizar trámites administrativos.
La amplitud del paquete refleja una evidencia: la vivienda no admite soluciones simples. Regular determinados usos puede ser necesario, proteger a los inquilinos vulnerables puede ser urgente, incentivar a los propietarios para mantener rentas razonables puede resultar útil y movilizar vivienda asequible es imprescindible. Estas medidas están bien pero no son suficientes, hay un problema estructural que se tiene que afrontar. España necesita más vivienda disponible, más vivienda asequible y más seguridad jurídica para que esa vivienda llegue realmente al mercado.
La escasez de oferta es uno de los grandes problemas. En los últimos años, se ha construido poca vivienda y cada vez hay más población sobre todo en las grandes urbes. Esto genera una consecuencia directa en ellos precios, la movilidad laboral, la emancipación de los jóvenes y la distancia entre quienes ya cuenta con patrimonio inmobiliario y quieren intentan acceder por primera vez a su hogar.
La Comisión Europea ha situado a España entre los países con mayor necesidad de vivienda en la Unión Europea, esto denota que no estamos ante una percepción aislada ni ante un problema meramente nacional. La vivienda ha entrado en la agenda europea porque afecta directamente la competitividad, la cohesión social y el ejercicio de los derechos básicos. En la misma línea, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea también ha urgido a los Estados miembros a abordar la crisis desde una perspectiva de derechos fundamentales, recordando que la vivienda está directamente vinculada con la dignidad, la seguridad y la inclusión social.
El derecho a la vivienda no se garantiza únicamente con declaraciones normativas, sino con políticas públicas eficaces, colaboración institucional, planificación urbanística, inversión, estabilidad regulatoria y procedimientos administrativos capaces de convertir los objetivos en resultados.
Cualquier reforma debe medirse no solo por su ambición política, sino también por su capacidad real de ejecución. Uno de los principales riesgos del momento actual es reducir el debate a una confrontación entre intervención pública y mercado, cuando lo que se necesita es una mirada mucho más equilibrada. Sin intervención pública, los colectivos más vulnerables quedan desprotegidos; sin inversión privada, resulta muy difícil generar el volumen de vivienda necesario; sin seguridad jurídica, muchos proyectos se paralizan o no llegan a desarrollarse; y sin agilidad administrativa, incluso las mejores políticas llegan tarde.
Menos burocracia en vivienda
Hay también que trabajar para agilizar los procesos y disminuir la carga administrativa. En vivienda, los plazos importan. Cada licencia que se demora, cada desarrollo urbanístico que se bloquea y cada procedimiento que se prolonga durante años implica viviendas que no llegan al mercado cuando la sociedad las necesita. Y cuando la oferta no llega, los precios siguen subiendo.
La agilidad administrativa no debe confundirse con una reducción de garantías. Al contrario, una Administración más ágil, coordinada y previsible es también una Administración más eficaz. Simplificar trámites, digitalizar procedimientos, coordinar competencias y reducir incertidumbres no significa desproteger el interés general, sino hacerlo operativo.
España necesita combinar medidas de emergencia con políticas estructurales. Contener precios puede aliviar la presión a corto plazo, pero el verdadero reto pasa por ampliar el parque de vivienda asequible, rehabilitar el existente, movilizar suelo, ordenar los usos turísticos, incentivar el alquiler residencial y proteger a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. El problema de la vivienda no se va a solucionar de la noche a la mañana. Se va a resolver con un Estado comprometido que aplique una estrategia sostenida, capaz de alinear sus intereses, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, el sector privado y la sociedad civil.
El diagnóstico ya está hecho. Europa ha elevado el nivel de alerta, la ciudadanía sitúa la vivienda entre sus principales preocupaciones y el Gobierno, una vez más, prepara nuevas medidas para responder a una urgencia acumulada durante años. La cuestión ahora es si seremos capaces de pasar del diagnóstico permanente a una acción rigurosa y coordinada.
La vivienda no se resolverá eligiendo entre regular o construir, sino regulando mejor, construyendo más, rehabilitando con ambición, protegiendo a quienes lo necesitan y ofreciendo seguridad jurídica a quienes pueden contribuir a ampliar la oferta.