- Las patronales del sector como Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL) como la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) creen que se queda corto porque no actúa el principal cuello de botella, la falta de oferta.
"El nuevo Plan Estatal blinda la protección pública de la vivienda. Nunca más, con dinero público, se va a poder especular con la vivienda", ha subrayado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, tras presentar el PEV ante el Consejo de Ministros.
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha aprobado este martes el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que movilizará una inversión de 7.000 millones de euros en 5 años para avanzar en la ampliación del parque público de vivienda y garantizar el derecho a la vivienda.
El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 arranca con el respaldo formal del sector, pero no se queda exento de críticas. Tanto la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL) como la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) coinciden en que el plan llega en un momento crítico, pero se queda corto en aspectos clave.
Así, creen que su capacidad para transformar el mercado será limitada si no se refuerzan los recursos, se clarifica el marco regulatorio y, sobre todo, se actúa sobre el principal cuello de botella, la falta de oferta.
Desde ASVAL consideran que la aprobación del programa es "un paso necesario para reforzar la política pública en este ámbito", aunque advierten de que su alcance real dependerá de su desarrollo normativo. "Será imprescindible analizar su redacción definitiva en el BOE para evaluar con precisión su impacto", señalan.
El principal reproche se centra en la financiación. La patronal de propietarios alerta de que "el volumen de recursos previsto representa un avance, pero sigue claramente por debajo de lo que exige la dimensión del problema", en un mercado que arrastra un déficit estructural de vivienda.
Un diagnóstico que comparte el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), José María Alfaro, quien ha asegurado que el plan nace con "importantes limitaciones" que comprometen su efectividad, especialmente "en un contexto marcado por un déficit de oferta de vivienda".
Esta iniciativa triplica los fondos que gestionarán las comunidades autónomas y establece un modelo de corresponsabilidad por el que el Gobierno de España aporta el 60% y las comunidades autónomas el 40% restante. En el caso de Andalucía, la inversión pasa de 320 millones de euros en el anterior Plan Estatal a 1.197 millones, lo que supone una diferencia de 877 millones.
Desde el Ministerio se ha pedido opinión al Consejo Asesor creado para tal efecto (Fotos MINISTERIO DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA)
CCAA en contra
Por su parte, a las CCAA no les ha sentado nada bien el tener que poner una parte de esa financiación. Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso no acepta las condiciones impuestas por el ejecutivo de Pedro Sánchez en el Plan Estatal de Vivienda, que prevé triplicar la inversión pública en vivienda hasta 2030 hasta los 7.000 millones y que va este martes al Consejo de Ministros.
A la Comunidad de Madrid le correspondían 1.113 millones hasta 2030, de los cuales Estado aportaría el 60%, o sea, unos 600 millones, y la Comunidad el 40% restante de acorde con las condiciones del Plan. Los 1.000 millones del Plan supondrían más del triple de los 298 recibidos en el periodo anterior.
“Es un plan que se ha hecho a espaldas de las Comunidades Autónomas y ni siquiera se ha aprobado en la conferencia sectorial”, ha dicho el consejero de Vivienda y Transportes de la Comunidad, Jorge Rodrigo, en un vídeo publicado en redes donde ha denunciado que “es un instrumento para recentralizar competencias que son claramente autonómicas” y que “intenta imponer medidas que ya han sido declaradas inconstitucionales como la protección permanente”.
El Plan Estatal será votado en la próxima conferencia sectorial de presidentes autonómicos, que debe celebrarse el próximo mes de mayo. Y por primera vez el Gobierno central impone condiciones a las Comunidades para transferirles fondos.
La primera condición es que toda la vivienda pública que se haga a partir de este plan debe estar blindada de por vida, esto es, que no deje de ser VPO en unos años. La segunda es que las Comunidades deben cofinanciar en un 40% este plan, es decir, sumar fondos propios a estas transferencias. “La financiación, directamente es inviable. El Estado dice que aporta el 60% pero obliga a las Comunidades Autónomas a multiplicar por seis el esfuerzo. Además, parte de ese dinero ni siquiera está garantizado, porque depende de un presupuesto que no está garantizado”.
La tercera condición impuesta por el Ministerio de Vivienda es que las comunidades compartan más datos sobre vivienda. Para Rodrigo, sin embargo, se trata de una medida que conlleva “menos transparencia, menos diversidad y más riesgo de manipulación” porque permite “concentrar los datos en el Ministerio de Vivienda.
“O haces lo que el Gobierno quiere, o no hay dinero”, ha resumido el consejero. “Y todo esto al servicio de una agenda política: reforzar la Ley de Vivienda, intervenir los alquileres y ampliar el control del mercado”, ha añadido el Consejero, que añade que “llega tarde, en un momento en que el problema de la vivienda es urgente”.
Como respuesta, además, el Gobierno autonómico ha anunciado que aprobará esta semana una nueva Ley de Medidas Urgentes para Vivienda, que prevé sumar 3.200 viviendas nuevas al Plan Vive de alquiler asequible. Prevé además rebajar impuestos para el acceso a la vivienda, subir el límite de edad de los avales a hipotecas a los 50 años y facilitar la transformación de oficinas en viviendas para que sumen 8.000 nuevos pisos al mercado. El programa Mi Primera Vivienda, además, aumentará su máximo subvencionable hasta los 425.000 euros.
Inversiones en políticas publicas
La inversión del Plan Estatal irá destinada al desarrollo de políticas públicas de vivienda que garanticen la asequibilidad y protección permanente de todas las viviendas movilizadas con fondos del nuevo PEV. Además, al menos un 40% de esos fondos se dedicará a la construcción y adquisición de viviendas, un 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente y el 30% restante a garantizar la protección de los colectivos y territorios que más lo necesiten.
El PEV incorpora mecanismos para blindar la protección permanente de todas las viviendas que se construyan con sus fondos, al tiempo que se garantiza la transparencia en las adjudicaciones de viviendas protegidas a través de una cláusula antifraude. Asimismo, el Plan impulsará un sistema de datos públicos para favorecer el acceso de la ciudadanía a información veraz y transparente.
El proceso de elaboración del nuevo Plan Estatal de Vivienda ha contado con las aportaciones de las comunidades autónomas, con las que se ha dialogado intensamente desde el primer día siguiendo la directriz que dio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la última Conferencia de Presidentes, celebrada en Barcelona: redactar un plan de país, fruto de un acuerdo de país.
Prueba de ese modelo de consenso, diálogo y acuerdo son las 28 reuniones mantenidas con las comunidades autónomas en torno al contenido del Plan, así como los encuentros con entidades, agentes sociales y expertos. Fruto de esos encuentros, se han recibido 365 aportaciones que se han estudiado e incorporado a la redacción final del Plan.
Más construcción, más rehabilitación y más protección
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 persigue cinco objetivos estratégicos para incidir de forma estructural en el mercado de la vivienda:
• Más vivienda pública, protegida y asequible
• Mejor vivienda: rehabilitación bajo criterios de eficiencia y accesibilidad
• Adelantar la edad de emancipación de los jóvenes
• Reducir la tasa de esfuerzo para pagar una vivienda
• Revertir las zonas tensionadas y poner especial atención al mundo rural
Para la consecución de esos objetivos, el PEV contiene 10 destacados en tres ámbitos concretos de actuación: más construcción para impulsar la edificación y adquisición de viviendas; más rehabilitación para movilizar vivienda vacía y dignificar viviendas; y más protección para no dejar a nadie atrás y garantizar el derecho por encima del negocio.
Más construcción:
• Impulso a la construcción de nuevas viviendas
• Industrialización del sector de la vivienda
• Medidas para la reversión de las zonas de mercado tensionado
• Ayudas para acelerar la ampliación del parque público
Más rehabilitación:
• Ayudas para obra de mejora
• Ayudas adicionales para rehabilitaciones en cascos históricos
• Impulso a la movilización de vivienda vacía
Más protección:
• Ayudas para la emancipación de jóvenes
• Ayudas para víctimas de violencia machista
• Ayudas a personas y colectivos vulnerables
Reparto de los presupuestos
El nuevo esquema de financiación establece que el Estado asumirá el 60% de la inversión, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40%, frente al 25% que contribuían en programas anteriores. Este cambio ha generado críticas por parte de varias autonomías, especialmente gobernadas por el Partido Popular, que cuestionan el reparto y lo consideran lesivo para la igualdad territorial.
Pese a ello, el Ejecutivo defiende que el esfuerzo inversor es histórico. "Hemos multiplicado por ocho los presupuestos que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno", aseguró Rodríguez, que situó en más de 4.500 millones de euros la inversión total movilizada en vivienda a través del Plan de Recuperación y otras políticas.
El plan pone también el foco en las zonas tensionadas, donde se concentra el mayor desequilibrio entre oferta y demanda, y en la mejora del parque existente, con un incremento significativo de las ayudas a la rehabilitación para avanzar en eficiencia energética y accesibilidad.
"Construir más vivienda, rehabilitar y movilizar el parque existente y generar ayudas para quienes más lo necesitan", resumió la ministra, que insistió en que "no valen parches" ante una crisis estructural. "No hay varita mágica, pero este plan concentra una respuesta estructural", concluyó Rodríguez.
El Ejecutivo prevé que el programa pueda comenzar a desplegarse en todo el territorio en el segundo semestre del año, una vez se complete el reparto de fondos entre comunidades autónomas, con el objetivo de acelerar la ejecución de una de sus principales apuestas en política social y económica.
