La violencia sexual contra niños y niñas constituye una de las manifestaciones más graves de criminalidad, no solo por la naturaleza de los hechos, sino por el profundo impacto físico, psicológico y social que genera en las víctimas. El sistema penal español ha experimentado en las últimas décadas una intensa evolución normativa con el objetivo de reforzar la protección de la infancia frente a este tipo de delitos. Sin embargo, tal y como pone de manifiesto el estudio elaborado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, persiste una preocupante distancia entre la regulación legal y la respuesta judicial efectiva. Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de menores presentan especiales dificultades probatorias, derivadas de la intimidad de los hechos, la frecuente ausencia de testigos y la edad de las víctimas. Ello explica que un porcentaje muy elevado de procedimientos finalice en archivo o absolución por insuficiencia probatoria, a pesar de la gravedad de los hechos denunciados. Esta realidad alimenta una percepción social de impunidad y genera una profunda desconfianza en las instituciones. El análisis de la respuesta judicial no puede limitarse al estudio del Código Penal, sino que debe integrar la práctica forense, la jurisprudencia, la protección procesal de las víctimas menores de edad y la adecuación del sistema judicial a los estándares internacionales de derechos humanos. Desde esta perspectiva, el presente artículo expone los principales elementos normativos y los problemas estructurales detectados en la respuesta penal a la violencia sexual infantil en España.Introducción
La respuesta judicial a la violencia sexual contra menores en España: análisis legal y retos del sistema penal
