El pasado 21 de octubre de 2016, Sudáfrica presentó la solicitud ante las Naciones Unidas para iniciar su retirada formal del Estatuto de Roma, y por ende, de la Corte Penal Internacional (CPI). El motivo de dicha retirada se debe a que, según el Gobierno sudafricano, la Corte “solo se preocupa por perseguir a los líderes africanos”, siendo esta también un “impedimento legal” para el liderazgo de su país y que afecta notablemente a sus relaciones con el exterior, ya que “está en conflicto” con la ley nacional de inmunidad diplomática.

El Director Ejecutivo de la International Bar Association (IBA), Mark Ellis, ha reaccionado a este suceso comentando que “la decisión se ha tomado sin involucrar al Parlamento sudafricano, dejando fuera a la gente de Sudáfrica para que discuta la magnitud de la retirada de la Corte Penal Internacional y sus consecuencias”, y que “los efectos de la retirada de Sudáfrica serán enormes, dañando la lucha contra la impunidad, y la necesidad de las víctimas por rendir cuentas”.

No es la primera vez que Sudáfrica se impone a la Corte Penal Internacional, pues en junio de 2015, el Gobierno se negó a capturar al presidente de Sudán, Omar Al Bashir (al cual se le acusa de un delito de genocidio), cuando este se encontraba en territorio sudafricano, violando así el Estatuto de Roma (instrumento constitutivo de la CPI), que Sudáfrica ratificó el 17 de noviembre de 2000.

Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas ya ha confirmado que ha recibido la notificación de Sudáfrica y está siendo estudiada en estos momentos. Desde Pretoria se afirma que la salida definitiva de la Corte Penal Internacional se realizará en cuanto el Secretario General reciba la misiva. Este país no es el único africano que ya ha realizado algún movimiento similar, pues en 2013, la Asamblea Nacional de Kenia aprobó también la retirada efectiva del Estatuto de Roma; y dos días antes de lo ocurrido en Sudáfrica, el presidente de Burundi (que está siendo investigado por la CPI), firmó la retirada del tribunal.

El pasado 21 de octubre de 2016, Sudáfrica presentó la solicitud ante las Naciones Unidas para iniciar su retirada formal del Estatuto de Roma, y por ende, de la Corte Penal Internacional (CPI). El motivo de dicha retirada se debe a que, según el Gobierno sudafricano, la Corte “solo se preocupa por perseguir a los líderes africanos”, siendo esta también un “impedimento legal” para el liderazgo de su país y que afecta notablemente a sus relaciones con el exterior, ya que “está en conflicto” con la ley nacional de inmunidad diplomática.

El Director Ejecutivo de la International Bar Association (IBA), Mark Ellis, ha reaccionado a este suceso comentando que “la decisión se ha tomado sin involucrar al Parlamento sudafricano, dejando fuera a la gente de Sudáfrica para que discuta la magnitud de la retirada de la Corte Penal Internacional y sus consecuencias”, y que “los efectos de la retirada de Sudáfrica serán enormes, dañando la lucha contra la impunidad, y la necesidad de las víctimas por buscar una responsabilidad”.

No es la primera vez que Sudáfrica se impone a la Corte Penal Internacional, pues en junio de 2015, el Gobierno se negó a capturar al presidente de Sudán, Omar Al Bashir (al cual se le reclama un delito de genocidio), cuando este se encontraba en territorio sudafricano, violando así el Estatuto de Roma (instrumento constitutivo de la CPI), que Sudáfrica ratificó el 17 de noviembre de 2000.

Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas ya ha confirmado que ha recibido la notificación de Sudáfrica y está siendo estudiada en estos momentos. Desde Pretoria se afirma que la salida definitiva de la Corte Penal Internacional se realizará en cuanto el Secretario General reciba la misiva. Este país no es el único africano que ya ha realizado algún movimiento similar, pues en 2013, la Asamblea Nacional de Kenia aprobó también la retirada efectiva del Estatuto de Roma; y dos días antes de lo ocurrido en Sudáfrica, el presidente de Burundi (que está siendo investigado por la CPI), firmó la retirada del tribunal.