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  • La Comisión Europea ha establecido en una nueva Comunicación el modo en que intensificará sus esfuerzos en materia de aplicación, ejecución y cumplimiento del Derecho de la UE en beneficio de todos los ciudadanos, los consumidores y las empresas

A menudo, cuando se plantean problemas, la cuestión no es la falta de normas de la UE, sino más bien su no aplicación efectiva por parte de los Estados miembros. Por ello, es necesario un sistema de ejecución sólido y eficiente que permita: a) cerciorarse de que los Estados miembros asuman su responsabilidad de observar y hagan cumplir las normas establecidas en común por ellos mismos; b) centrar las tareas de ejecución de la Comisión Europea en los casos en que ello suponga una diferencia sustancial y aumentar las sanciones financieras a los Estados miembros que no transpongan las directivas a tiempo; c) ampliar el conocimiento por los ciudadanos y las empresas de sus derechos.

Los Estados miembros tienen la responsabilidad primordial de velar por la plena y correcta transposición, aplicación y ejecución del Derecho de la UE. Además, deben facilitar a sus ciudadanos el acceso a vías de recurso rápidas y eficaces cuando resulten afectados sus derechos en virtud de la legislación de la UE.

La Comisión Europea seguirá ayudando a los Estados miembros de muchas maneras distintas. Por ejemplo, establecerá diálogos de alto nivel, redes e intercambios de mejores prácticas en cooperación con las autoridades y los órganos jurisdiccionales nacionales, y la Red Europea de Defensores del Pueblo, coordinada por el Defensor del Pueblo Europeo. La Comisión también seguirá centrándose en hacer frente a las posibles infracciones del Derecho de la UE precoz y rápidamente.

La Comisión se ha comprometido a ser «más grande y más ambiciosa con las cosas grandes, y más pequeña y modesta con las cosas pequeñas». En cumplimiento de este compromiso en lo que respecta a la política de ejecución, la tramitación por la Comisión de las infracciones tendrá un carácter más estratégico y centrado, y se dará prioridad a las infracciones del Derecho de la UE más graves y que afectan a los intereses de los ciudadanos y de las empresas. La Comisión actuará con firmeza cuando las infracciones obstaculicen el cumplimiento de objetivos políticos clave de la UE.

Otra prioridad será investigar los casos que los Estados miembros transpongan de manera incorrecta el Derecho de la UE al Derecho nacional o no lo hagan en absoluto. Esto niega a los ciudadanos y las empresas los derechos y las ventajas de que disfrutan en virtud del Derecho europeo.

Con el fin de inducir una transposición más rápida y reducir el número de asuntos que acaban ante el TJUE, la Comisión propone alinear su planteamiento al respecto con el ya aplicado a otros asuntos de infracción que entrañan sanciones financieras. En el futuro, cuando lleve a un Estado miembro ante el TJUE por motivos de retraso en la transposición del Derecho de la UE, la Comisión pedirá sistemáticamente al TJUE que imponga no solo una multa coercitiva, como sucede en la actualidad, sino también una cantidad a tanto alzado.

El planteamiento establecido en esta Comunicación [«Mejores resultados mediante una mejor aplicación», C(2016) 8600], se aplicará a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la UE (DO).

Toda persona puede presentar una denuncia ante la Comisión contra un Estado miembro, de forma gratuita, en relación con cualquier disposición (ley, reglamento o medida administrativa), falta de disposición o práctica imputable a dicho Estado miembro que considere contraria al Derecho de la Unión.

Fuente: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3963_es.htm

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