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La inteligencia artificial está transformando la manera de trabajar, producir conocimiento y tomar decisiones en ámbitos como el Derecho, el periodismo y la comunicación. Su evolución plantea un desafío que va más allá de la incorporación de nuevas tecnologías: determinar hasta dónde puede delegarse una tarea en una máquina sin perder el control sobre sus resultados. Así lo analiza Juan Francisco Jiménez Jacinto, profesor doctor de Comunicación y Tecnología en la Universitat CEU Abat Oliba, en el blog de Prudencia.ai, donde reflexiona sobre el paso de un modelo basado en herramientas digitales a otro en el que la inteligencia artificial participa activamente en los procesos de trabajo.

Durante años, la inteligencia artificial se ha entendido como un recurso para ejecutar tareas concretas. Sin embargo, los sistemas actuales permiten encargar objetivos, analizar documentación, comparar alternativas, detectar contradicciones y elaborar propuestas. Con la llegada de los sistemas agentivos, además, pueden encadenar operaciones y actuar en diferentes entornos digitales. Por ello, Jiménez Jacinto considera más adecuado entenderla como un «compañero de trabajo», capaz de ampliar las capacidades humanas, aunque también sujeto a errores y limitaciones.

Este cambio resulta especialmente significativo para profesiones que requieren conocimientos especializados y decisiones fundamentadas. En un despacho de abogados, por ejemplo, la IA puede ayudar a revisar contratos, resumir jurisprudencia, comparar legislación o preparar borradores de escritos. No obstante, que una máquina pueda realizar estas tareas no significa que deba asumir la responsabilidad sobre el resultado final.

El autor advierte de que «la delegación cognitiva no puede convertirse en delegación de responsabilidad». La rapidez y la capacidad de procesamiento de estos sistemas no eliminan la obligación de comprobar la información, verificar las fuentes y valorar si las conclusiones son correctas. La supervisión humana debe ser efectiva, no una formalidad destinada únicamente a validar automáticamente lo que propone la tecnología.

La regulación europea refuerza esta preocupación. El Reglamento de Inteligencia Artificial establece obligaciones de supervisión humana para determinados sistemas de alto riesgo y contempla medidas frente al denominado sesgo de automatización, es decir, la tendencia a confiar excesivamente en las recomendaciones de una máquina. En el ámbito judicial, esta cuestión adquiere especial relevancia: la IA puede asistir en el análisis de hechos y normas, pero no debe sustituir el juicio humano en las decisiones que corresponden a las autoridades competentes.

Otro de los grandes desafíos señalados por Jiménez Jacinto es la pérdida de confianza en los contenidos digitales. La generación de imágenes, voces, vídeos y textos artificiales cada vez más convincentes dificulta distinguir entre materiales auténticos y manipulados. Esta situación afecta al periodismo, pero también al ámbito jurídico, donde la autenticidad de los documentos, la identidad de las personas y la fiabilidad de las pruebas pueden resultar determinantes.

La transparencia y la trazabilidad adquieren así una importancia creciente. El Reglamento europeo incorpora obligaciones relativas a la identificación de determinados contenidos generados o manipulados mediante IA, incluidos los deepfakes, y establece requisitos específicos para ciertos usos. La cuestión ya no consiste únicamente en saber si una tecnología funciona, sino también en conocer cómo se ha utilizado, quién controla el proceso y quién responde de sus consecuencias.

En este contexto, las organizaciones se enfrentan al riesgo de adoptar la inteligencia artificial como un simple argumento comercial. Presentar un servicio como innovador por incorporar IA no garantiza que exista una mejora real. Para aprovechar su potencial, las empresas deben definir qué tareas pueden delegarse, qué datos pueden utilizarse, qué resultados requieren verificación y qué profesionales asumirán la supervisión.

La transformación exige, además, formación y cambios organizativos. No basta con adquirir una licencia: es necesario integrar la tecnología en los procesos de trabajo y establecer criterios claros de utilización responsable.

La reflexión de Jiménez Jacinto apunta, en definitiva, a un cambio de paradigma. La inteligencia artificial puede ampliar las capacidades profesionales y liberar tiempo para tareas de mayor valor, pero su utilidad depende de que se mantenga el control humano. La cuestión decisiva no es cuánto trabajo puede realizar una máquina, sino cómo aprovechar sus capacidades sin renunciar al criterio, la transparencia y la responsabilidad.

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