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El fraude digital se ha convertido en una amenaza creciente para las empresas, no solo por sus consecuencias económicas, sino también por las responsabilidades legales y de cumplimiento que puede generar. Grant Thornton ha celebrado hoy en Barcelona el encuentro «Fraude digital en la empresa: prevención, respuesta y defensa jurídica», un desayuno práctico dirigido a analizar cómo pueden las organizaciones anticiparse a estos riesgos, actuar ante un incidente y proteger sus intereses por la vía legal.
Durante la jornada, Ignacio Ripol y Eloi Font, socios de Legal de Grant Thornton, han expuesto la dimensión que está alcanzando este fenómeno y sus implicaciones para el tejido empresarial. Según los datos presentados durante el encuentro, las ciberestafas representan el 87,3% de los ciberdelitos. En Cataluña, constituyen el segundo delito más denunciado, solo por detrás de los hurtos, con más de 80.000 denuncias anuales —unas 220 al día— y más de 200.000 víctimas entre 2024 y agosto de 2026.
El impacto económico también refleja la magnitud del problema. Las últimas cifras disponibles, procedentes del BCE y la EBA, apuntan a un coste de 4.200 millones de euros en el Espacio Económico Europeo y de 300 millones de euros en España. A esta situación se suma la evolución de las técnicas de ataque, impulsadas por la inteligencia artificial, que permiten desarrollar fraudes más sofisticados y dirigidos. Aunque pueden reducir el número de víctimas, estos ataques perfilan cada vez más sus objetivos, con especial atención a directivos y empresas.
Según ha señalado Font, “con la llegada de la Inteligencia Artificial igual hay menos víctimas pero están más seleccionadas e identificadas y se les puede atacar más fácilmente”. “Es evidente que todos los ciudadanos y empresas vamos a ser víctimas de un ciber incidente y por ello tenemos que estar preparados para reaccionar con agilidad y poner las medidas oportunas”, ha añadido.
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