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La digitalización de las gestiones financieras ha traído consigo una indudable comodidad, pero también ha abierto la puerta a una criminalidad silenciosa y muy preocupante. En la actualidad, existe una verdadera alarma social ante el incremento exponencial de ciberdelitos que, en cuestión de minutos, vacían las cuentas de particulares y empresas.

En Álvarez Abogados Tenerife, esta realidad no nos es ajena: cada semana recibimos en nuestro despacho a nuevos afectados por ciberestafas de todo tipo en Canarias. Víctimas que llegan con un profundo sentimiento de culpa y frustración al ver cómo los ahorros de toda una vida, o la liquidez vital de su empresa, han desaparecido tras una pantalla.

Sin embargo, el mensaje que transmitimos siempre como expertos en Derecho Bancario es claro: usted no es el único culpable y, en la inmensa mayoría de los casos, la ley le ampara para recuperar su dinero.

Las artimañas más letales de los ciberdelincuentes

Las mafias digitales han perfeccionado sus métodos de ingeniería social hasta alcanzar un nivel de sofisticación que engañaría a cualquier usuario medio. Las modalidades más frecuentes que litigan nuestros abogados incluyen:

Smishing y SMS Spoofing: El cliente recibe un SMS que se incrusta en el mismo hilo de mensajes legítimos de su propio banco. El texto alerta de un "acceso no autorizado" o de la "necesidad de actualizar una app", incluyendo un enlace a una web idéntica a la de la entidad.

Vishing (Llamadas suplantadas): Inmediatamente después del SMS, la víctima recibe una llamada telefónica. En la pantalla del móvil aparece el número de su sucursal bancaria. Al otro lado, un supuesto "operador de seguridad" le guía para proporcionarle las claves que supuestamente "bloquearán" el fraude, cuando en realidad están autorizando las transferencias.

El Fraude del CEO: Una modalidad muy peligrosa para las empresas. Los ciberdelincuentes interceptan los correos de proveedores o directivos y solicitan el pago de facturas legítimas hacia cuentas bancarias fraudulentas (generalmente en el extranjero).

La responsabilidad de la entidad bancaria: Un escudo para el consumidor

La respuesta habitual de las entidades bancarias frente a estas tragedias es enviar una carta tipo denegando la devolución, alegando que el cliente "ha sido gravemente negligente" al facilitar sus claves. Esta postura de los bancos es, en muchos casos, jurídicamente inaceptable.

La normativa europea de servicios de pago y la Ley de Servicios de Pago española establecen una responsabilidad cuasi-objetiva de las entidades bancarias. El banco es el guardián de su dinero y el responsable de la arquitectura de seguridad tecnológica.

Para que un banco pueda eludir la devolución de los fondos sustraídos, debe probar sin lugar a duda la "negligencia grave" del cliente. Sin embargo, la jurisprudencia actual - apoyada en cientos de sentencias ganadas por despachos especializados como el nuestro - determina que caer en una estafa altamente sofisticada (donde se suplanta el teléfono y los mensajes del propio banco) constituye un error excusable, no una negligencia grave.

La negligencia de los sistemas de seguridad (SCA)

Las entidades están obligadas a contar con medidas de Autenticación Reforzada (SCA) y sistemas de monitorización antifraude. Cuando un ciberdelincuente realiza varias transferencias inusuales de miles de euros, a cuentas en el extranjero, desde dispositivos o direcciones IP no habituales, y el banco no bloquea automáticamente estas operaciones por resultar atípicas, es el banco quien incurre en negligencia por falta de vigilancia.

Si el sistema informático de la entidad es incapaz de distinguir entre el comportamiento de su cliente de toda la vida y el de un ciberdelincuente operando desde otro país, la entidad financiera debe asumir la pérdida patrimonial, no el consumidor.

¿Qué hacer si ha sido víctima de una ciberestafa?

Si descubre transferencias no autorizadas en su cuenta, el tiempo es vital. Siga estos pasos:

- Bloquee de inmediato sus cuentas, tarjetas y claves de acceso contactando con su banco.

- Exija un extracto detallado de las operaciones fraudulentas.

- Interponga una denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil, aportando todos los datos, capturas de los SMS y números de teléfono implicados.

- Reclame por escrito al Servicio de Atención al Cliente de su banco exigiendo la restitución de los fondos en virtud de la Ley de Servicios de Pago.