Los médicos inspectores de la Seguridad Social no somos burócratas con fonendo
Eva Vaquerizo García
Subsecretaria General de SIMEDISS
A veces, la Administración, para intentar arreglar algo, estropea lo que funciona. Y, como casi siempre, lo hace sin preguntar a quienes saben cómo funciona de verdad el sistema. Nosotros, los médicos inspectores de la Seguridad Social, lo sabemos bien. Somos ese colectivo discreto, técnico y poco visible que sostiene una parte esencial del Estado: el equilibrio entre la salud y la protección social.
Somos quienes decidimos si una baja médica debe prorrogarse, si procede una incapacidad o si el ciudadano puede reincorporarse al trabajo. En nuestras manos está esa responsabilidad legal. Pero desde marzo de 2023, esa responsabilidad se ha convertido en una carga cada vez más difícil de sostener.
El número de afiliados a la Seguridad Social ha aumentado desde 2015 hasta hoy en unos 4.531.592 (26%), el número procesos de incapacidad temporal ha aumentado en 2.500.000 (54%) y el número de incapacidades permanentes en 80.000 (8%), mientras el número de médicos inspectores ha disminuido en ese periodo en un 7%, teniendo actualmente un déficit del 35%. Desde la pandemia por el COVID (2020), el número de procesos de incapacidad ha aumentado más rápidamente y sigue esa tendencia.
En este contexto, se aprobó el Real Decreto-Ley 2/2023 del 16 de marzo, legislado en base únicamente a criterios economicistas, para acortar tiempos de incapacidad temporal y reducir médicos inspectores en el EVI, se eliminó el órgano colegiado de valoración a los 12 meses—los Equipos de Valoración de Incapacidades (EVI)— y se transfirieron sus competencias a un solo médico inspector hasta los 18 meses.
Hasta entonces, las decisiones sobre incapacidad temporal o permanente las tomaba un equipo multidisciplinar de 5 miembros a partir de los 12 meses: un Subdirector Provincial de Incapacidad o en quien delegue, un Médico Inspector de Seguridad Social, un Médico Inspector del Servicio Público de Salud, un funcionario del INSS y un Inspector de Trabajo. Varios criterios, más garantías. Pero ahora, un solo médico debe hacer ese trabajo sin el tiempo ni medios que disponía el EVI.
El resultado es un sistema menos garantista, más precipitado y profundamente injusto. La sobrecarga se traduce en demoras, agotamiento y pérdida de calidad. Además del aumento del gasto en incapacidad, actualmente desmesurado y potencialmente evitable. Pero el daño mayor lo sufre el ciudadano, que ve cómo su caso se resuelve sin la reflexión ni la prudencia que garantizaría un trabajo con los debidos medios y tiempo para ejercerlo, como antes tenía el EVI.
“Todo por la productividad”
Antes incluso de que la norma entrara en vigor, advertimos lo que pasaría. Enviamos escritos al Secretario de Estado de la Seguridad Social, al INSS, a todas las instancias posibles. Pedíamos diálogo, prudencia y sentido común. Pero nadie quiso escucharnos. Cuando por fin llegó la respuesta, fue tan reveladora como descorazonadora. Se intentó acallar al colectivo con un burdo aumento del complemento de productividad. Se reconocía por la Administración un aumento de la carga, nuevas funciones y responsabilidades pero no se reconocía a efectos de puesto de trabajo ni de adaptación del mismo a esas nuevas circunstancias. Lo que no mencionaron fue el precio real: la pérdida de rigor y de seguridad para el ciudadano, y la soledad del médico inspector, convertido en un burócrata con fonendo, sin medios ni respaldo colegiado.
El respaldo de la profesión médica
La Organización Médica Colegial de España (OMC) entendió pronto el problema. En octubre de 2023, hizo pública una declaración de apoyo a nuestro colectivo, alertando de la “mayor peligrosidad en el ejercicio de la función” y recordando que los médicos inspectores somos garantes del derecho a la salud. Traducido: el sistema se está cargando a quienes lo sostienen.
Del silencio a la huelga
Tras meses de reuniones estériles y promesas vacías, no nos quedó más remedio que ejercer un derecho básico: la huelga. Convocamos jornadas de huelga entre septiembre de 2023 y julio de 2024. La última jornada fue suspendida por la firma de un Acuerdo para la mejora de las condiciones de trabajo del personal de la Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social con el Secretario de Estado. Un acuerdo que, como tantos, se incumplió sin rubor.
Al comprobar el incumplimiento, el colectivo se unió y se organizó con más fuerza creando el Sindicato de Médicos Inspectores de la Seguridad Social (SIMEDISS), constituido el 20 de marzo de 2025 y publicado en el BOE el 26 de ese mes. Su objetivo: defender la independencia profesional, las condiciones laborales del colectivo y la calidad del sistema público. No pedimos privilegios. Pedimos medios, respeto y sentido común.
Más presión, menos recursos
Mientras tanto, el problema se agrava. Las nuevas instrucciones de septiembre de 2025 aumentan aún más nuestra carga laboral y vulneran aún más los derechos del ciudadano. Un nuevo anuncio de huelga con paros parciales indefinidos a partir del 27 de octubre, fue el detonante para que el 26 de septiembre de 2025, nos reuniéramos de nuevo con la Secretaría de Estado, confirmamos su pasividad ante el incumplimiento del acuerdo suscrito en julio 2024 y, sobre todo, la falta de voluntad por su parte. En una reunión posterior con la DG del INSS el 23 de octubre, donde tampoco hubo voluntad de entendimiento, se nos dijo que en esta Administración “no sois médicos viendo pacientes, si no funcionarios resolviendo expedientes de trabajadores”.
Por eso, y en defensa de nuestros derechos y del ciudadano, hemos convocado paros parciales indefinidos desde el 27 de octubre, sigue sin haber disposición al diálogo por su parte hasta hoy.
Ya hay cientos de ciudadanos afectados por retrasos en sus valoraciones, y el INSS, lejos de afrontarlo, se limita a maquillar cifras y hablar de objetivos cumplidos. Una gestión de escaparate mientras el sistema se desmorona.
No es una guerra sindical
Que nadie se equivoque: esto no va de salarios ni de privilegios. Va del derecho a la salud y de la calidad del sistema público. Seguiremos trabajando con profesionalidad, pero también con dignidad. Nuestro deber es intentar que vuelva la cordura. Mientras, defenderemos nuestro libre ejercicio profesional, nuestros derechos laborales, el derecho de los ciudadanos a la protección de la salud y a una protección social por enfermedad justa.
Porque detrás de cada baja o incapacidad hay una historia real, no un número de expediente. Y porque el derecho a la salud no puede medirse en productividad ni resolverse con un clic.
No somos burócratas con fonendo. Somos médicos. Defender el sentido común también es un acto de servicio público.