JUC


Cada vez más investigaciones penales en España arrancan con la incautación de teléfonos móviles. La policía los interviene, los sella y, en muchos casos, solicita al detenido que entregue el código de acceso. Algunos lo hacen pensando que cooperar les beneficiará. Otros guardan silencio sin saber exactamente si tienen derecho a hacerlo. La respuesta jurídica es clara: en España no existe ninguna obligación legal de entregar la contraseña de un dispositivo propio, y el silencio sobre ese punto no constituye delito. Lo que no es tan conocido es por qué, y qué ocurre si alguien cede sin saberlo.

VER POST