Ana Isabel Gutiérrez Salegui, psicóloga forense El hallazgo e identificación de los restos de Francisca Cadenas en Hornachos, casi nueve años después de su desaparición, no solo cierra una etapa de incertidumbre para su familia y su entorno. También reabre, con toda crudeza, una pregunta incómoda para el sistema jurídico: qué ocurre, en términos penales, procesales, victimológicos y probatorios, cuando una desaparición deja de ser una ausencia incierta y se revela como un crimen ocultado durante años. Según la información publicada estos días, la Guardia Civil ha confirmado la identidad de los restos hallados en una vivienda de Hornachos y la investigación sigue judicializada, con detenciones y una confesión atribuida a uno de los investigados.
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Ana Isabel Gutiérrez Salegui, psicóloga forense |
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El caso de Francisca Cadenas ilustra de forma paradigmática que una desaparición no es solo un problema policial de localización, sino una realidad compleja en la que convergen la criminología, la psicología forense, la victimología y el derecho penal. La definición de persona desaparecida es aquella ausente de su residencia habitual “sin motivo conocido o aparente”, cuya desaparición genera inquietud y activa la búsqueda por razones de seguridad e interés familiar o social, y se distingue entre desapariciones voluntarias, involuntarias y forzosas. Precisamente estas últimas, cuando descansan sobre un hecho delictivo, son las que plantean mayores exigencias al sistema de justicia.
Uno de los aspectos más relevantes del enfoque forense es que el tiempo importa jurídicamente. No es lo mismo un hallazgo inmediato que una desaparición prolongada con ocultación del cadáver. Cuando el resultado de la búsqueda es el hallazgo fallecida de la víctima, el inicio del proceso de duelo queda interferido por el tiempo necesario para determinar la autoría, su imputación y, en su caso, su condena; y cuando no hay hallazgo, el cuadro tiende a convertirse en un duelo ambiguo con muchas similitudes sintomatológicas con el Trastorno de Estrés Postraumático Complejo y a la cronificación psicopatológica.
En el caso de Francisca Cadenas, la confirmación de los restos supone el tránsito desde la incertidumbre radical a una fase distinta: la de verdad penal posible. Pero esa transición no repara por sí sola el daño acumulado durante casi una década.
Una investigación penal centrada en la muerte
Desde la óptica jurídica, la aparición de los restos modifica radicalmente el marco del caso. La desaparición deja de ser, en términos prácticos, un expediente de búsqueda para convertirse en una investigación penal centrada en la muerte, su mecánica, la eventual ocultación del cuerpo, la participación de terceros y el móvil. Eso es exactamente lo que ha ocurrido en Hornachos: la confirmación biológica de los restos ha consolidado el paso a una causa penal activa bajo dirección judicial. Y aquí aparece una cuestión decisiva: en desapariciones de larga duración, la localización del cadáver no solo tiene valor probatorio, sino también un profundo valor jurídico-victimológico, porque permite desbloquear diligencias, revisar hipótesis, concretar tipos penales y dar salida, al menos parcialmente, a múltiples consecuencias administrativas que sufren los familiares de las personas desaparecidas.
La experiencia forense muestra además que la ocultación del cadáver no es un dato accesorio. La ocultación intencionada del cuerpo tiene como finalidad primordial obstaculizar la investigación policial y dificultar la identificación del autor y del delito cometido. Esta idea enlaza de manera directa con una evolución reciente del derecho penal español: la Ley Orgánica 14/2022 introdujo en el artículo 173.1 del Código Penal un subtipo vinculado a la ocultación reiterada del paradero del cadáver, precisamente para sancionar el sufrimiento añadido causado a los familiares. La relevancia de esta reforma es enorme, porque desplaza el foco desde la mera lógica de ocultación probatoria hacia el reconocimiento de un daño autónomo infligido a los allegados.
Ese daño no es una abstracción. Existe una distinción que debería ocupar más espacio en la práctica judicial: la diferencia entre daño moral y lesión psíquica. En los casos de desaparición criminal, los familiares pueden ser víctimas indirectas del delito, y en determinadas circunstancias las secuelas pueden exceder el plano resarcible del sufrimiento moral para entrar en el terreno de genuinas lesiones psicológicas forenses.
El propio material recuerda que la Ley 4/2015, del Estatuto de la Víctima del Delito, reconoce como víctimas indirectas al cónyuge y a determinados familiares en los supuestos de muerte o desaparición causada por delito. Pero cuando el daño, la lesión, comienza en el mismo momento en que se tiene conciencia de esa desaparición…¿No deberían ser víctimas directas?
La importancia de esta calificación no es solo teórica. La desaparición forzosa provoca un impacto psicopatológico incluso superior al de la muerte conocida de un ser querido, por la inseguridad, la angustia y la incertidumbre sostenida que genera; y los pocos estudios que existen arrojan resultados donde entre un 69,3% y un 88,24% de los familiares presentan sintomatología clínica, con especial gravedad en las desapariciones forzosas y con presencia de trastornos adaptativos, TEPT complejo, alteraciones del sueño, hostilidad y paranoidismo.
Esa descripción es particularmente relevante para un medio jurídico porque conecta con una línea jurisprudencial cada vez más significativa: el Tribunal Supremo ha reiterado que los daños psíquicos susceptibles de tratamiento médico pueden integrar el delito de lesiones.
El sistema se pone a prueba
Aplicado al caso Francisca Cadenas, esto obliga a pensar más allá del homicidio o asesinato y de la propia ocultación del cuerpo. Obliga a preguntarse si el sistema está preparado para investigar, documentar y valorar pericialmente las secuelas psicológicas padecidas por las víctimas indirectas tras años de ausencia, sospecha, búsqueda, exposición pública y falta de respuesta.
Porque la desaparición criminal no se agota en el momento del hecho: se prolonga en el tiempo como una forma de victimización continuada. Y cuando además se trata de una mujer, la victimización puede incorporar capas añadidas de sesgo y revictimización. En desapariciones de mujeres, es frecuente que el entorno social o mediático deslice narrativas de responsabilización sobre sus hábitos o su estilo de vida.
Ese enfoque de género no es una concesión ideológica, sino una exigencia analítica. Aunque faltan más estudios y datos desagregados, existen hallazgos que apuntan a una asociación más frecuente entre mujeres y desapariciones forzosas, como los datos de Mossos d’Esquadra según los cuales una parte muy relevante de las desapariciones con indicios de criminalidad en Cataluña estaría conectada con violencia de género previa.
Igualmente, muchas desapariciones de mujeres están vinculadas con delitos contra la libertad sexual, recordemos a Diana Quer, Manuela Chavero o Laura Luelmo. Por eso el abordaje de estas desapariciones no puede limitarse a una clasificación formal del caso; exige incorporar variables de contexto relacional, riesgo previo, posibles dinámicas de control, vulnerabilidad y sesgo en la recogida de información inicial.
Aquí aparece otra lección jurídica del caso: la denuncia inicial y la valoración temprana del riesgo son decisivas. Establecer cuanto antes el nivel de riesgo condiciona la autorización de diligencias clave, que pueden marcar la diferencia entre hallar a la persona, hallar el cuerpo o perder para siempre pruebas determinantes.
En desapariciones de mujeres, además, la información de arranque puede venir de personas interesadas en desviar la investigación, minimizar antecedentes o sostener hipótesis de voluntariedad como en el caso de Juana Canal. Esa advertencia debería ser tomada muy en serio por los operadores jurídicos.
También merece atención el problema probatorio. En desapariciones prolongadas, la investigación se mueve con frecuencia en un escenario de evidencias degradadas, restos óseos, trazas biológicas mínimas y reconstrucción retrospectiva de conductas.
Se debe reforzar el uso de herramientas como la autopsia psicológica reconstructiva y los modelos bayesianos para integrar indicios heterogéneos y reducir incertidumbre en casos complejos. Aunque estas metodologías no sustituyen la prueba judicial clásica, sí revelan un punto esencial: el derecho penal del siglo XXI no puede seguir afrontando las desapariciones criminales con protocolos pensados solo para homicidios evidentes y escenas cerradas.
El hallazgo de los restos de Francisca Cadenas devuelve al primer plano una verdad incómoda: durante años, para la familia, no hubo cadáver, pero sí hubo sufrimiento, burocracia, sospecha, espera y desgaste psíquico. La localización de los restos no inaugura el daño; lo confirma. Y el ordenamiento jurídico debe ser capaz de reconocer todas sus dimensiones: la penal, la probatoria, la administrativa y la psíquica. Esa es, probablemente, la gran lección de este caso y muchos otros aun pendientes de resolución como el de Marta del Castillo.
No basta con encontrar. Hay que investigar mejor, valorar antes y reparar más ampliamente. Eso implica más formación especializada en psicología del testimonio y atención a víctimas dentro de las fuerzas policiales, mejores herramientas de valoración de riesgo en desapariciones, mayor investigación sobre secuelas en familiares y una recepción judicial más sólida de la pericia psicológica forense en este campo.
El caso Francisca Cadenas no solo interpela a la conciencia social. Interpela al Derecho. Porque cuando una desaparición criminal se prolonga durante años, la justicia no llega tarde solo para la víctima directa: llega tarde también para quienes han tenido que vivir, día tras día, en el único escenario traumático en el que la emoción constante no es el miedo ni la tristeza, sino la incertidumbre