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La aprobación de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, debía marcar un antes y un después en la lucha contra la ocupación ilegal de inmuebles en España. Esta reforma, tan esperada por una amplia parte de la sociedad, introduce un cambio crucial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que busca, en esencia, acelerar la respuesta judicial frente a este fenómeno.

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