Cádiz, 8 nov (EFE).- El Tribunal Supremo ha determinado que es obligación de una administración autonómica, como la Junta de Andalucía, recuperar las vías pecuarias usurpadas, ocupadas o cerradas ilegalmente, en una sentencia que abre la vía para que miles de caminos vuelvan a ser patrimonio público.
La sentencia del Tribunal Supremo ha dado la razón a la reclamación de la asociación La Plazoleta-Ecologistas en Acción en Rota (Cádiz) en su lucha por la recuperación de terrenos usurpados por los agricultores en la Colada de los Charcos, Colada de Cebollares y Colada de Cobalengo.
Es "una obligación" de la administración
"Llevábamos años presentando escritos para que la Junta cumpliera su obligación y recuperara superficie pública que tenía reconocido el deslinde desde el año 2005 o 2006, pero seguía ocupada ilegalmente. No se hacía nada, sólo nos quedó recurrir a la vía judicial", explica a EFE Juan García, de esta asociación.
En el caso de la Colada de Cebollares la vía pecuaria tiene una anchura de 37,5 metros, y la ocupación ha dejado únicamente hábil un carril por el que apenas cabe un tractor.
El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Cádiz les dio la razón, con una sentencia que, tras los recursos de la Junta, fue confirmada primero por el TSJA y este octubre por el Supremo, lo que marca una jurisprudencia para caminos públicos que sufren estas ocupaciones en todo el país.
La sentencia que condenó a la Junta a "iniciar, tramitar y resolver los procedimientos de recuperación de oficio" de este patrimonio público señala que esto es "una obligación" de la administración competente y no "una facultad discrecional", por lo que no hacerlo es "un incumplimiento de normas legales" que "es revisable por la jurisdicción".
Además señala que la administración no puede "justificar la ausencia de respuesta" a este deber porque requiera "medios técnicos y materiales".
La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente asegura que ha iniciado 67 procedimientos administrativos en las coladas de Rota y se han dictado ya 60 resoluciones. "La Junta de Andalucía no ha permanecido a la espera de una resolución judicial, sino que ha venido desarrollando las actuaciones necesarias para avanzar en la recuperación de estas vías pecuarias", indican fuentes de este departamento.
Una victoria para millones de senderistas
La sentencia da un espaldarazo a las reivindicaciones de caminos públicos en la que los ecologistas se han empleado desde hace años, como explica a EFE Manolo Trujillo, miembro de la asociación A Desalambrar de Córdoba y de la Plataforma Ibérica de Caminos Públicos, que engloba a una treintena de entidades de toda España.
"Cuánta superficie está ocupada no lo sabemos. Hay casos constatados desde hace siglos, pero se han intensificado en los últimos 20 años. Hay en toda España, pero son más abundantes en Castilla- La Mancha, Extremadura y Andalucía", explica.
El Supremo "abre la puerta" a que se recuperen esos espacios cuando se ha reconocido el deslinde.
Sólo Andalucía, la comunidad con una red más extensa de vías pecuarias, tiene 32.772 kilómetros, unos espacios que pueden tener anchuras de entre los 20 metros de las veredas, a los 75 metros de las cañadas.