Virginia Domingo de la Fuente
INTRODUCCIÓN
La justicia restaurativa vive uno de los momentos de mayor expansión de su historia. Cada vez más administraciones públicas, universidades e instituciones hablan de ella, impulsan proyectos y muestran interés por incorporarla a sus sistemas de justicia. Esta creciente aceptación constituye, sin duda, una magnífica noticia. Sin embargo, también conlleva un riesgo: que la necesidad de institucionalizarla termine simplificándola hasta el punto de desvirtuar su verdadera esencia.
Hace unos meses, al escribir mi tercer libro, El futuro de la justicia restaurativa. Cuando la justicia escucha, reflexionaba precisamente sobre el camino que debería seguir la justicia restaurativa para mejorar la calidad de las intervenciones, llegar a un mayor número de personas y responder de forma más eficaz a las necesidades derivadas del delito y de los daños. Una de las conclusiones a las que llegué fue que el verdadero desafío no consiste en extender cualquier práctica que lleve la etiqueta de "restaurativa", sino en garantizar que las intervenciones respeten los principios que dan sentido a esta forma de entender la justicia.
Por ello resulta preocupante comprobar que todavía existen profesionales e instituciones que identifican la justicia restaurativa con un único modelo de intervención. Más preocupante aún es que ese supuesto modelo se reduzca, en muchas ocasiones, a un manual para impartir un curso o un taller, como si seguir un guion predeterminado bastara para desarrollar una auténtica intervención restaurativa.La justicia restaurativa nunca ha consistido en aplicar un protocolo cerrado ni en reproducir una metodología única. Su fortaleza reside, precisamente, en la capacidad de adaptar la intervención a las necesidades de las personas, respetando unos principios comunes. Confundir esa flexibilidad con falta de rigor, o intentar sustituirla por un modelo único y estandarizado, supone desconocer qué es realmente la justicia restaurativa y pone en riesgo su enorme potencial transformador.
NO EXISTE UN MODELO ÚNICO DE JUSTICIA RESTAURATIVA
Hace unos días podía leerse en la prensa que una entidad, junto con una editorial, renovaba su colaboración para desarrollar un proyecto de investigación aplicada destinado al diseño y validación de un supuesto modelo estatal de justicia restaurativa en España. La noticia, lejos de transmitir tranquilidad, invita a una profunda reflexión. Más preocupante que la existencia de personas voluntarias que desarrollan talleres restaurativos sin la formación necesaria es la idea de que la justicia restaurativa pueda reducirse a un modelo único diseñado por un grupo de expertos y posteriormente aplicado de forma uniforme.
Esta concepción no surge de la nada. En cierta medida ha sido alimentada por algunas administraciones públicas. Es frecuente escuchar expresiones como "modelo vasco de justicia restaurativa" o identificar, en el ámbito penitenciario, la justicia restaurativa casi exclusivamente con los llamados talleres de diálogos restaurativos. Estos talleres, normalmente estructurados en unas diez sesiones, abordan cuestiones como el concepto de víctima, la responsabilidad, la justicia o las consecuencias del delito. Sin duda pueden constituir una herramienta útil en determinados contextos y para determinados objetivos, pero no son, por sí mismos, un modelo de justicia restaurativa ni una intervención restaurativa completa.
El verdadero riesgo aparece cuando se confunde un programa formativo con una intervención restaurativa y se transmite la idea de que basta con disponer de un manual para desarrollar procesos restaurativos. Si esa es la premisa desde la que se pretende construir un modelo estatal, la preocupación está plenamente justificada. Un manual puede ayudar a organizar contenidos o estructurar determinadas actividades, pero nunca sustituye la formación especializada, la experiencia ni las competencias que requiere un facilitador restaurativo.
No es extraño, por ello, encontrar personas voluntarias con una enorme implicación personal que terminan sintiéndose desbordadas. El problema no reside en su compromiso, sino en hacerles creer que seguir un protocolo equivale a facilitar un proceso restaurativo. La justicia restaurativa no consiste en aplicar instrucciones previamente diseñadas, sino en saber acompañar a las personas en un proceso profundamente humano y necesariamente flexible.
Las auténticas intervenciones restaurativas se diseñan a partir de los principios de la justicia restaurativa y se adaptan a los objetivos de cada caso. Aunque mantienen una estructura, esta nunca es rígida. El proceso evoluciona en función de las necesidades de las personas participantes y suele desarrollarse a través de distintas fases en las que se exploran las historias, el daño causado, las necesidades existentes, la asunción de responsabilidades y las posibles formas de reparación.
En ese recorrido, el facilitador no actúa como un profesor que transmite conocimientos ni como una autoridad moral que juzga conductas. Su función consiste en acompañar a las personas mediante preguntas, escucha activa y otras herramientas restaurativas para que sean ellas mismas quienes comprendan el impacto de lo ocurrido, reconozcan el daño causado y encuentren razones propias para asumir su responsabilidad y reparar, en la medida de lo posible, sus consecuencias.
Existe una diferencia sustancial entre dedicar una sesión a explicar qué es una víctima o qué significa responsabilizarse y facilitar un proceso en el que la propia persona llegue, mediante la reflexión, a comprender el alcance del daño que ha provocado. En el primer caso se transmiten conocimientos y, en ocasiones, también juicios de valor. En el segundo se genera un espacio restaurativo donde el cambio nace de la propia persona. Esa diferencia no es un matiz metodológico: constituye la esencia de la justicia restaurativa.
Si lo que se pretende consolidar como modelo estatal son programas cerrados como los llamados diálogos restaurativos, conviene advertir que estos distan mucho de representar, por sí solos, una auténtica intervención restaurativa. Sería un grave error elevar a la categoría de modelo oficial aquello que constituye únicamente una herramienta concreta, y que no es realmente una intervención restaurativa y que, además, puede resultar útil en unos casos e insuficiente o incluso inadecuada en otros.
El problema, sin embargo, va mucho más allá. La cuestión no es únicamente si un determinado programa puede convertirse en el modelo estatal, sino comprender que la justicia restaurativa, por definición, no admite un único modelo de intervención. La justicia restaurativa no es un procedimiento cerrado ni una técnica estandarizada. Es una forma diferente de entender la justicia y de responder al delito. Su finalidad no consiste en aplicar un protocolo idéntico en todos los casos, sino en ofrecer una respuesta que atienda a las necesidades de las personas afectadas, favorezca la asunción de responsabilidades, promueva la reparación del daño y, cuando resulte posible, contribuya a reconstruir las relaciones dañadas.
Precisamente por ello, la intervención restaurativa debe adaptarse a cada situación concreta. No existen dos delitos iguales, ni dos víctimas con las mismas necesidades, ni dos personas responsables que se encuentren en el mismo momento de reconocimiento o responsabilización. También influyen la gravedad de los hechos, el contexto social y cultural, el momento procesal, los recursos disponibles o incluso la voluntad de participar de quienes intervienen. Pretender responder a toda esa diversidad mediante una única metodología supondría desconocer uno de los principios esenciales de la justicia restaurativa: poner a las personas en el centro del proceso.
Esta flexibilidad explica que no siempre deba producirse un encuentro entre víctima y persona ofensora. La obsesión por reproducir un único esquema de intervención ha llevado, en ocasiones, a buscar víctimas para encajar determinados programas, generando situaciones difíciles de justificar desde una perspectiva restaurativa. Se han promovido encuentros entre personas privadas de libertad y adolescentes en conflicto con la ley como si el simple hecho de reunir a dos personas garantizara la existencia de un proceso restaurativo. Sin embargo, cabe preguntarse cuál es el daño que se pretende reparar, quién es realmente la víctima de ese proceso o qué finalidad restaurativa persigue una intervención de estas características.
Cuando el procedimiento termina imponiéndose a las necesidades reales de las personas, la práctica deja de ser restaurativa para convertirse en un ejercicio formal.
La propia evolución internacional de la justicia restaurativa demuestra que nunca ha existido un único modo de intervenir. A lo largo de las últimas décadas han surgido encuentros restaurativos, conferencias familiares, círculos restaurativos, paneles comunitarios, intervenciones indirectas y numerosos programas adaptados a contextos penales, penitenciarios, educativos o comunitarios. Todos ellos son diferentes, pero pueden ser igualmente restaurativos si respetan los mismos principios. No es casualidad que autores como Howard Zehr, John Braithwaite o Lode Walgrave coincidan en afirmar que la justicia restaurativa no debe definirse por las técnicas que emplea, sino por los valores que orientan la intervención. Lo restaurativo no reside en el procedimiento utilizado, sino en la forma de comprender el daño, la responsabilidad, la participación y la reparación.
En consecuencia, lo que convierte una intervención en restaurativa no es la existencia de un protocolo determinado, sino el respeto a unos principios comunes: la voluntariedad, la participación activa de las personas implicadas, el reconocimiento del daño, la responsabilidad de quien lo causó, la búsqueda de una reparación significativa, el diálogo respetuoso y la seguridad de todas las personas participantes.
La unidad de la justicia restaurativa no reside, por tanto, en la uniformidad de sus procedimientos, sino en la coherencia de sus principios. Existen muchas maneras de hacer justicia restaurativa porque existen muchas formas de reparar un daño y muchas realidades personales que requieren respuestas diferentes. Su flexibilidad metodológica no constituye una debilidad, sino una de sus mayores fortalezas.
Por el contrario, imponer un modelo único limitaría enormemente las posibilidades de intervención. Significaría obligar a todas las personas a recorrer el mismo camino, aunque ese camino no responda a sus necesidades ni a los objetivos restaurativos del caso. Quienes no encajaran en ese modelo quedarían, en la práctica, excluidos del acceso a la justicia restaurativa. Paradójicamente, una disciplina nacida para individualizar la respuesta frente al delito terminaría funcionando mediante protocolos rígidos, plazos tasados y manuales estandarizados, reproduciendo precisamente aquello de lo que pretendía alejarse.
Como afirma Barb Toews, la justicia restaurativa consiste en ofrecer la respuesta de justicia más adecuada para cada persona. Esa respuesta no puede quedar encerrada en un modelo único ni en un manual de actuación. Precisamente por ello, el verdadero reto no consiste en diseñar un modelo estatal de justicia restaurativa, sino en garantizar que las intervenciones sean desarrolladas por profesionales suficientemente formados y respeten los principios restaurativos. El riesgo no es carecer de un modelo estatal; el verdadero riesgo es creer que la justicia restaurativa puede reducirse a uno solo.
EL PAPEL DEL ESTADO EN LA JUSTICIA RESTAURATIVA
Llegados a este punto conviene hacer una importante precisión. Defender que no existe un único modelo de justicia restaurativa no significa sostener que el Estado deba permanecer al margen de su regulación. Al contrario, si la justicia restaurativa quiere consolidarse como una respuesta de calidad dentro del sistema de justicia, resulta imprescindible que los poderes públicos asuman un papel activo. Ahora bien, ese papel no debe consistir en diseñar una única forma de intervenir, sino en garantizar que cualquier intervención restaurativa respete unos estándares mínimos de calidad y los principios que definen esta forma de hacer justicia.
La función del Estado debería centrarse en establecer un marco normativo que proteja los derechos de todas las personas participantes, garantice la voluntariedad, la confidencialidad, la seguridad de los procesos y la adecuada formación de quienes los facilitan. Del mismo modo, corresponde a las administraciones impulsar mecanismos de supervisión, evaluación y control de calidad que permitan evitar prácticas que, bajo la etiqueta de justicia restaurativa, no responden realmente a sus principios.
Lo que no debería hacer el Estado es confundir la necesaria regulación con la imposición de un único modelo de intervención. La justicia restaurativa no necesita un manual oficial que determine cómo debe desarrollarse cada proceso, del mismo modo que un médico no cura a todos sus pacientes aplicando exactamente el mismo tratamiento. Lo que necesita son profesionales cualificados capaces de valorar cada situación y de elegir, dentro del marco de los principios restaurativos, la metodología más adecuada para responder a las necesidades de las personas implicadas.
La imposición de un modelo único produciría el efecto contrario al que pretende conseguir. Burocratizaría una práctica que nació precisamente para individualizar la respuesta al delito, favorecería intervenciones excesivamente protocolizadas y terminaría priorizando el cumplimiento de un procedimiento sobre las necesidades reales de las personas. En definitiva, la justicia restaurativa correría el riesgo de convertirse en aquello de lo que precisamente surgió para diferenciarse: un sistema rígido, uniforme y centrado en el procedimiento antes que en las personas.
La verdadera garantía de calidad no reside, por tanto, en que todas las intervenciones sean iguales, sino en que todas respeten los principios restaurativos y sean desarrolladas por profesionales con una formación especializada y suficiente. Regular la justicia restaurativa es necesario; uniformarla sería un error. El futuro de la justicia restaurativa dependerá, en buena medida, de que seamos capaces de comprender esta diferencia esencial. Y sobre todo de realizar más intervenciones restaurativas fuera del sistema, en la comunidad, así nos aseguramos de llegar a más personas sin la burocracia y las trabas propias de un sistema demasiado burocrático
CONCLUSIONES
La justicia restaurativa atraviesa un momento decisivo. Su creciente reconocimiento institucional constituye una magnífica oportunidad para extender una forma de hacer justicia más humana, participativa y centrada en las personas. Sin embargo, también supone un riesgo si esa expansión se realiza desde el desconocimiento de su verdadera naturaleza o desde la necesidad de encajarla en estructuras administrativas rígidas.
El mayor error sería identificar la justicia restaurativa con un programa concreto, un manual de actuación o una metodología única. La justicia restaurativa no es un protocolo, sino un paradigma de justicia; no es una técnica, sino una forma de comprender el delito, el daño y la respuesta que merece. Su identidad no se encuentra en repetir siempre el mismo procedimiento, sino en mantener inalterables sus principios mientras adapta la intervención a las necesidades de cada persona y de cada contexto.
Por ello, el verdadero reto no consiste en diseñar un supuesto modelo estatal único de justicia restaurativa, sino en garantizar que cualquier intervención, con independencia de la metodología utilizada, respete los principios restaurativos y sea desarrollada por profesionales suficientemente formados. El Estado debe asumir un papel imprescindible, pero ese papel no es uniformar las prácticas restaurativas, sino asegurar su calidad, proteger los derechos de quienes participan y establecer estándares de formación, supervisión y evaluación.
Paradójicamente, cuanto más se intente convertir la justicia restaurativa en un procedimiento rígido, más se alejará de aquello que la hace valiosa. La burocratización, la protocolización excesiva y la obsesión por encontrar una única manera de intervenir terminan reproduciendo las mismas limitaciones del sistema que la justicia restaurativa nació para complementar y, en algunos aspectos, superar. La pregunta, por tanto, no debería ser cuál es el modelo oficial de justicia restaurativa, sino si las intervenciones que se están realizando responden realmente a las necesidades de las personas afectadas, promueven una responsabilidad auténtica y ofrecen oportunidades reales de reparación. Si la respuesta es afirmativa, estaremos haciendo justicia restaurativa, aunque existan múltiples formas de llevarla a cabo. Si la respuesta es negativa, ningún manual, protocolo o denominación institucional podrá convertir esa intervención en restaurativa.
Porque la auténtica fortaleza de la justicia restaurativa nunca ha residido en la uniformidad de sus procedimientos, sino en su capacidad para ofrecer, desde unos principios comunes, la respuesta de justicia más adecuada para cada persona y para cada caso. Y precisamente por ello, un modelo estatal único no supondría un avance, sino el riesgo de limitar aquello que constituye la esencia misma de la justicia restaurativa.
