Virginia Domingo de la Fuente
Dolores Vázquez, la mujer que pasó 519 días en prisión tras ser injustamente condenada a 15 años de cárcel por el crimen de Rocío Wanninkhof, ha dicho este lunes que no le han compensado económicamente y que "es el Gobierno que tiene que decidir". Así lo ha asegurado Vázquez en declaraciones a medios antes de recibir la Medalla a la Promoción de los valores de Igualdad, con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Lésbica, que se conmemora el 26 de abril
Estos son algunos de los titulares que han aparecido a raíz del homenaje a Dolores Vázquez. En algunos casos se ha hablado de ello como una forma de hacer justicia y de reparar, en alguna medida, el daño causado. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer para alcanzar una verdadera justicia con las personas injustamente condenadas que pasan años en prisión.
Son víctimas, sí, pero víctimas del propio sistema, y como tales necesitan sentir que se les hace justicia de verdad. Aunque la reparación plena sea imposible, al menos debería buscarse la forma de aminorar, aliviar o dar sentido al dolor sufrido.
En este contexto, resulta especialmente relevante comprender que también es posible hacer justicia restaurativa. Este caso nos permite visibilizar la diversidad de intervenciones restaurativas que podrían ponerse en marcha y, al mismo tiempo, la distancia que todavía existe entre su potencial y lo poco que realmente se está aplicando.
JUSTICIA RESTAURATIVA PARA VÍCTIMAS DE CONDENAS INJUSTAS
Organizaciones como Innocence Project trabajan en la exoneración de personas condenadas injustamente, y en algunos casos impulsan medidas restaurativas tras la liberación. El Innocence Project trabaja para liberar a los inocentes, prevenir las condenas injustas y crear un sistema de justicia justo, compasivo y equitativo para todos. Pueden no ser muchos los casos, pero cuando ocurren, el daño es no solo evidente, sino también profundamente difícil de reparar. Además, con frecuencia las personas condenadas injustamente pertenecen a colectivos sociales vulnerables por razón de raza, sexo, religión u orientación sexual, lo que agrava aún más la injusticia sufrida y multiplica sus efectos. En estos casos se constata un daño claro que, en muchas ocasiones, es también fruto de dinámicas de discriminación estructural, lo que amplía su alcance y genera una mayor situación de vulnerabilidad.En ocasiones, la mirada se centra únicamente en las víctimas del delito y parece que solo se reconoce una única figura: la persona que sufre directamente el daño, generalmente asociado a hechos violentos.
Sin embargo, en ese proceso, a menudo se les acaba tratando como sujetos frágiles o incapaces, necesitados de protección constante, hasta el punto de que, desde el momento en que denuncian, su voz queda desplazada por la de los profesionales, perdiendo capacidad de decisión sobre aspectos que les afectan de forma directa.
Además, se ha construido socialmente una imagen de la “víctima ideal”: aquella que encaja en un modelo de vulnerabilidad, sufrimiento visible y pasividad, que se ajusta a lo que otros consideran adecuado para ella. Cuando una víctima no encaja en ese molde —cuando es fuerte, no llora o se muestra combativa— incluso puede llegar a ser cuestionada o incomprendida.
Pero también existen otras formas de victimización que no siempre se reconocen como tales: el medio ambiente, los ríos o los montes, por ejemplo. En el contexto occidental, esta idea resulta a veces difícil de comprender porque no encaja en la lógica de lo visible o lo expresable, mientras que en muchas cosmovisiones de los pueblos originarios esta noción se entiende de forma natural y profunda. Quizá esta construcción de la “víctima ideal” tenga su origen en la evolución de los Estados modernos y en la progresiva pérdida de protagonismo del ciudadano frente al sistema, que ha ido definiendo quién puede ser escuchado, cómo debe sufrir y de qué manera debe expresarse el dolor. Además, existen otras formas de victimización que no siempre se reconocen como tales, como los daños institucionales o aquellos que, aunque no siempre encajen en una definición estricta de delito, se han normalizado en la vida cotidiana, especialmente en el entorno digital: insultos, acoso a personas públicas o la falta de respeto sistemática ante la expresión de una opinión. En todos estos casos también hay sufrimiento real y, por tanto, personas que podrían ser consideradas víctimas.
En este marco se sitúa el caso de Dolores Vázquez y el de otras personas que han sido condenadas por delitos que no cometieron, han pasado años en prisión y, posteriormente, se ha demostrado su inocencia. La pregunta que emerge es inevitable: ¿cómo reparar un daño que, en apariencia, resulta irreparable?
Quizá la cuestión no sea solo cómo reparar, sino si es posible, de algún modo, aminorar el dolor y el impacto causado cuando la violencia proviene del propio sistema y se ve reforzada por la sociedad en su conjunto.
En estos contextos, la justicia restaurativa tiene un papel fundamental, no tanto en la reparación económica —que corresponde y debe garantizar el Estado como reconocimiento de su error—, sino en la posibilidad de ofrecer otras formas de reparación más humanas y profundas. Formas que ayuden a disminuir el daño causado, especialmente aquel generado por la exposición mediática, el juicio social y la condena anticipada que muchas veces precede incluso al propio proceso judicial.
En este sentido, es fundamental que las intervenciones restaurativas sean diseñadas y facilitadas por personas debidamente preparadas, capaces de crear espacios seguros de escucha real y de identificar con cuidado cuáles son las necesidades de la persona afectada para poder, posteriormente, buscar la forma más adecuada de atenderlas.
Es precisamente en estos casos donde se entiende con mayor claridad que hacer justicia restaurativa no consiste en impartir un curso de formación, ni en organizar una charla con un cantante, un juez o un periodista para hablar sobre justicia, daños o delitos. La justicia restaurativa no se transmite como un contenido, se practica como un proceso.
Hacer justicia restaurativa es trabajar desde sus principios —escucha, reconocimiento, responsabilidad y reparación— con el objetivo de dar voz a quien ha sufrido el daño y atender sus necesidades reales, explorando al mismo tiempo, cuando sea posible, caminos de responsabilización de quienes lo causaron.
En definitiva, existen múltiples intervenciones restaurativas que pueden contribuir a aminorar el impacto del daño, incluso en situaciones que no siempre son delictivas, pero que generan un sufrimiento profundo y persistente. Y si para esto es importante diseñar intervenciones restaurativas por personas debidamente preparadas que puedan ir dirigidas a escuchar las necesidades de esta persona y posteriormente buscar cómo atenderlas. En estos casos, es cuando es más fácil entender que hacer justicia restaurativa no es impartir un curso de formación o un taller.
ESPACIOS RESTAURATIVOS PARA GESTIONAR LOS DIFERENTES DAÑOS QUE NO SIEMPRE SON DELITOS
Lo primero es generar un espacio restaurativo en el que la persona pueda tener voz, ser escuchada y sentirse respetada en su dignidad. Sería especialmente valioso que pudiera ser escuchada por representantes de la comunidad, de los medios de comunicación y de las instituciones judiciales. A través de metodologías como los círculos de diálogo, esta persona podría expresar su vivencia, visibilizar su dolor y reconstruir su historia desde su propia voz, mientras quienes participan pueden comprender de forma más profunda el alcance del daño causado.
No se trata de identificar responsables directos en sentido simplista, porque en estos casos la responsabilidad es también colectiva: social, institucional y mediática. Sin embargo, la creación de estos espacios restaurativos permite avanzar hacia una reparación moral y simbólica, al mismo tiempo que favorece una mayor comprensión social del daño que puede generarse incluso sin una intención directa de causarlo.
Estos espacios no buscan únicamente reparar, sino también reconstruir la confianza, fortalecer los vínculos sociales y promover una conciencia más responsable sobre el impacto de nuestras acciones individuales y colectivas.
Muchas personas que lean esto podrían pensar que se trata de un proceso largo y costoso, y que para ello ya existen las indemnizaciones por daños y perjuicios. Sin embargo, esta visión vuelve a situar el foco en lo económico y, en cierto modo, reduce o cuestiona el dolor de las víctimas. No debemos pensar por las víctimas, sean cuales sean. En casos como este, en el que el daño proviene del propio sistema, lo esencial es que la persona sea escuchada y que sus necesidades sean realmente tenidas en cuenta. Esa es precisamente una de las grandes diferencias de la justicia restaurativa: no decide por las víctimas, las escucha. Además, estos espacios restaurativos pueden aprovecharse no solo para visibilizar el daño sufrido por Dolores, sino también para reflexionar colectivamente sobre cómo mejorar el sistema y prevenir la repetición de daños estructurales que se perpetúan en el tiempo, como la xenofobia, la homofobia o la violencia de género, entre otros.
Se trataría, por tanto, no solo de buscar la reparación más adecuada para una persona que ha sufrido una condena injusta, sino también de preguntarnos cómo evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir, impulsando posibles reformas legales y una mayor responsabilidad institucional. Yendo aún más allá, estos procesos pueden abrir espacios de reflexión social que contribuyan a prevenir daños estructurales más amplios. En este sentido, la justicia restaurativa puede entenderse también como un movimiento social que nos invita a reconocer que, como sociedad, no solo somos víctimas en determinados contextos, sino también agentes responsables capaces de cooperar en la transformación de nuestro entorno. La justicia restaurativa está en constante evolución y nos muestra que no se limita a reparar daños derivados del delito. Va más allá, al abordar también daños institucionales fruto de errores judiciales e incluso daños estructurales que se perpetúan en el sistema. Por ello, no puede reducirse a un encuentro puntual entre víctima y persona ofensora tras un taller o un curso, sino que implica una comprensión mucho más profunda y transformadora de la justicia.
CONCLUSIONES
El caso de Dolores Vázquez nos recuerda que el daño no siempre nace de un delito, sino también de los errores del sistema y de la forma en que la sociedad amplifica, juzga y condena antes de tiempo. Y que ese tipo de daño deja huellas profundas que no desaparecen con el paso de los años.
En estas situaciones, la reparación no puede quedarse en lo económico ni en lo simbólico superficial. Lo primero es devolver la voz, escuchar de verdad y reconocer a la persona en toda su dignidad, porque sin ese reconocimiento no hay reparación posible, solo trámites.
La justicia restaurativa cobra aquí su verdadero sentido: no como un concepto teórico ni como una actividad formativa, sino como un proceso humano y cuidadoso que pone en el centro a quien ha sufrido, atiende sus necesidades y abre espacios para comprender el impacto real del daño.
No se trata de eventos ni de discursos, sino de intervenciones construidas con rigor, por personas preparadas, capaces de sostener el dolor, facilitar el diálogo y, cuando sea posible, acompañar también la responsabilización. Sin eso, no hay restauración, solo apariencia.
Y quizá lo más importante es entender que estos casos nos obligan a ampliar la mirada: la justicia restaurativa no solo sirve para reparar delitos, sino también para mirar de frente los fallos del sistema y los daños que como sociedad normalizamos, recordándonos que la justicia, cuando es verdaderamente restaurativa, también es una forma de humanidad compartida.
