Por Pablo Sáez Hurtado Delvy A.I. Senior Counsel · Presidente de la Comisión Joven de ENATIC · Director General de BeAl Foundation · Gestor Ético de OdiseIA
España acaba de recibir uno de esos documentos que no describen una tendencia, sino que inauguran una época. El estudio de Funcas sobre inteligencia artificial y mercado de trabajo, adelantado por El Mundo y difundido enseguida por la prensa económica, generalista y audiovisual, no ofrece una profecía cerrada, pero sí el primer mapa ambicioso del impacto potencial de la IA sobre el empleo español.
Su escenario central calcula una destrucción bruta de entre 1,7 y 2,3 millones de puestos en diez años, parcialmente compensada por nuevas ocupaciones y por ganancias de productividad. La noticia importante no es solo la cifra. Es que, por primera vez, la transformación tecnológica deja de ser una hipótesis abstracta y entra en el corazón jurídico, presupuestario y político del trabajo en España.
Eso obliga a leer el informe con una doble mirada. Una, económica: quién pierde, quién gana, quién se reconvierte y a qué velocidad. Y otra, mucho más incómoda, institucional: qué hará el Derecho del Trabajo cuando la causa técnica deje de ser excepcional y empiece a presentarse, empresa tras empresa, como la nueva normalidad del ajuste. Ahí empieza la verdadera historia.
El mérito del trabajo de Francisco Rodríguez-Fernández reside en que no confunde exposición con sustitución. El documento combina la EPA del cuarto trimestre de 2025, estimaciones internacionales de exposición ocupacional y evidencia experimental sobre productividad para construir una fotografía española con ambición macroeconómica. Su punto de partida es particularmente significativo: España cerró 2025 con 22,46 millones de ocupados y una tasa de paro por debajo del 10 %, justo cuando la adopción empresarial de IA alcanzó masa crítica. Según el INE, el 21,1 % de las empresas de diez o más empleados ya utilizaba alguna tecnología de inteligencia artificial en el primer trimestre de 2025, frente al 12,4 % de 2023.
Desde ahí, Funcas sitúa a España en una posición de exposición media-alta frente a la OCDE: 27,4 % de la fuerza laboral, ligeramente por encima de la media, aunque con un riesgo real de automatización estimado del 5,9 %, por debajo del 12 %. Esa diferencia obliga a una lectura fina. El informe no dice que España esté a salvo. Dice que la composición ocupacional española, con mayor peso de tareas interpersonales y físicas, puede amortiguar la velocidad del reemplazo, no eliminarlo. La aceleración de la adopción sugiere que el debate abandonará pronto la teoría para entrar en balances, convenios y plantillas.
Datos a manejar con cuidado
Esa metodología también explica por qué las cifras deben manejarse con prudencia. La destrucción que estima Funcas es bruta y está ligada al volumen de tareas potencialmente sustituibles, no a una desaparición simultánea y automática de puestos completos. En el escenario central, el valor de referencia ronda los dos millones de empleos; en el optimista baja hacia 700.000 y en el pesimista supera los 3,5 millones. Junto al canal de sustitución aparecen dos contrapesos: entre 2,8 y 3,5 millones de trabajadores podrían ganar productividad por complementariedad con la IA, y la creación de nuevas ocupaciones asociadas a estas tecnologías se estima en torno a 1,61 millones. El saldo neto central, por tanto, no es apocalíptico ni tranquilizador: alrededor de 400.000 empleos menos.
Los grupos bajo mayor presión son, sobre todo, técnicos y profesionales científicos, técnicos de apoyo y empleados contables y administrativos, es decir, buena parte del esqueleto blanco del sector servicios avanzado. El cuadro central asigna a los técnicos y profesionales científicos una destrucción estimada cercana a 906.000 empleos y a los administrativos otra de unos 417.000, mientras que servicios y comercio o parte de la manufactura aparecen más vinculados a efectos de complementariedad. La fotografía sectorial refuerza esa intuición: el sector TIC lidera la adopción empresarial de IA con un 58,7 %, seguido por los servicios, muy por delante de industria y construcción. Dicho de otro modo, el primer impacto vendrá donde ya hay más datos, más software y más capacidad de reorganización.
Si ese desplazamiento empieza a traducirse en recortes reales, el cauce jurídico central será el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. Hay despido colectivo cuando, en noventa días, la extinción afecta al menos a diez trabajadores en empresas de menos de cien, al 10 % en las que ocupan entre cien y trescientos, o a treinta trabajadores en las de mayor tamaño. La norma define además las causas económicas, técnicas, organizativas y productivas. Para la IA, las más relevantes serán casi siempre las técnicas, las organizativas y las productivas. Ninguna puede invocarse en abstracto: exige conexión funcional, prueba y necesidad empresarial verificable.
El procedimiento tampoco es una licencia para automatizar sin fricción. Debe abrirse un periodo de consultas con la representación de los trabajadores, de hasta treinta días naturales —quince en empresas de menos de cincuenta empleados—, orientado a evitar o reducir despidos y a atenuar sus consecuencias mediante recolocación, formación o reciclaje. La empresa debe comunicar por escrito las causas, el número y la clasificación profesional de los afectados, la plantilla habitual del último año, el calendario previsto, los criterios de selección y una memoria explicativa acompañada de documentación contable, fiscal y técnica. La autoridad laboral recibe copia del expediente, puede asistir y mediar, y remite la información a la Inspección de Trabajo y al gestor de prestaciones. La Inspección verifica documentación, desarrollo negociador, ausencia de discriminación y suficiencia de las medidas de acompañamiento.
Gestion de despidos colectivos
Hay, además, barreras materiales relevantes. Si el despido colectivo afecta a más de cincuenta trabajadores, la empresa debe ofrecer un plan de recolocación externa de al menos seis meses, con orientación, intermediación, formación y atención personalizada, a través de empresas autorizadas. Los representantes legales gozan de prioridad de permanencia, y convenio o acuerdo pueden ampliarla a otros colectivos vulnerables. Tras el periodo de consultas, la decisión empresarial puede impugnarse colectivamente por la vía del artículo 124 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, entre otros motivos por inexistencia de causa, defectos documentales o procedimentales, fraude, abuso de derecho o vulneración de derechos fundamentales. La idea es decisiva: la IA podrá justificar reorganizaciones intensas, pero no convierte en automática la validez del despido; quien alegue revolución tecnológica tendrá que probar su traducción concreta en la estructura productiva.
El frente de protección tampoco es menor. La prestación contributiva exige al menos 360 días cotizados y se reconoce entre 120 y 720 días según carrera previa; su cuantía es el 70 % de la base reguladora durante los primeros 180 días y el 60 % desde el 181. El nivel asistencial, reformado por el Real Decreto-ley 2/2024, introduce subsidios con cuantías decrecientes ligadas al IPREM y nuevos esquemas de compatibilidad a través del complemento de apoyo al empleo. Sobre el papel, el sistema existe. El problema surge al comparar su arquitectura ordinaria con la escala del shock proyectado. España terminó 2025 con 1,78 millones de beneficiarios y la AIReF prevé una senda de gasto por desempleo moderándose sobre PIB en escenarios base; una oleada tecnológica de despidos masivos rompería precisamente ese supuesto de normalidad.
Pero la pregunta decisiva no está solo en los ERE privados. Está en la asimetría institucional que puede abrirse si el empleo financiado por mercado se contrae mientras el empleo financiado por presupuesto sigue creciendo. La EPA del primer trimestre de 2026 reflejó una caída trimestral del empleo privado de 191.400 personas y, al mismo tiempo, un aumento del empleo público de 21.100, hasta 3,66 millones. En paralelo, el Gobierno aprobó en 2025 una oferta de empleo público definida expresamente como instrumento de transformación y planificación de la administración del futuro. Nada de esto es ilegítimo en sí mismo. Lo inquietante aparece si el Estado exige al tejido productivo una reconversión acelerada hacia la eficiencia algorítmica, pero difiere para sí el examen equivalente sobre duplicidades, automatización administrativa, productividad y rediseño real de funciones.
Conviene ser jurídicamente exactos. El sector público no es homogéneo. El TREBEP distingue funcionarios de carrera, interinos, personal laboral y eventual, y no todas esas relaciones admiten ni la misma lógica extintiva ni el mismo margen de reordenación. Los funcionarios están vinculados por una relación estatutaria de derecho administrativo; el personal laboral, por contrato de trabajo escrito; y los entes del sector público con personal laboral sí pueden activar procedimientos de despido colectivo bajo las especialidades del Real Decreto 1483/2012.
Por eso la pregunta no puede formularse en términos simplistas de despidos masivos de funcionarios. La cuestión es otra: si una parte creciente de tareas administrativas, de tramitación, información o apoyo resulta automatizable, ¿se amortizarán plazas vacantes, se rediseñarán procesos, se reducirá temporalidad estructural, se relocalizarán efectivos hacia funciones de mayor valor o se mantendrá intacta una arquitectura de empleo pensada para el Estado analógico? Ahí se juega la credibilidad de la modernización pública.
En eso consiste la dimensión histórica del informe de Funcas. No anuncia un apocalipsis mecánico ni autoriza un discurso complaciente sobre una destrucción inevitable. Obliga, más bien, a decidir quién absorberá el coste de la transición, con qué reglas y bajo qué idea de justicia productiva. Si la IA reduce plantillas privadas, el país necesitará algo más que titulares y subvenciones: necesitará pruebas rigurosas de causalidad empresarial, negociación colectiva capaz de anticipar reconversiones, políticas activas de reskilling con escala real y una administración dispuesta a aplicarse a sí misma la disciplina transformadora que reclama al mercado. La gran batalla no será solo tecnológica. Será institucional.
España deberá demostrar si sabe convertir productividad en prosperidad compartida o si acepta una salida más fácil y más peligrosa: privatizar el ajuste, socializar el coste y blindar, al otro lado de la ventanilla, la ficción de que el Estado puede permanecer inmóvil mientras todo lo demás cambia. Eso ya no admite más evasivas.
