Madrid, 27 feb (EFE).- El consejero madrileño de Justicia, Miguel Ángel García, ha dirigido una carta al ministro del ramo, Félix Bolaños, para preguntarle por los mecanismos de financiación previstos para cubrir los costes de aplicación de la ley orgánica de eficiencia de la Justicia, que la Comunidad cifra en 40 millones de euros.

En la misiva, a la que ha tenido acceso EFE, García se queja de que, "pese a la enorme carga que dicha ley atribuye a las comunidades autónomas con competencias transferidas", los gobiernos regionales no han sido "tenidos en cuenta".

También lamenta que la norma no vaya acompañada de una dotación presupuestaria que ayude a sufragar las adaptaciones que exige.

García, que también es portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, sostiene que la Comunidad deberá gastar 40 millones de euros, solo en 2025, para adaptar las infraestructuras judiciales e incrementar los gastos de personal y tecnológicos.

A ello "debe sumarse el incremento de las partidas correspondientes a asistencia jurídica gratuita y turno de oficio, como consecuencia de los nuevos baremos generados por la implantación de los medios alternativos de solución de conflictos", añade el consejero.

"El Gobierno central debe participar en los costes que esta ley orgánica nos impone", concluye el consejero, que recuerda que serán las autonomías las que deban configurar e implantar las oficinas judiciales correspondientes a los nuevos tribunales de instancia en cada uno de sus respectivos territorios.

La ley, que reforma la planta judicial para acercarla al ciudadano, contempla la especialización de los órganos judiciales y apuesta por medios alternativos de solución de controversias.

Incluye asimismo la especialización de los juzgados y jueces en violencia contra la infancia y la adolescencia y contempla la implantación de los tribunales de instancia y las oficinas de justicia municipales, entre otras medidas.