Demandan que haga efectiva “de manera inmediata” la partida presupuestaria necesaria, pues el Ministerio de Justicia la ha incluido en sus cuentas para 2022. Recuerdan que son los únicos partidos judiciales del Estado que, con sus características, carecen del sistema de turno rotatorio diario y realizan guardias semanales. El TSXG ya había informado en 2019 de forma favorable a la implantación de esta medida, que cuenta con el aval del CGPJ

Las juntas sectoriales de jueces de instrucción de A Coruña y Vigo han aprobado por unanimidad solicitar que, a través del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), se inste a la Xunta a hacer efectiva “de manera inmediata” la dotación presupuestaria necesaria para la implantación del sistema de prestación del servicio de guardias de 24 horas en ambos partidos judiciales, que aseguran que son los únicos del Estado que, con sus características, carecen de ese sistema de turno rotatorio. 

Los jueces de instrucción de A Coruña y Vigo subrayan que la iniciativa cuenta, en la actualidad, “con el apoyo unánime de todos los colectivos implicados en la Administración de Justicia”, así como con dotación económica del Ministerio de Justicia, pues destacan que está incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2022. Además, inciden en que su implementación es “indispensable para superar las disfunciones del sistema actual y procurar la prestación de un servicio público ágil, moderno, eficaz y respetuoso con la tutela de los derechos fundamentales y las garantías procesales”. 

La Sala de Gobierno del TSXG ya cursó en 2019 la solicitud del cambio del sistema al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras dar el visto bueno a la propuesta de los jueces de instrucción de A Coruña y Vigo, quienes abogan por modificar las guardias semanales actuales por turnos rotatorios diarios de 24 horas. En abril del año pasado el CGPJ emitió un informe favorable a la implantación de la medida, si bien advertía que el cambio estaba condicionado a que la Xunta y el Ministerio de Justicia asumiesen su coste económico. El sistema, según indicaba el CGPJ, mejoraría el servicio que se ofrece a la ciudadanía.