- Isabel Perelló clausura en Zaragoza las XXI Jornadas de presidentes/as de Tribunales Superiores de Justicia que reafirman el rechazo unánime a las "acusaciones veladas" contra los jueces y una alerta por el deterioro institucional
La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, durante su intervención en el acto de clausura de las XXI Jornadas de presidentes/as de Tribunales de Justicia, que “frente a las descalificaciones y las sospechas que se intentan proyectar sobre el colectivo judicial”, el Poder Judicial “va a seguir firme y trabajando” y no va a entrar “en debates estériles que no aportan nada a la sociedad”.
Perelló que ha reiterado su respaldo “rotundo” a los jueces “que se ven afectados por actuaciones y presiones de toda naturaleza, que no son propias de una sociedad democrática avanzada ni de un Estado de Derecho, y que no respetan el principio de lealtad institucional, que es un deber implícito en la Constitución”, ha dicho también que “el esfuerzo, la responsabilidad y la vocación de servicio definen a los jueces españoles, que también son jueces europeos y que hacen su trabajo en silencio, lejos del ruido público, resolviendo cada día los conflictos que surgen en nuestra sociedad”.
“Estamos ante una situación muy compleja, pero hay algo que no solo no cambia, sino que debe permanecer inmutable, como eje vertebrador del sentido de la función judicial”, ha asegurado la presidenta del TS y del CGPJ en referencia a la independencia judicial, de la que ha dicho que “no es un privilegio corporativo de los jueces”, sino un valor que debe ser reclamado para la sociedad, “pues es la garantía de que sus derechos serán protegidos conforme al ordenamiento jurídico”.
“Los jueces ejercen su función constitucional con independencia, imparcialidad y responsabilidad. Y con plena autonomía de criterio, como una de las expresiones esenciales de la independencia, que se basa en la aplicación exclusiva de las leyes y del ordenamiento jurídico. Por ello deben ser protegidos de presiones o injerencias externas, vengan de donde vengan, y de campañas de desprestigio”, ha añadido.
Perelló ha señalado que “el juez que revisa la actuación de los poderes públicos sirve a la voluntad popular en su expresión más alta, que es la Constitución, y aplica las leyes aprobadas por los representantes de los ciudadanos”.
“La democracia no se agota en el voto. La democracia se cumple también cada vez que una persona, cualquiera que sea su poder o condición, encuentra un juez independiente que resuelve conforme a la ley”, ha concluido.
Unas jornadas de reivindicación
Por su parte, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas, reunidos en Zaragoza en las XXI Jornadas de Presidentes, han emitido una declaración institucional en la que manifiestan su «profunda preocupación» por el «deterioro institucional y la tensión inaceptable» entre el poder ejecutivo y el judicial, lo que, según advierten, «erosiona las bases de nuestro Estado democrático de derecho».
Los representantes de los órganos jurisdiccionales superiores de cada Comunidad autónoma muestran así su rechazo a «todo ataque que exceda de la legítima crítica a las decisiones judiciales, descalificaciones personales y acusaciones veladas de las que están siendo objeto directo algunos integrantes del Poder Judicial».
En ese sentido, reivindican «el respeto debido a la independencia judicial, que es garantía de una justicia imparcial», subrayan.
«Creemos que las instituciones democráticas se fortalecen cuando cada uno cumple con responsabilidad el papel que constitucionalmente tiene atribuido y cuando el respeto entre poderes prevalece sobre cualquier otra consideración», sostienen.
Una declaración que concluyen con una advertencia en todo caso: «La justicia seguirá desempeñando su función con independencia, con responsabilidad y con plena sujeción a la ley».
Entre las conclusiones de este foro, los magistrados han coincidido en la necesidad de profundizar en la concepción de la oficina judicial como una organización de carácter instrumental que sirva de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional «con un diseño que procure su homogeneidad y garantice la seguridad jurídica».
Para ello, estiman que la Sala de Gobierno, atendiendo a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, tiene que «afianzar» su competencia para actuar y decidir sobre todos los asuntos que afecten a la oficina judicial y resolver las controversias, así como conocer el contenido de los protocolos y manuales relativos a la actuación y funcionamiento de la oficina judicial.
En ese sentido, advierten de que la existencia de servicios comunes únicos para distintos tipos de tribunales de instancia, audiencias provinciales y tribunales superiores de justicia, «genera graves disfunciones por su dispersión normativa y heterogeneidad en el objeto de la regulación».
Y abogan por potenciar la coordinación entre la oficina y el tribunal o sección y consideran «deseable» una «coincidencia sustancial» de los acuerdos de unificación de criterios entre las distintas secciones del mismo Tribunal de Instancia y su comunicación a los responsables de los servicios comunes procesales para su debido cumplimiento.
En cuanto a la dotación de recursos para los tribunales de instancia, consideran «preocupante» el «desmesurado volumen» de vacantes en los cuerpos funcionariales y llaman a «atajarlas sin demora», además de reducir «hasta el límite imprescindible» la interinidad de los puestos de trabajo de los funcionarios.
Sostienen, además, que la relación telemática entre los titulares de las plazas judiciales y el personal que integra la oficina judicial debe complementarse con la relación presencial para dar cuenta y trasladar las incidencias que se produzcan.
E instan a profundizar en la «especialización» de los grupos de trabajo que se integran en los distintos servicios comunes, para dar cobertura a una tramitación homogénea en todas las plazas judiciales tanto en la fase declarativa (tramitación) como en la de ejecución.
Desigualdades entre regiones
Ante el avance del proceso de digitalización en el que se haya incurso la justicia, los presidentes de los TSJ españoles defienden que se hace necesario articular «un modelo de gobernanza basado en la coordinación, la comunicación permanente y la toma de decisiones compartida, sustentado en el diálogo institucional, en el que los tribunales superiores de justicia están llamados a desempeñar un papel preponderante en la ordenación, impulso y cohesión territorial del sistema».
Avisan de la «desigualdad» y las «asimetrías» que aprecian en «la implantación, desarrollo y grado de madurez de las soluciones tecnológicas» entre territorios, lo que, alertan, «compromete el principio de igualdad en el acceso al servicio público y genera disfunciones en la prestación homogénea de la función jurisdiccional». Por ello reivindican «un modelo tecnológico común, basado en estándares obligatorios y soluciones interoperables que permitan el pleno recorrido de expedientes electrónicos en todo el territorio nacional».
Apuntan «importantes dificultades operativas» en algunas regiones en el funcionamiento del Expediente Judicial Electrónico que inciden directamente en la eficiencia del sistema y sostienen que los diferentes sistemas informáticos han de garantizar «la indexación de vistas y grabaciones en el expediente judicial electrónico, su textualización y transcripción automatizada, la intuitiva localización de acontecimientos a través de sistemas de voz, mapas de asuntos claros y sistemas intuitivos de búsqueda y filtración de acontecimientos».
Para los proyectos de automatización y la incorporación de la inteligencia artificial apelan a las recomendaciones europeas y al impulso decidido del CGPJ, con pleno respeto a los principios de independencia judicial y control jurisdiccional.
Enumeran como principios que se garantice «la transparencia, la auditabilidad de los sistemas y la formación especializada de los operadores jurídicos, asegurando que la tecnología actúe como apoyo y no como sustituto de la función jurisdiccional».
Una modernización tecnológica que ha de estar, afirman, «indisolublemente unida a la protección efectiva de la carrera judicial» mediante un modelo de prevención que garantice «una formación específica, suficiente y continua» en el uso de las nuevas tecnologías implantadas, «y que priorice la salud».
Mejorar comunicación con el CGPJ
Al CGPJ le reclaman «de forma urgente y decidida» el desarrollo efectivo de un nuevo Sistema de Gestión Gubernativa, que garantice una comunicación «ágil, directa, segura y estructurada» entre los distintos órganos de gobierno del Poder Judicial.
También propugnan reforzar la calidad de la atención al público y la accesibilidad para que la Justicia como servicio público se perciba «más cercana y comprensible». Para lograrlo, reivindican un «incremento sostenido» de la planta judicial que permita aproximar progresivamente la ratio de jueces por habitante a los estándares europeos y atender adecuadamente las necesidades derivadas de la litigiosidad existente, pero, puntualizan, «preservando, en cualquier reforma relativa al acceso a la carrera judicial, los principios de mérito, capacidad y excelencia profesional que exige el ejercicio de la función jurisdiccional».
Solicitan también medidas de apoyo que se atengan a datos objetivos procedentes del Punto Neutro Judicial y otros indicadores homogéneos de carga de trabajo y criterios comunes, atendiendo a parámetros cuantitativos, cualitativos, organizativos y de resultados. A ello suman la implantación de mecanismos de seguimiento y control de las sustituciones voluntarias y externas.
Reclaman que el presidente de un TSJ se sitúe en el marco normativo inmediatamente después de la Presidencia de la Asamblea Legislativa y reforzar sus oficinas de comunicación con medios adecuado
