Madrid, 10 jun (EFE).- Asociaciones de jueces y fiscales han convocado para este miércoles un paro de diez minutos para mostrar su oposición a la reforma de la ley del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que a su juicio afecta gravemente a la independencia judicial e incrementa el riesgo de politización.
El paro -que se celebrará a las 12:00 horas- ha sido convocado por cinco asociaciones de jueces y fiscales: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
Piden la retirada de la ley de reforma del Poder Judicial, que se encuentra en tramitación parlamentaria, porque estiman que "recoge medidas altamente perjudiciales por afectar gravemente a la independencia judicial, no responde a una demanda social y no contribuye a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, incrementando los riesgos de su politización y debilitando los valores en los que se sustenta el Estado de derecho".
Una norma que -denuncian- supone un retroceso en el respeto a principios constitucionales como el mérito y la capacidad en el acceso a las carreras judicial y fiscal, "con grave riesgo para la independencia judicial".
En declaraciones a EFE, el portavoz de la AJFV, Sergio Oliva, explica que el paro convocado para este miércoles "es un paso fundamental para demostrar nuestra más firme oposición al proyecto de ley".
Considera que esta reforma supone un "acceso arbitrario" a la judicatura y fiscalía, "privilegiando a quienes acceden por el cuarto turno para puestos discrecionales, limitando la participación democrática en los órganos de gobierno de los jueces, y sometiendo instancias claves a criterios partidistas".
"Es un paro contra el proceso de estabilización de cientos de jueces y fiscales sustitutos que no es exigido por Europa, y que supondrá, por la forma en la que está redactado, que sea un auténtico coladero", subraya.
Oliva destaca que las asociaciones convocantes defienden el mérito, la capacidad y la igualdad, y especialmente el derecho de la ciudadanía a una justicia profesional, independiente e imparcial. "Por eso paramos".
El Ejecutivo quiere llevar a cabo un proceso extraordinario de estabilización de jueces y fiscales sustitutos a través de la convocatoria de un cuarto turno extraordinario.
Con él pretende sacar de la "precariedad" a cerca de un millar de jueces y fiscales.
El Gobierno destaca que se trata de una exigencia europea, que ha instado a España, bajo amenaza de sanción, a regularizar a este colectivo, pero las asociaciones puntualizan que lo que se exige es acabar con el abuso de la temporalidad, "algo que está muy lejos de la situación actual, puesto que se siguen nombrando sustitutos persistiendo en lo que se dice se pretende acabar".
"El necesario reconocimiento de los derechos profesionales de jueces y fiscales sustitutos no exige su integración en las carreras judicial y fiscal, y menos por una puerta creada al efecto y sin garantías", denuncian.