Turno de oficio: alerta roja
Ángel Méndez Bernal
Presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Función Social del CGAE.Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena
El próximo 12 de julio se conmemora el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, una fecha que recuerda la entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. Este año se cumplen treinta años de una norma que marcó un antes y un después en nuestro Estado de Derecho.
Fue una ley innovadora y valiente. Su finalidad era clara: garantizar que quienes carecen de medios económicos pudieran acceder a la tutela judicial efectiva mediante la asistencia de profesionales que defendieran sus derechos con las mismas garantías que cualquier otro ciudadano. En definitiva, hacer realidad un principio esencial de toda democracia: que la Justicia no dependa de los recursos económicos de las personas.
Treinta años después, y aunque pueda parecer difícil de creer, ese principio vuelve a estar en riesgo.
¿Cómo es posible?
La respuesta es sencilla: nuestros poderes públicos siguen posponiendo una reforma integral del sistema que garantice su viabilidad y sostenibilidad. Mientras la demanda del servicio no deja de crecer, quienes tienen la responsabilidad de preservarlo continúan mirando hacia otro lado.
Los problemas estructurales no desaparecen por ignorarlos. La Abogacía Española lleva años advirtiendo de una situación cada vez más preocupante, alertando del progresivo deterioro del sistema. Sin embargo, las advertencias han sido recibidas con una preocupante pasividad. Como Nerón contemplando el incendio de Roma, parece que algunos prefieren asistir al deterioro antes que actuar.
Pero esta es nuestra Roma. Y no estamos dispuestos a verla arder.
Los datos hablan por sí solos. Desde 2020, el Turno de Oficio ha perdido más de 6.400 abogados, lo que supone un descenso superior al 14 % en apenas cinco años. La tendencia es inequívoca: si nada cambia, en 2030 quedarán menos de 33.000 profesionales prestando este servicio esencial en toda España.
Y las consecuencias dejarán de ser una advertencia para convertirse en una realidad.
Hay territorios que, en apenas cuatro años, podrían tener serias dificultades para mantener el actual modelo de Justicia Gratuita. Entre ellos se encuentran Ceuta y las comunidades autónomas de Baleares, Castilla-La Mancha, Navarra, Cataluña, La Rioja, Canarias y Extremadura. En esos lugares podría verse comprometida la capacidad de garantizar un derecho constitucional básico: el acceso efectivo de todos los ciudadanos a la Justicia.
La paradoja es evidente. Mientras disminuye el número de abogados del Turno de Oficio, aumenta cada año el número de ciudadanos que necesitan este servicio.
Entonces cabe formular algunas preguntas inevitables.
¿Quién defenderá a las víctimas de violencia de género?
¿Quién asistirá a los detenidos desde el primer momento de la privación de libertad?
¿Quién garantizará la defensa de quienes carecen de recursos económicos?
¿Quién sostendrá, en definitiva, uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho?
El Consejo General de la Abogacía Española lleva tiempo denunciando esta situación. Ha presentado informes rigurosos, datos objetivos y propuestas concretas para revertirla. Los problemas son conocidos. Las soluciones también. Lo único que sigue faltando es la voluntad política necesaria para convertirlas en realidad.
Existe, además, una oportunidad que no debería desaprovecharse. El anunciado anteproyecto de nueva Ley puede convertirse, por fin, en el instrumento que otorgue al Turno de Oficio el reconocimiento jurídico, profesional y económico que merece tras décadas de servicio ejemplar.
Es posible construir un sistema sostenible. Un sistema que garantice una retribución digna, condiciones adecuadas para quienes lo prestan y, sobre todo, la continuidad de un servicio público imprescindible para millones de ciudadanos.
Mientras tanto, los Colegios de la Abogacía seguirán haciendo todo cuanto esté en su mano. Y los abogados y abogadas del Turno de Oficio continuarán desempeñando su labor con la misma entrega, profesionalidad y compromiso de siempre, defendiendo los derechos de los demás incluso cuando sienten que nadie defiende los suyos.
Pero la vocación tiene un límite cuando se enfrenta de forma permanente al abandono de los poderes públicos. La situación ya no admite diagnósticos complacientes ni nuevas demoras. Es momento de defender a quienes defienden.
El tiempo de los diagnósticos ha terminado. Estamos en alerta roja. Todas las señales de alarma están activadas y el tiempo para reaccionar se agota. Ahora la decisión corresponde a quienes tienen la responsabilidad de actuar.
La pregunta ya no es si conocen el problema.
La pregunta es si tendrán la voluntad de evitar que el acceso universal a la Justicia se convierta, treinta años después de su conquista, en un derecho reconocido sobre el papel, pero inalcanzable en la práctica.
Porque, cuando Roma arde, ya no basta con contemplar las llamas.