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Este acuerdo surge como respuesta a las demandas judiciales concretas de diferentes jueces por incumplimientos en prevención de riesgos laborales, tras las que, en lugar de cumplir el mandato del Supremo, el CGPJ vacía de contenido su sentencia y la protección que venía reconociéndose. “Esto es muy grave, empieza porque hay jueces que han tenido que demandar para que se proteja su salud laboral. Y no reclamamos derechos nuevos o excepcionales, sino que denunciamos el retroceso respecto de lo que el propio CGPJ había asumido y construido durante años en materia de prevención y salud laboral. No exigimos más, simplemente pedimos no ir hacia atrás”, afirma la portavoz nacional de la Asociación, María Enma Ortega.
Dicho acuerdo deroga el artículo 317.2 del Reglamento de Carrera, la única norma que reconocía el derecho a una protección eficaz en seguridad y salud, remitiendo a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Así, niega la aplicabilidad de esta Ley a jueces y magistrados, contradiciendo el Convenio CGPJ-Ministerio de 2010, el Plan de Prevención 2015-2016 y la STS 581/2023 de la Sala Cuarta del TS, y sustituyendo derechos exigibles por disposiciones discrecionales.
El acuerdo, además, fue adoptado sin audiencia previa a las asociaciones judiciales y sin informe de impacto de género, lo que añade “un problema de forma a un problema ya grave de fondo”, según Ortega. Por eso, se ha producido un retroceso respecto de los avances que el propio CGPJ había construido durante años en materia de prevención y salud laboral, un ámbito especialmente sensible dado el nivel de estrés y carga de trabajo que soportan los órganos judiciales.
“El Tribunal Supremo fue claro: hay que regular la carga de trabajo para proteger la salud laboral de quien imparte justicia”, recuerda la portavoz nacional de la Asociación. “No puede responderse a esa sentencia eliminando precisamente la herramienta que debía garantizar esa protección”.
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria recuerda que el problema no es corporativo, sino estructural y ciudadano. Si se deterioran las condiciones en las que trabaja quien juzga, se deteriora también la calidad de la Justicia que recibe el ciudadano. Un juez agotado no emite peores sentencias por falta de profesionalidad, sino porque una sobrecarga sostenida acaba afectando a la calidad del servicio público.
Según la evaluación de FREMAP de 2018, el 90% de los jueces analizados presentaba un riesgo elevado o muy elevado por exceso de carga laboral. “Estos datos no hablan de privilegios, sino de un problema real que afecta directamente a la ciudadanía. La salud judicial no es un lujo, es una garantía: sin condiciones de trabajo seguras, la independencia judicial no está materialmente garantizada”, afirma María Enma Ortega.
La AJFV aclara que no defiende un interés gremial, sino un servicio público esencial: “Cuidar la salud de los jueces es cuidar la salud de la Justicia. No se trata de proteger a un colectivo frente a los demás, sino de asegurar que la persona que entra en un juzgado encuentre una justicia imparcial, serena y de calidad. Porque cuando se debilitan las condiciones en las que trabajan quienes juzgan, se debilita también la confianza del ciudadano en la Justicia”.