Por Sami Moussa Señoras y señores magistrados del Tribunal Supremo: Les escribo como afectado por el IRPH, pero sobre todo como ciudadano que aún intenta comprender cómo se ha gestionado judicialmente uno de los mayores fraudes hipotecarios de nuestra historia reciente. Les escribo con respeto, pero también con una profunda preocupación. Porque cuando la Justicia deja demasiadas preguntas sin respuesta, lo que se resiente no es solo un colectivo concreto, sino la confianza en el propio Estado de Derecho.
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Sami MoussaAfectado por IRPH |
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No hablo desde la ideología ni desde el resentimiento. Hablo desde los datos, desde las matemáticas, desde los informes oficiales y desde la jurisprudencia europea. Y desde ahí, permítanme decirlo con claridad: cuesta entender cómo se está tratando a las víctimas del IRPH.
Transparencia no es justicia material
Durante años, en el ámbito del Derecho de consumo, se ha consolidado una idea clara: una cláusula puede ser abusiva por falta de transparencia, aunque el consumidor la haya firmado. Así ocurrió con las cláusulas suelo. Bastó con constatar que el consumidor medio no comprendía el alcance económico real de aquello que firmaba.
Entonces, ¿por qué en el IRPH el estándar cambia?
¿Por qué, de repente, se exige al consumidor un conocimiento técnico propio de un experto financiero? ¿Por qué se le presume una capacidad de análisis que no se le exigió —con buen criterio— en otros productos igualmente complejos?
La gran mayoría de consumidores solo contratan una hipoteca una vez en su vida. No tienen formación financiera, no tienen acceso a bases de datos, no saben cómo se construyen los índices oficiales ni cómo afectan a una cuota mensual durante 20 o 30 años. Y, sin embargo, en sus sentencias parece que se les exige haber sabido más que quienes diseñaron y comercializaron el producto.
El contexto importa (aunque a veces se ignore)
Las hipotecas con IRPH se contrataron, en su mayoría, durante el boom inmobiliario. Un contexto de euforia, presión comercial y asimetría total de información. Las entidades financieras eran las expertas. Los consumidores confiaban.
Sin embargo, sus resoluciones tienden a descontextualizar completamente ese momento histórico, trasladando la responsabilidad al eslabón más débil: el consumidor, que “debió informarse mejor”.
Permítanme una pregunta sencilla:
si un profesional engaña, oculta información o utiliza datos sesgados en la contratación de un producto complejo, ¿de quién es la culpa? ¿Del experto o del consumidor?
Porque trasladar sistemáticamente la responsabilidad a quien no tenía medios reales para comprender lo que firmaba no es protección del consumidor: es normalizar el abuso.
Europa habla claro… ¿por qué aquí se susurra?
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido claro en múltiples ocasiones:
la transparencia no es solo formal, es comprensión real del impacto económico.
Y el segundo control —el de desequilibrio— debe analizar si el consumidor quedó en una posición injustamente desfavorable respecto a alternativas reales de mercado.
Aquí surge otra gran incógnita.
¿Por qué, en ese segundo control, no se compara el IRPH con el índice que realmente utilizaba la inmensa mayoría de los consumidores?
Los datos son públicos y contundentes:
- El 98 % de las hipotecas eran variables.
- De ellas, aproximadamente el 85 % estaban referenciadas al euríbor.
Para el consumidor medio de aquella época, solo existían dos opciones reales: euríbor o tipo fijo. Quienes no conocían el funcionamiento del IRPH eran los consumidores, no las entidades financieras. Los bancos sí conocían su fórmula de cálculo, sabían que se trataba de una media de TAEs —con comisiones incluidas— y, por tanto, sabían que estructuralmente siempre estaría por encima de otros índices. Esa información esencial no solo no se explicó, sino que se ocultó deliberadamente, impidiendo al consumidor comprender que contrataba un índice que, por diseño, le resultaría sistemáticamente más caro.
No comparar con lo que se aplicaba a la gran mayoría de las hipotecas solo se entiende desde una lógica: beneficiar a quien diseñó y comercializó el producto, no a quien lo sufrió.
El silencio del Banco de España
Hay otro aspecto difícil de comprender: el famoso diferencial negativo.
¿Por qué no se ha llamado al Banco de España para aclararlo definitivamente?
¿Por qué no se consulta a quienes redactaron la norma o supervisaron su aplicación?
Cuando existen dudas técnicas tan relevantes, lo lógico sería acudir a los expertos. No hacerlo, o hacerlo de forma tangencial, solo aumenta la sensación de que el asunto no se quiere cerrar con claridad, sino con ambigüedad.
Justicia no es economía, ni política
Desde el punto de vista de un afectado, hay algo especialmente doloroso: la sensación de que en estas decisiones pesan factores ajenos al Derecho.
Los jueces no están para proteger balances, ni estabilidad macroeconómica, ni intereses políticos. Están para hacer cumplir la ley, aunque el resultado sea incómodo para una de las partes.
Cuando las resoluciones parecen alinearse sistemáticamente con quien tiene toda la información, todo el poder y toda la capacidad de engaño, lo que se erosiona no es solo una causa concreta: es la legitimidad de la institución.
Cuando la Justicia deja de parecer Justicia
Este tipo de sentencias transmiten un mensaje devastador al ciudadano:
que no hay reglas iguales para todos,
que gana el más fuerte,
que la ley protege mejor al que engaña que al engañado.
Y eso, señoras y señores magistrados, no es un problema menor. Es el caldo de cultivo perfecto para la desafección, el descrédito institucional y la pérdida de fe en la democracia.
Mi conclusión
Señoras y señores magistrados,
Ustedes no están resolviendo un debate técnico ni una discusión académica.
Están decidiendo sobre vidas reales.
Cada sentencia que ignora la realidad del fraude, cada resolución que traslada la culpa al consumidor engañado, empuja a miles de familias un poco más hacia el abismo. Familias que lo hicieron todo bien: trabajar, pagar, confiar en las instituciones y en la palabra de quien se presentaba como experto.
Ustedes todavía tienen una elección.
Pueden ser quienes pongan fin al infierno cotidiano que viven cientos de miles de afectados, aplicando el Derecho europeo, sancionando el abuso y devolviendo la dignidad a quienes nunca debieron perderla.
O pueden ser recordados como quienes, pudiendo hacer justicia, decidieron mirar hacia otro lado, convirtiéndose en el último eslabón de una cadena que ha condenado a la miseria, al miedo y a la desesperanza a miles de familias.
Porque cuando la ley deja de proteger al débil y solo sirve al poderoso, ya no hablamos de estabilidad ni de seguridad jurídica.
Hablamos de sufrimiento.
Y eso también tiene responsables.