Por Sami Moussa. Afectado por IRPH Hablar del IRPH no es, para mí, un ejercicio académico ni una discusión técnica entre juristas. Es hablar de mi vida, de mi hogar y de una trampa financiera que me ha acompañado durante casi dos décadas. Soy uno de los cientos de miles de afectados por el IRPH en España y fui defraudado en plena burbuja inmobiliaria por CaixaBank.
Corría el año 2006. Los precios de la vivienda subían mes a mes y el mensaje era claro: o comprabas entonces o quedabas fuera para siempre. No era como ahora. No existían los teléfonos inteligentes, no había acceso inmediato a la información ni comparadores financieros. En muchas casas apenas había una conexión de 56k, que además ocupaba la línea telefónica. La asimetría informativa entre banco y consumidor era absoluta.
En ese contexto adquirí mi vivienda, mi hogar, no un producto financiero especulativo.
Y ahí empezó la pesadilla.
Durante años cumplí religiosamente con mis pagos, hasta que algo empezó a no cuadrar. Mientras los tipos bajaban, mi hipoteca subía. Cuando estalló el escándalo de las cláusulas suelo pensé que ese era mi problema. Fui a distintos “expertos” y ninguno supo decirme qué tenía exactamente en mi contrato. Hasta que llegué a ASUFIN, donde me lo explicaron con claridad: no tenía cláusula suelo. Ojalá. Lo mío era peor.
Ahí empezó mi auténtico máster en cláusulas abusivas y fraudes bancarios.
Mi préstamo reúne un cóctel especialmente tóxico:
IRPH, cuota creciente y, desde 2013, el IRPH “congelado”, convirtiendo de facto una hipoteca variable en una fija impuesta. El resultado es demoledor: de un préstamo de 213.000 euros a 40 años, tras casi dos décadas he amortizado poco más de 40.000 euros de capital y he pagado más de 150.000 euros solo en intereses.
Mi contrato fue una trampa desde el inicio.
Una definición manipulada e incompleta que me hacía creer que pagaba la media de los préstamos “sin comisiones”, remitiéndome a un BOE (circular 8/90) donde no se explicaba nada sobre el IRPH, citando circulares sin aplicarlas correctamente, omitiendo el diferencial negativo que correspondía, medias TAE, circular 5/94 y ocultando información esencial que, de haber sido transparente, jamás habría aceptado.
No contraté lo que me hicieron creer que contrataba.
Se me vendió algo que no existía tal y como se describía. Eso, en cualquier otro ámbito, se llamaría estafa o fraude.
Y lo más grave es que no hablamos de errores aislados, sino de un diseño contractual sistemático que beneficiaba siempre al banco y perjudicaba al consumidor. Un consumidor que, evidentemente, no tenía ni podía tener los conocimientos técnicos de una entidad que firmaba decenas de hipotecas al día.
Todo esto no es una opinión personal.
Está recogido en la jurisprudencia europea.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reiterado que la transparencia no es solo formal, sino material, y que el consumidor debe poder comprender las consecuencias económicas reales del contrato:
- STJUE de 3 de marzo de 2020, asunto C-125/18 (Gómez del Moral Guasch)
- STJUE de 13 de julio de 2023, asunto C-265/22
- STJUE de 12 de diciembre de 2024, asunto C-300/23
Todas ellas interpretan la Directiva 93/13/CEE, en particular sus artículos 4, 6 y 7, que obligan a:
- información clara y comprensible
- control real de abusividad
- expulsión efectiva de las cláusulas abusivas
A pesar de todo ello, la justicia española sigue negando en la práctica la nulidad del IRPH. Yo he perdido en primera instancia y, tras la última sentencia del Tribunal Supremo, es muy probable que vuelva a perder en segunda.
El mensaje implícito es devastador:
aunque exista engaño, ocultación, manipulación contractual y un perjuicio económico enorme, no pasa nada si el afectado es el consumidor y el beneficiado es la banca.
Las matemáticas no mienten.
Las directivas europeas tampoco.
Se sabe que se ha cobrado de más, que se ha ocultado información esencial y que el consumidor no pudo comprender el impacto económico real del contrato. Eso no es discutible desde un punto de vista técnico ni jurídico europeo.
Y sin embargo, en España, se valida.
Después de años de lucha judicial, he dejado de confiar en el Estado y en las instituciones públicas españolas. No porque crea que todos los jueces actúen de mala fe, sino porque el sistema, cuando está en juego la cuenta de resultados de la banca, no protege al débil frente al fuerte.
Se protege a sí mismo.
El IRPH no es solo un problema financiero.
Es el síntoma de algo mucho más profundo: la quiebra de la confianza en el Estado de Derecho cuando los intereses económicos pesan más que los derechos de los ciudadanos.
Esta no es solo mi historia.
Es la de cientos de miles de familias que descubrieron demasiado tarde que su hogar estaba sostenido sobre una trampa legalizada.
Y mientras Europa señala el camino, en España seguimos mirando hacia otro lado.