Por Pablo Sáez Hurtado . Delvy A.I. | Presidente Comisión Joven ENATIC | Director General BeAI Foundation | Gestor Ético OdiselA
Un buen comienzo en el momento exacto
La pregunta que sobrevuela el nuevo Decálogo de principios para el uso seguro y responsable de sistemas de IA por la Abogacía Española no es si llega tarde o pronto. Llega cuando tenía que llegar: en el instante en que la inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa tecnológica para convertirse en infraestructura silenciosa de la práctica jurídica. Ya no hablamos solo de redactar escritos con más velocidad, resumir contratos, ordenar jurisprudencia o automatizar tareas mecánicas. Hablamos de una nueva capa de decisión, influencia y riesgo que entra en el despacho, en la relación con el cliente, en el secreto profesional, en la estrategia procesal y, finalmente, en la confianza pública en la abogacía.
Por eso el movimiento del Consejo General de la Abogacía Española, a través del Consejo Asesor sobre Innovación, Abogacía y Justicia Digital ( CAIA ), merece reconocimiento. El decálogo no es una ocurrencia, ni una pieza de marketing institucional. Ordena una conversación que la profesión necesitaba tener con urgencia y sitúa diez pilares razonables: control humano efectivo, responsabilidad personal, derechos fundamentales, calidad técnica, confidencialidad y seguridad, transparencia, explicabilidad, proporcionalidad, prevención de sesgos y formación continua. La arquitectura es correcta. El problema, precisamente, es que la IA jurídica ya no se gobierna solo con arquitectura. Necesita ingeniería.
Lo que el decálogo hace bien
El primer acierto es colocar el control humano efectivo al inicio. En la abogacía, la IA puede asistir, acelerar y complementar; pero no puede sustituir el juicio profesional. Ese punto es nuclear porque desmonta la fantasía más peligrosa del momento: que la herramienta pueda absorber la responsabilidad del abogado. No puede. El profesional sigue firmando, aconsejando, litigando, decidiendo y respondiendo. La tecnología no comparece ante el cliente, no se sienta ante el tribunal y no soporta el reproche deontológico. Quien utiliza la IA sigue siendo el garante último de lo que entrega.
El segundo es conectar IA con derechos fundamentales. No discriminación, tutela judicial efectiva, igualdad y protección de datos no son adornos retóricos, sino límites materiales del uso jurídico de sistemas automatizados. En una profesión que maneja información sensible, intereses vitales y conflictos humanos, el error algorítmico no es un fallo menor: puede alterar una defensa, sesgar una valoración, filtrar datos confidenciales o erosionar la posición de una persona vulnerable.
También es oportuno exigir calidad técnica, transparencia, explicabilidad, proporcionalidad y formación continua. El decálogo habla el idioma correcto del AI Governance contemporáneo. No cae en tecnofobia, pero tampoco en entusiasmo infantil. Recuerda que no toda herramienta sirve para todo, que el cliente debe conocer cuándo se usa IA, que el profesional debe entender mínimamente sus límites y que la competencia jurídica empieza a incluir competencia tecnológica. Ahí el CGAE acierta: la alfabetización en IA ya no es un plus reputacional; empieza a ser una exigencia profesional.
La gran carencia: principios sin protocolo
La crítica, por tanto, no debe dirigirse contra lo que el decálogo dice, sino contra lo que todavía no concreta. El documento funciona muy bien como declaración de mínimos, pero se queda corto como sistema operativo de cumplimiento profesional. En otras palabras: es una brújula necesaria, pero aún no es un mapa. Y en la era de la IA generativa, una brújula sin mapa puede generar una falsa sensación de seguridad.
El riesgo real no es que los abogados ignoren que deben supervisar la IA. El riesgo es que crean estar supervisándola cuando, en realidad, solo están leyendo con confianza un resultado aparentemente impecable. El mayor peligro de estos sistemas no es el error visible, sino la respuesta verosímil, elegante y falsa. Por eso el decálogo debería incorporar un principio autónomo de verificación reforzada: ningún contenido generado o asistido por IA debe incorporarse a una opinión jurídica, demanda, recurso, contrato, informe o comunicación relevante sin comprobación expresa de hechos, citas, normas, jurisprudencia, doctrina y razonamiento.
Ese punto no puede quedar diluido dentro del control humano o la calidad técnica. Debe nombrarse. Debe convertirse en obligación clara. La abogacía no puede permitirse descubrir por la vía reputacional, judicial o disciplinaria que una cita inexistente, una norma derogada o una inferencia inventada pasaron inadvertidas porque el texto “sonaba bien”.
Cinco piezas imprescindibles para una versión 2.0
La primera pieza que falta es la trazabilidad. Un despacho que use IA en asuntos relevantes debería poder reconstruir qué herramienta utilizó, con qué finalidad, sobre qué documentos, bajo qué instrucciones, con qué revisión humana y con qué resultado. No se trata de burocratizar la abogacía, sino de hacer defendible la diligencia profesional. Sin trazabilidad, no hay aprendizaje de incidentes, no hay auditoría interna y no hay manera sólida de acreditar que el uso fue razonable.
La segunda es la gobernanza del proveedor. El decálogo exige confidencialidad y seguridad, pero debería avanzar hacia una diligencia mucho más concreta: dónde se tratan los datos, si se usan para entrenamiento, qué subencargados intervienen, qué cifrado se aplica, qué garantías de segregación existen, qué régimen de conservación opera y qué métricas de fiabilidad ofrece la herramienta. En muchos casos, el verdadero riesgo no está en el prompt, sino en el contrato tecnológico que nadie leyó con suficiente severidad.
La tercera pieza es una política de usos prohibidos o especialmente restringidos. No basta con decir que la IA debe ser proporcional. Conviene identificar escenarios de alerta: introducir secretos empresariales o datos especialmente sensibles en herramientas abiertas; perfilar credibilidad de testigos o clientes; delegar investigación jurídica sin contraste; automatizar estrategias procesales; o usar modelos no verificados en asuntos penales, familiares, laborales, migratorios o de especial vulnerabilidad. Hay casos en los que la prudencia no debe recomendarse: debe presumirse.
La cuarta es la gestión de incidentes. Si un despacho detecta una alucinación relevante, una filtración, un sesgo, una recomendación dañina o una decisión automatizada inadecuada, debe saber qué hacer: documentar, corregir, informar, mitigar, revisar la herramienta y evitar repetición. La ética profesional no puede depender de la improvisación posterior al daño.
La quinta son cláusulas y checklists oficiales. El CGAE podría convertir este decálogo en verdadero estándar si lo acompaña de modelos prácticos: cláusulas de información al cliente, cláusulas con proveedores, listas de verificación para escritos procesales, matrices de riesgo por caso de uso y guías específicas para litigación, compliance, mercantil, penal, laboral, consumo, protección de datos y turno de oficio.
La oportunidad institucional del CGAE
El siguiente paso debería ser más ambicioso: transformar el decálogo en una verdadera política colegial de IA jurídica. Eso implica pasar del principio al expediente, de la recomendación al procedimiento, del mensaje institucional al estándar revisable. La abogacía española tiene una oportunidad singular para liderar en Europa una tercera vía profesional: ni prohibición defensiva ni adopción acrítica, sino uso competente, documentado, proporcionado y jurídicamente responsable.
Esa vía exigiría, además, distinguir por niveles de riesgo. No es lo mismo usar IA para ordenar bibliografía que para preparar una estrategia penal; no es lo mismo resumir documentación interna que alimentar un modelo externo con datos confidenciales; no es lo mismo redactar un primer borrador mercantil que perfilar la credibilidad de una persona vulnerable. La ética jurídica de la IA no puede ser plana. Debe ser graduada, contextual y sensible al daño posible.
También convendría conectar el decálogo con la deontología vigente. Secreto profesional, independencia, competencia, lealtad al cliente, veracidad ante los tribunales y prohibición de conflictos de interés no son categorías antiguas incapaces de hablar con la IA. Son, precisamente, el lenguaje desde el que debe gobernarse. La revolución tecnológica no deroga la deontología; la somete a una prueba de estrés. Y esa prueba no se supera con declaraciones, sino con hábitos profesionales verificables.
El veredicto: sí, pero todavía no basta
Mi conclusión es favorable, pero no complaciente. Los diez principios están bien elegidos. El enfoque general es correcto. El tono institucional es prudente. Y el mensaje de fondo es inequívoco: la IA puede entrar en la abogacía, pero no puede destronar al abogado ni degradar la dignidad del cliente. Ese equilibrio es valioso, especialmente en un mercado en el que conviven fascinación tecnológica, presión comercial y una peligrosa tendencia a presentar cada copiloto jurídico como revolución irreversible.
Pero precisamente porque el texto es importante conviene exigirle más. La profesión no necesita solo un decálogo que pueda compartirse en redes, imprimirse en un póster o proyectarse en una jornada colegial. Necesita una gobernanza verificable. Necesita saber qué herramientas se pueden usar, para qué, bajo qué condiciones, con qué cautelas, con qué registros, con qué controles y con qué consecuencias si algo falla.
Y conviene decirlo sin rodeos: quien domine esa transición no solo será más eficiente, será más confiable; quien la ignore, podrá ser más rápido, pero más vulnerable, opaco y peligroso para la confianza que sostiene la función social de la abogacía.
El futuro de la abogacía no se decidirá entre quienes usen IA y quienes no la usen. Se decidirá entre quienes la usen con método, trazabilidad y responsabilidad, y quienes confundan productividad con diligencia. El CAIA ha escrito un buen prólogo. Ahora falta el capítulo: convertir la ética declarada en práctica profesional demostrable.
